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Skip Navigation LinksLeyes Orgánicas > “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” [85-2018]

“Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”

 

Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según enmendada

 

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(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:

Ley Núm. 144 de 11 de julio de 2018

Ley Núm. 1 de 2 de enero de 2019

Ley Núm. 113 de 1 de agosto de 2019)

 

 

Para establecer la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de fijar la nueva política pública del Gobierno de Puerto Rico en el área de educación; revisar y desarrollar, mediante consenso y estudio crítico-reflexivo-investigativo, el nuevo marco filosófico, sociológico, psicológico y neurocientífico que fundamentará el sistema de enseñanza en Puerto Rico que atenderá las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad; reformular el sistema educativo en función del estudiante como centro y eje principal de la educación; establecer un presupuesto basado en el costo promedio por estudiante para garantizar que cada estudiante reciba la misma inversión de recursos en su educación; establecer las Escuelas Públicas Alianza para darle acceso a un mayor ofrecimiento académico a los estudiantes a través de entidades especializadas sin fines de lucro que puedan fortalecer el currículo y la enseñanza, y permitir que las comunidades, incluyendo a los padres y madres, tengan un rol más activo en la educación de sus hijos; establecer la Oficina Regional Educativa para descentralizar los servicios, tener una estructura más eficiente que responda a las necesidades de toda la comunidad escolar, reducir costos y eliminar la redundancia; establecer sistemas de evaluación y rendición de cuentas efectivos; establecer una política de transparencia digital en los procesos educativos; delegar mayores facultades y responsabilidades a los Superintendentes Regionales y Directores para atender los asuntos académicos y administrativos y evaluar sus ejecutorias mediante la rendición de cuentas constante; reconocer y brindarle mayor participación al tercer sector para que tengan una colaboración directa y activa en el proceso de enseñanza con el Departamento de Educación; establecer el Programa de Libre Selección de Escuelas como una alternativa adicional para promover la igualdad en el acceso a una educación de calidad para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, el cual promueve el subsidio directo a los padres mediante becas educativas; enmendar la definición del término “Empresa Pública” en el Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada; derogar la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”; derogar la Ley 71-1993, según enmendada, conocida como “Ley del Programa de Vales Educativos y Libre Selección de Escuelas”; y para otros fines relacionados.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

   El derecho fundamental a la educación trasciende los factores de enseñanza y aprendizaje e incide sobre otros derechos de igual naturaleza tales como la vida, libertad y propiedad. Además, dota a los seres humanos de destrezas imprescindibles para una mejor calidad de vida, acceso a recursos y oportunidades laborales. La educación es la piedra angular de nuestra sociedad y un factor vital en el desarrollo del ser humano como futuro ciudadano. Su enfoque está dirigido a proveer el conocimiento y las destrezas necesarias para que el estudiante adquiera las herramientas y capacidades que le permitan atender las exigencias de un mundo cambiante y en constante evolución.

   En las economías modernas, la educación se ha convertido en uno de los factores más importantes de la producción nacional. Las sociedades que más han avanzado en sus aspectos económicos y sociales han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, como el que se genera a través de la investigación, la productividad, la innovación, la creatividad y la competitividad económica. De igual manera, el desarrollo social y cultural de las naciones dependen, cada vez más, de la educación, los sistemas robustos de comunicación, ciencia e innovación tecnológica. El desarrollo de un sistema de instrucción pública moderno, eficiente, humano y de excelencia es indispensable para que el desarrollo de nuestra Isla sea uno sustentable que, a su vez, maximice los recursos disponibles en la actualidad sin comprometer el progreso de futuras generaciones.

   Al presente, Puerto Rico atraviesa una de las peores crisis fiscales y económicas de su historia. Esta crisis fue causada, en parte, por malas políticas del pasado. Esta realidad, unida al azote de los huracanes Irma y María, han provocado un éxodo masivo de familias puertorriqueñas, principalmente hacia Estados Unidos continentales, y con ello una fuga de profesionales en busca de mejores oportunidades laborales. Aunque la población estudiantil del sistema público viene disminuyendo por años, en los últimos meses hemos visto una disminución vertiginosa en la matrícula mientras aumenta la emigración, situación que continúa disminuyendo la disponibilidad de capital humano con altas destrezas en nuestra Isla.

   Inevitablemente, los factores socioeconómicos inciden sobre el proceso educativo y de aprendizaje de los estudiantes. El rezago educativo y la limitación de futuras oportunidades laborales fomentan la desidia educativa de los estudiantes y la deserción escolar del Sistema de Educación Pública. Esta situación lamentable, se da en un contexto económico y laboral en el cual las industrias existentes y emergentes exigen del capital humano un mayor dominio académico, con creatividad, que puedan trabajar en grupos, con ideas innovadoras y dominio tecnológico. Ante un mundo globalizado, es inminente la formación de ciudadanos que desarrollen las competencias necesarias. La modalidad de educación a distancia permite conocer e interactuar con ese mundo desconocido, convirtiendo al estudiante en un ciudadano sin limitaciones geográficas.

   Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, al mes de julio de 2017, la distribución porcentual de las personas empleadas por nivel educacional es como sigue: con grado universitario, 54.9%; con estudios postsecundarios no universitario, 5.2%; con diploma de escuela superior, 29.6%; con nivel intermedio, 1.5% y con nivel elemental, 1.7%; otro grado o no supieron informar 2.5%. La educación no sólo fomenta el crecimiento del individuo, sino que impacta directamente el desarrollo económico, debido a que el mejor recurso de cada lugar es su capital humano y sus ciudadanos preparados.

   Frente a este panorama, es ineludible que los futuros ciudadanos de Puerto Rico tengan una formación para ser personas competentes, sensibles y autodidactas; seres comprometidos con el bien común, con mantener, defender los principios y valores humanos que toda sociedad justa y democrática debe promover. Los seres humanos que son educados en el sistema público deben convertirse en humanistas empáticos ante la realidad y necesidades del prójimo y de las comunidades en que viven, trabajan y se desenvuelven; convertirse en profesionales emprendedores y ser capaces de insertarse en una economía global dinámica. El propósito es desarrollar pensadores críticos con sensibilidad y profundidad; hombres y mujeres de estado desprendidos y de un carácter resiliente, verticales, genuinos y comprometidos con el progreso y la sustentabilidad de una Isla que los necesita. Para lograr esta meta, se requiere de una visión abarcadora que nos permita reconocer y honrar nuestro pasado e historia, utilizando las fortalezas que esto acarrea y atendiendo las áreas de oportunidad que enfrentamos. Este compromiso debe trascender el Estado, intercambiar y adoptar ideas de todos los sectores de la sociedad puertorriqueña que son pieza clave dentro de esta transformación: padres, madres y custodios encargados, entidades sin fines de lucro del tercer sector, empresarios, instituciones educativas privadas, el sector de base de fe, eruditos de la academia, instituciones de educación superior, filántropos y emprendedores, en fin, todos los componentes de la sociedad civil.

   En ese sentido, resulta necesario impartir una educación innovadora y efectiva que promueva el interés y desarrollo del estudiante. El Departamento de Educación (en adelante Departamento), como ente del Estado, tiene el deber y la obligación de promulgar la excelencia en la calidad de enseñanza que se imparte en cada una de las escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. Es deber del Departamento y sus diversos componentes, proveer las herramientas necesarias para dotar a los estudiantes con los conocimientos, disciplinas y experiencias educativas que les motiven a culminar sus estudios secundarios encaminados a continuar estudios postsecundarios y que les permitan insertarse productivamente en la fuerza laboral. Esta motivación se fortalece creando comunidades educativas que promulguen el aprendizaje de forma innovadora, atendiendo la necesidad de que el individuo que egrese del sistema pueda prospectivamente insertarse en la fuerza laboral y ser productivo. La integración de la tecnología a la academia, en el desarrollo del programa a distancia en sus diferentes modalidades (cursos híbridos, cursos en línea, cursos por video conferencias), le permite al estudiante ser parte de una sociedad sin fronteras.

   El Artículo II, Sección 5 de la Constitución de Puerto Rico, dispone que:

“[t]oda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatorio para la escuela primaria. No se utilizara´ propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por la ley para protección o bienestar de la niñez. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales.”

   Como se puede apreciar, nuestra Carta Magna regula aspectos generales de la educación de nuestros niños. “La educación de los niños no es un fin público cualquiera – es uno de los más importantes que tiene el Estado, proclamado constitucionalmente en la Sec. 5 del Art. II”, Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 D.P.R. 528, 601 (1994).

   El sistema de educación pública es la punta de lanza del desarrollo económico y social en Puerto Rico. Es precisamente este sistema, el que se ocupa de educar y preparar para el futuro a la gran mayoría de los niños de la Isla. Ciertamente, mejorar el sistema de educación pública ha sido, y aún es, el reto más grande de cualquier administración pública. A pesar de que el presupuesto del Departamento es mayor al de cualquier otra agencia, tenemos que aceptar que la educación pública en Puerto Rico no está a la altura de otras jurisdicciones ni cumple con las necesidades tecnológicas de los tiempos. De igual forma, y más preocupante aún, se ha perdido lo que debe ser el norte de todos: el bienestar de los niños.

   La educación siempre es, y ha sido un tema medular en cualquier programa de gobierno. El Plan para Puerto Rico, plataforma que recibió el aval del pueblo en las urnas en noviembre de 2016, no es la excepción. Esta Ley está fundamentada en los compromisos que hiciéramos con el pueblo y garantiza que la educación en Puerto Rico responda a las necesidades de una sociedad en evolución constante, impactada por elementos globales emergentes y por los devastadores efectos de los recientes huracanes Irma y María, mientras se mantiene y refuerza la ética y los valores.

   Un sistema de educación de excelencia debe proveer para que el participante sea el núcleo de ideas innovadoras, promoviendo alternativas y soluciones a situaciones vinculadas a su comunidad y a la sociedad en general. Como consecuencia, las escuelas deben servir como conducto de ideas concretas y soluciones viables que respondan al desarrollo económico y social, tanto globalmente, como de nuestro Puerto Rico contemporáneo.

   La Ley 149-1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, ha sido la piedra angular de la educación pública en Puerto Rico. La misma atiende aspectos administrativos del Departamento, de nuestros maestros, así como la política pública educativa en el salón de clases. Sin embargo, aunque el espíritu de dicha Ley fue darle autonomía a las comunidades para empoderarse de la educación de sus hijos, la carencia de suficientes garras y parámetros malogró ese fin. Con la presente Ley, pretendemos alcanzar una verdadera reforma del sistema educativo de Puerto Rico.

   El objetivo de esta reforma es poner los mejores intereses de los estudiantes por encima de todo, para que puedan recibir una educación de calidad que les permita desarrollar al máximo sus capacidades y convertirse en adultos plenos contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad desde todos los ámbitos. Esta medida tiene como meta el continuo progreso de las capacidades del ser humano en este mundo cambiante para que su preparación sea una que responda a la realidad actual de la Isla en medio de retos económicos gigantes y luego de sufrir el embate de los huracanes Irma y María. Para esto, establecemos cambios fundamentales en la dirección educativa de Puerto Rico. Comenzamos creando una arquitectura que nos permite llegar a nuestra meta, cambiando legislación que obstaculiza y se opone a los cambios fundamentales que requieren los tiempos.

   Tomando al estudiante como el estandarte del Departamento, se reenfocan las gestiones administrativas, académicas y de recursos humanos, para priorizar el derecho educativo de los estudiantes. Por otro lado, con el propósito de proveer escuelas de alto rendimiento y la disponibilidad de recursos humanos de excelencia, es necesaria la consideración de varios elementos que deben ser diseñados con cuidado, transparencia y competencia por parte del nivel central del Departamento. Dentro de este proceso, existe la necesidad de un sistema de rendición de cuentas, constante comunicación con la ciudadanía en general y seguimiento a la implementación de los diversos cambios en todos los niveles del sistema.


FILOSOFÍA DEL SISTEMA EDUCATIVO PUERTORRIQUEÑO

 

   El proceso educativo debe estar fundamentado en ideas racionales que invitan a establecer consideraciones puntuales sobre el ser humano en su consideración introspectiva y la vinculación al universo que le sirve de entorno. En la búsqueda de dirección y sentido, este enfoque filosófico debe fomentar la sensibilidad hacia el prójimo dentro de una dinámica que propenda las más altas aspiraciones democráticas, implicando un alejamiento del individualismo. Ante esa perspectiva, es fundamental construir un modelo filosófico dirigido a la construcción de un aprendizaje significativo para nuestros egresados y garantizar su inmersión y adaptación a un proceso de interacción pedagógica que utiliza las tecnologías emergentes como estrategias de enseñanza.

      Todo sistema educativo de avanzada, cuyo énfasis sea el bienestar de su población a la que sirve y de la sociedad en general, está cimentado sobre bases pedagógicas sólidas desarrolladas en su filosofía educativa. Puerto Rico no es la excepción y esta Ley, busca desarrollar los elementos necesarios para el logro de este cimiento.

      Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término filosofía es el “conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano”. El término es un compuesto de los vocablos griegos philos y sophia, cuya raíz define el “amor a la sabiduría”. La filosofía tiene como propósito la comprensión general del ser humano y su entorno, buscando una explicación de su razón de ser y de cómo son ellos mismos.

      La filosofía educativa es, pues, un concepto concerniente a la naturaleza del hombre y al concepto de la vida que, de forma directa o indirecta, orientan al desarrollo educativo de cada ser humano y, por ende, de toda sociedad. En su concepción colectiva, la filosofía educativa es un conglomerado de condiciones que llevan a establecer los fines que deben orientar a un sistema educativo.

      Para el desarrollo de una filosofía educativa cónsona con la historia, la cultura, la idiosincrasia, la herencia, las influencias y las tendencias, así como con el desarrollo social y económico de nuestro Puerto Rico, teóricos y estudiosos del campo, locales e internacionales, han elaborado marcos de referencia importantes que guían los sistemas educativos hacia su consecución máxima... la formación integral del educando. Estos marcos de referencia, a su vez, emanan de otros principios y andamiajes de estudio e investigación. De aquí la importancia de que, todo sistema educativo debe fundamentar su desarrollo educativo en una filosofía que reúna los marcos de referencia más relevantes. De esta filosofía educativa depende todo el desarrollo social, cultural y económico de ésta y de futuras generaciones.

      Además de la Constitución de Puerto Rico, el marco filosófico donde se fundamentará el sistema educativo en Puerto Rico tendrá su génesis en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Específicamente, en su Artículo 26 establece que:

1.   Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2.    La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3.    Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”

   A pesar de haber desarrollado varias legislaciones que buscaron atender el desarrollo educativo de la Isla e inclusive, en algunas de ellas planteamientos muy válidos de reforma y de filosofía educativa, en la actualidad el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene un postulado general de la filosofía educativa que Puerto Rico necesita, que lee:

   “La educación es esencial en el proceso de liberación del ser humano (Freire, Hostos). Es necesario entender el término “liberación” en el marco de una concepción del ser humano como enraizado en su sociedad y cultura. Liberar al ser humano requiere que éste comprenda su interacción con la cultura y la sociedad en que vive, que adquiera las diversas herramientas que su cultura le ofrece y desarrolle tanto la capacidad de ser crítico de su propia cultura como la imaginación para crear un espacio dentro de la sociedad.”

   El Departamento de Educación de Puerto Rico tiene la responsabilidad de garantizar que todos los puertorriqueños tengan acceso a una educación liberadora, integral y pertinente que le sirva para desarrollarse plenamente en su vida. Para lograr este fin, la escuela debe crear las condiciones ideales para que el estudiante se apropie de las herramientas que la sociedad le ofrece para su desarrollo; reconocer la diversidad de los estudiantes y elaborar diversas alternativas para lograr que desarrollen al máximo sus capacidades; apoyar el desarrollo socioemocional de sus estudiantes y permitir que los estudiantes encuentren o construyan un espacio propio en la sociedad.

   Para garantizar el desarrollo pleno e integral de nuestros estudiantes es esencial, además, elevar los estándares en el proceso de enseñanza y aprendizaje, promover la excelencia y reducir de manera significativa las brechas en el aprovechamiento académico. Para ello deben impulsarse acciones que garanticen un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, la responsabilidad y creatividad para la atención de las necesidades educativas de nuestros niños y jóvenes y dotar al personal con los recursos necesarios que puedan apoyar su gestión educativa. De este postulado emana una Visión y una Misión. Actualmente, la Visión y Misión del Departamento, leen:

   “La escuela puertorriqueña debe ser un instrumento eficaz para la construcción de una sociedad justa y democrática, cultivando la ética, la solidaridad y la conciencia social. Debe ser una unidad dinámica de cambio social, capaz de desarrollar de manera explícita las actitudes, destrezas y conocimientos que preparen a los estudiantes de manera competente y con creatividad para enfrentarse a los retos del mundo moderno. La educación debe responder a las variadas necesidades y talentos de los estudiantes, diversificando los ofrecimientos con alternativas creativas de aprendizaje y evaluación, tanto en horario regular como en horario extendido. Reconocemos la importancia del desarrollo del conocimiento y las competencias académicas, en armonía con el desarrollo emocional y social del estudiante.

   Como Misión tiene garantizar una educación gratuita y no sectaria, que desarrolle las actitudes, destrezas y conocimientos de todos los estudiantes para que los preparen para desempeñarse con éxito en un mercado laboral globalizado y de manera competente y con creatividad a los retos del mundo moderno, independientes, aprendices de por vida, respetuosos de la ley y del ambiente natural, y capaces de contribuir al bienestar común.”

   Con esta referencia introductoria, esta Ley instituye la Comisión para el Estudio y Recomendación de la Filosofía Educativa de Puerto Rico (CERFE-PR). Las funciones de esta Comisión tienen carácter de urgencia y deberá someter, dentro de los primeros noventa (90) días calendario de aprobada la Ley, un Informe crítico-reflexivo recomendando el anclaje filosófico, sociológico, psicológico y neurocientífico que tendrá el sistema de educación puertorriqueño. También, la CERFE-PR revisará los postulados de visión y la misión actual, así como las metas y objetivos y recomendará sobre los cambios que representen estos postulados ante la nueva realidad del sistema educativo. La filosofía educativa, Visión y Misión, metas y objetivos deben estar alineados conforme a las políticas públicas y documentos normativos, estatales, federales e internacionales.

   Los resultados de este estudio se convertirán en política pública, siendo este afianzamiento teórico de nuestro Sistema, uno de carácter generacional continuo, con instancias de permanente, sin perder el dinamismo, la maleabilidad y los cambios generados por nuevas corrientes pedagógicas emergentes. Se recomienda la participación colegial colaborativa de todos los sectores, por lo que, la Ley sugiere que la CERFE-PR se compondrá de: ejecutivos y académicos del Departamento de Educación de Puerto Rico y otros recursos internos que sean necesarios; una representación de los maestros, directores, consejeros profesionales, psicólogos; representantes gremiales y de asociaciones de maestros; estudiosos (docentes y administradores) provenientes de la Universidad de Puerto Rico y de las universidades privadas de Puerto Rico; representantes del sector económico y de la comunidad escolar, pública y privada; asesores conocedores del campo pedagógico e investigativo y aquellos otros representantes de la sociedad civil que se estime deben ser convocados para este ejercicio intelectual.

   Esta sugerencia para crear la CERFE-PR se fundamenta en que la reforma será desarrollada integrando los fundamentos educativos (teóricos y aplicados) que le son esenciales a su gestión natural, el educar sus generaciones de niños, jóvenes y adultos. Cada uno de los fundamentos educativos se proyectará de alguna forma en la organización del sistema de enseñanza, muy especialmente en su currículo y en sus actividades educativas enfocadas a visualizar al estudiante como un aprendiz con plenas posibilidades y para toda la vida. Los fundamentos permitirán el desarrollo flexible y la agilidad que requiere el currículo en educación en todos sus niveles, desde Head Start, pre-Kinder e incluyendo el postsecundario. A su vez, impactará las modalidades de diseño organizativas y estructurales de las escuelas e institutos postsecundarios que se aprobarán con esta Ley. Con esto creemos que:

• Los fundamentos sociológicos de la educación son un medio para estudiar, implantar y evaluar la interacción entre los distintos componentes sociales (hogar, comunidad, escuela, grupos en general) y la educación, las organizaciones educativas públicas y privadas, tanto de nivel preescolar como postsecundario y la educación en su importante rol de creadora de cambios sociales positivos para toda la población.

• Los fundamentos filosóficos son un medio de reflexionar de manera crítica y constructiva, analizar las diversas escuelas filosóficas y las variadas e importantes proposiciones epistemológicas, axiológicas y valorativas, que justifican los propósitos de la educación en la sociedad contemporánea puertorriqueña.

• Los fundamentos psicológicos son un medio de reflexión crítica del marco de referencia para entender los procesos que ocurren en los distintos ambientes en los que se desenvuelven los profesionales de la educación. Estos procesos incluyen el conocimiento de: objetivos educativos y diseño instruccional; desarrollo, personalidad y aptitud del estudiante; proceso de aprendizaje, teorías del aprendizaje, de la creatividad y la motivación; los métodos de enseñanza (seleccionar, organizar, motivar, explicar y proporcionar una base a los esfuerzos de aprendizaje de los estudiantes); dinámica social, esto es, cómo organizar a los estudiantes para trabajo colaborativo en grupo; manejo del salón de clases; evaluación de los resultados y assessment, entre otros muchos aspectos.

• Los fundamentos neurocientíficos son un medio que ofrecen una visión distinta y actualizada sobre cómo el ser humano aprende y la relación anatómica-fisiológica-farmacológica del cerebro y su íntima relación con el aprendizaje. Las nuevas investigaciones establecen la importancia de las convergencias conceptuales y sinápticas de los cinco sentidos en el cerebro, que permiten el desarrollo de mecanismos conscientes y no conscientes de representación de información y, por ende, de aprendizaje. Con estos hallazgos, se han acuñado los términos neuroeducación y neuroaprendizaje para tratar de explicar los fenómenos mencionados.

   Se puntualiza que los fundamentos filosóficos, los sociológicos, los psicológicos y neurocientíficos de la Reforma que sugiere esta Ley, se cimentarán en el paradigma del aprendizaje, bajo el cual se han desarrollado varios enfoques entre los cuales, algunos ya son utilizados y modelados por el sistema público actual en su desempeño pedagógico y que esta Ley pretende reunir, ampliar y oficializar.

   Aquí destacamos:

   Primero, el conectivismo desarrollado por Siemens y Downes, plantea que la manera de aprender en la era postdigital tiene factores influyentes: la ecología del conocimiento, los conductos de las redes, los espacios y los entornos virtuales. Este enfoque destaca la relevancia e impacto que produce esta forma de generar conocimientos en una sociedad global cada vez más interconectada. Para el conectivismo, es necesario lograr que los alumnos reconozcan e interpreten las pautas debido a la influencia ejercida por la diversidad de las redes, la fuerza de los lazos y su contexto. Para este enfoque, la transferencia de conocimientos y el aprendizaje se realizan mediante la conexión de redes cada vez más personales. Asimismo, establece que fomentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo.

   Segundo, las teorías cognoscitivas-humanistas: los educandos, no importa su nivel de desarrollo, son seres integrales que desarrollan entendimiento de las relaciones entre los elementos de su conocimiento y construyen combinaciones cognoscitivas para retener este conocimiento de una forma organizada. Los teóricos que mejor se relacionan a nuestro entorno puertorriqueño son, entre otros:

• Eugenio María de Hostos (puertorriqueño): Para Hostos, la educación debe ser armónica, progresiva; el educador debe buscar siempre algún ejercicio conveniente al desarrollo de las facultades humanas. El maestro es un auxiliar de la naturaleza donde el ejercicio siempre se aplica a un objeto y así debe hacerse en el arte educativo. Según Hostos, el mundo que nos rodea estimula el desarrollo de la razón y la enseñanza debe ser adecuada al estado del desarrollo de la razón y a sus objetos propios en cada etapa. La enseñanza debe basarse siempre en los conocimientos previamente adquiridos y la observación es base indispensable de nuestro conocimiento. Hostos abogó por el derecho del niño a buscar la verdad por sí mismo, a eliminar la memorización mecánica y por la actividad creativa como única forma de crear los intereses cognitivos. También, dio importancia al estudio científico bajo el sistema de intuir para inducir, inducir para deducir y deducir para sistematizar.

• Paulo Freire (brasilero): Para Freire, la educación tiene que ser liberadora, para que el ser humano logre las condiciones de descubrirse y conquistarse reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico. La educación constituye, además, un proceso de humanización, en el cual los seres humanos se reencuentran en la plenitud de ser ciudadanos plenamente libres, con una conciencia de sujeto protagónico, hacedor de su propia historia, con la fuerza y la capacidad de transformar su propia realidad social, económica y política, haciéndolo apto para vivir una auténtica democracia real y no sólo formal, que sea participativa y protagónica. Varios conceptos se destacan en su teoría liberadora, destacándose que Freire promulgaba una pedagogía para el oprimido, como una esperanza, como medio de libertad y que fuera autónoma. Freire también se declara en contra de la educación bancaria y sus consecuencias no liberadoras para el ser humano. En la concepción bancaria, se da énfasis a la memorización mecánica de los contenidos. Los educandos son, así, una fuente de “recipientes” en los que se “deposita” el saber. Un educador humanista se identifica con los educandos y les orienta a prácticas de liberación para ambos, educador y educando, reclama Freire.

• John Dewey (norteamericano): Para Dewey, se aprende, haciendo. Los niños no llegan a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pueden escribir las lecciones de la civilización. Postula que el niño que llega al aula “ya es intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro “impulsos innatos, el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa”, que constituyen “los recursos naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del niño”. El niño también lleva consigo intereses y actividades de su hogar y del entorno en que vive y al maestro le incumbe la tarea de utilizar esta “materia prima” orientando las actividades hacia “resultados positivos”. La pedagogía de Dewey requiere que los maestros realicen una tarea extremadamente difícil, que es “reincorporar a los temas de estudio en la experiencia”. Los temas de estudio, al igual que todos los conocimientos humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre por resolver los problemas que su experiencia le plantea, pero antes de constituir ese conjunto formal de conocimientos, han sido extraídos de las situaciones en que se fundaba su elaboración. Innovaciones metodológicas como el Problem Based Learning (PBL), Active Learning y ejercicios de creatividad son ejemplos que enmarcan este enfoque de Dewey.

   Tercero, el paradigma constructivista: el desarrollo del conocimiento en los educandos se proporciona a través de procesos de construcción social activa (conexión de ideas y experiencias previas y nuevas, manipulación de objetos, inquirir, pensamiento crítico creativo), y que vinculan el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. Los teóricos que mejor se relacionan a nuestro entorno puertorriqueño son, entre otros:

Jean Piaget (suizo): Según este paradigma, el conocimiento no es una copia de la realidad si no una construcción que realiza el ser humano por sí mismo. Estas construcciones las hacemos día con día y en todos los entornos en los que desarrollamos distintas actividades. Este paradigma concibe al ser humano como racional activo y competente, quien procesa la información obtenida del entorno, la interpreta de acuerdo a lo que ya conoce convirtiendo esto en un nuevo conocimiento. Está centrado en la persona y sus experiencias previas de las cuales realiza nuevas construcciones mentales, concibe el conocimiento como una construcción propia donde el alumno queda como protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación debe favorecer e impulsar el desarrollo cognitivo del alumno, mediante la promoción de su autonomía moral e intelectual. El alumno es un constructor activo de su propio conocimiento y reconstructor de los distintos contenidos escolares a los que se enfrenta. El alumno siempre debe ser visto como un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo y que ha elaborado una serie de interpretaciones o construcciones sobre ciertos contenidos escolares. Es indispensable conocer en principio en que períodos de desarrollo intelectual se encuentran los alumnos y tomar esa información como base, pero no suficiente, para programar actividades curriculares. Se debe ayudar a los alumnos a que adquieran confianza en sus propias ideas permitir que las desarrollen y las exploren por sí mismos, a tomar sus propias decisiones y a aceptar sus errores como algo que será constructivo. Es importante una estrecha interacción entre alumnos o en forma particular entre el profesor y alumno, ya que la corriente piagetana fomenta el desarrollo cognitivo y socioafectivo. Para Piaget, el hecho de que un alumno sea bueno o malo en la escuela no depende a veces sino de su capacidad de adaptación al tipo de enseñanza que en esa escuela se imparte.

Lev Vygotsky (ruso): La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y, por lo tanto, en el medio en el cual se desarrolla. Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias, tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos donde, el contexto social debe ser considerado en diversos niveles. La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o “línea natural del desarrollo” también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural. No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto, Vygotsky se refiere como la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Lo que el niño pueda realizar por sí mismo y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP es la distancia que exista entre uno y otro. Para Vygotsky, el desarrollo y formación de la personalidad ocurre en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje cuya concepción debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: La enseñanza, no se ha de basar en el desarrollo ya alcanzado por el sujeto, sino que, teniéndolo en cuenta, se proyecta hacia lo que el sujeto debe lograr en el futuro, como producto de este propio proceso; es decir, haciendo realidad las posibilidades que se expresan en la llamada ZDP. Las situaciones sociales en que las personas viven y se desarrollan constituyen elemento esencial en la organización y dirección del proceso de enseñanza y educación. La propia actividad que el sujeto realiza en interacción social con un grupo de personas, resulta elemento fundamental a tener en consideración en el proceso de enseñanza y educación. Cuando hablamos de proceso de educación nos referimos a los distintos ámbitos en el cual tiene lugar. Ningún intento de promover la educación y el desarrollo de los niños debe disminuir la suprema importancia de la familia, la escuela y toda la sociedad en la estimulación, educación y desarrollo infantil. El niño es el único ser vivo que sin la ayuda del adulto durante un prolongado período de tiempo, no logra un desarrollo de su existencia. Paradójicamente a esta aparente insuficiencia adaptativa, posee la capacidad para la educabilidad, para que mediante la ayuda y colaboración con los otros, se convierta en una persona independiente, autónoma, que contribuya no sólo a su educación, sino también a todo quehacer humano.

Albert Bandura: Centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno social. Sin embargo, nos recuerda Bandura, también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda de su Teoría del Aprendizaje Social: el factor cognitivo. El aprendiz no es un sujeto pasivo que asiste desapasionadamente a la ceremonia de su aprendizaje, sino que participa activamente en el proceso e incluso espera cosas de esta etapa de formación; o sea, tiene expectativas. En un contexto de aprendizaje interpersonal, somos capaces de prever los resultados novedosos de nuestras acciones (de manera acertada o equivocada), y, por lo tanto, no dependemos totalmente del condicionamiento, que se basa en la repetición. Es decir, somos capaces de transformar nuestras experiencias en actos originales en previsión de una situación futura que nunca antes se había producido. La cumbre del aspecto social es el aprendizaje vicario recalcado por Bandura, en el que un organismo es capaz de extraer enseñanzas a partir de la observación de lo que hace otro. Así, somos capaces de aprender haciendo algo difícilmente medible en un laboratorio: la observación (y atención) con la que seguimos las aventuras de alguien.

   Cuarto, los nuevos enfoques de estudios del aprendizaje basado en la neurocognición. El aprendizaje neurocognitivo es una síntesis de tres distintas corrientes de investigación, a saber: primero, neurofisiología con un énfasis en las bases biológicas del cerebro y la actividad neural; segundo, la ciencia cognitiva con un enfoque en el procesamiento de la información y las representaciones internas de la experiencia y, tercero, las teorías de aprendizaje que explican las interacciones acumuladas y cómo el ser humano se adapta a su ambiente. En la medida que cada una de estas corrientes proveen mutuamente explicaciones del aprendizaje humano, nuestra habilidad para entender y predecir aprendizaje se fortalece. Ya que aprender es un proceso innato del ser humano, siempre estamos en constante aprendizaje. Este proceso adquiere mayor relevancia cuando se traduce en el plano educativo, en la escuela. Sin embargo, durante el proceso de aprendizaje los individuos enfrentan algunas dificultades para alcanzar las competencias. Actualmente, el estudio de la conducta y de los hábitos del ser humano, así como del funcionamiento completo del cerebro, ha permitido encontrar algunas respuestas y ha colaborado con una mejor implantación en el campo educativo. Los grandes avances de la neurociencia han consentido develar los mecanismos cerebrales que hacen posible el aprender, el recordar y el grabar la información de manera permanente en el cerebro. En efecto la neurociencia aplicada al ámbito educativo puede generar resultados altamente positivos. En el proceso de aprendizaje, es necesario valorar dos puntos relevantes, en primera instancia, el estado de ánimo del alumno, o la predisposición que éste tenga hacia la captación de una información novedosa. En segundo lugar, está la metodología utilizada, es elemento esencial en la enseñanza porque depende en gran parte de la manera cómo el estudiante se predisponga para aprender. Los puntos focales para un óptimo aprendizaje son las emociones. Esto significa que, si las emociones son placenteras, el rechazo a información novedosa será menor y, por ende, el aprendizaje más efectivo. Enseñar entonces no puede ser visto como una transmisión de ideas o copia de conocimientos, como si se digitalizara algo y se pegara en otro archivo, es un acto que requiere de entender al otro, analizar lo que hace falta enseñar y lo que se tiene para aprender. Es, al mismo tiempo saber, hasta dónde se puede llegar con un cerebro que nunca termina de cambiar su forma, adaptándose a múltiples necesidades cognitivas, ambientales y de salud, buscando la eficiencia y al mismo tiempo evolucionando. Es por ello que, la visión de la neurociencia abre nuevas formas de ver al educando, que puede convertirse en un puente hacia la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación, o bien en una puerta hacia el desarrollo del talento de una forma más práctica que agrupar a niños a partir de las capacidades demostrables por una prueba, pero que no mira las posibilidades de ese niño, más allá de lo que ya es. Intentar homogeneizar el aprendizaje, ha sido la meta de la educación, comprender que no todos son aptos para las mismas cosas, es una meta de la neuroeducación. Hay evidencia suficiente que muestra que empleando las redes neuronales fuertes se pueden beneficiar las débiles. Hay que reconocer que las redes neuronales del lenguaje, la lectura, la escritura y las matemáticas, solo se cruzan, pero cada una evoluciona distinto. Por tanto, abre la posibilidad de crear nuevas estrategias de aprendizaje a partir de lo que sí se puede hacer y no explicando por qué no es posible eliminando muchas tensiones en los niños y dejando de ser un auténtico dolor de cabeza tanto para educadores como para los estudiantes.

   Quinto, en enfoques de estudios emergentes que relacionan el componente social y emocional como muy importantes en el proceso de aprendizaje. Se define como el proceso en que el ser humano desarrolla las destrezas, las actitudes y los valores necesarios para la competencia social y emocional. Este enfoque relaciona el desarrollo de la habilidad para entender, manejar, y expresar aspectos socioemocionales que permiten el aprendizaje, la formación de relaciones, la solución de problemas, la adaptación a las demandas complejas durante el desarrollo y el crecimiento entre otras. Incluye una toma de conciencia personal sobre control de la impulsividad, el trabajo colaborativo, la empatía, la salud mental emocional y el cuidado personal, entre otros. En esta dimensión se destacan distintas teorías como: Inteligencias Múltiples (Howard Gardner), Inteligencia Emocional (Daniel Goldman), Valores y Educación Moral, Educación Espiritual, entre otras.

   Para que los Fundamentos Educativos y las teorías de aprendizaje sean productores de conocimiento, se hace necesario crear e implantar una estructura de servicios cónsona y coherente para este nuevo sistema educativo. La Ley recomienda cinco cimientos para la estructura organizativa óptima de manera que el estudiante alcance su desarrollo pleno, a saber:

 

LOS CINCO PILARES DEL SISTEMA EDUCATIVO DIRIGIDOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

 

   Históricamente, las leyes y legislaciones relacionadas a reformas educativas en Puerto Rico colocan al estudiante como el centro de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta Ley no es la excepción. Para obtener el logro de formar un estudiante de manera integrada, los cinco (5) pilares indispensables para ello requerirán de recursos y esfuerzos importantes para su desarrollo, a saber:

1.    Los docentes y líderes académicos (maestros, directores, facilitadores docentes, superintendentes regionales, trabajadores sociales, consejeros profesionales, y psicólogos, entre otros).

2.    La cultura educativa (comunidad; padres; colaboradores; tercer sector).

3.    La metodología educativa (constructivista, conectivista, cognoscitiva-humanista, basada en problemas, hacer haciendo, énfasis en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

4.    Los centros de aprendizaje (escuelas tradicionales y modelos, escuelas públicas alianzas, bibliotecas, recursos de información y tecnológicos).

5.    Las políticas públicas (legislaciones; reglamentos; normas aplicables).

OFICINA REGIONAL EDUCATIVA

 

   En esa misma línea, esta Ley promueve una estructura interna del Departamento más eficiente y descentralizada, pero a su vez respetando el principio de mérito como eje fundamental en los derechos de los servicios públicos y la Ley 45-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”. Gran parte de la ineficiencia del sistema resulta de la falta de conocimiento de las necesidades particulares de una escuela o región educativa desde la oficina central en San Juan. Por ello, en el Plan para Puerto Rico nos comprometimos a promover un sistema de apoyo ágil donde las decisiones se tomen lo más cercano al entorno donde serán implementadas. Véase Plan para Puerto Rico, página 106. Así, promovemos una política pública contundente a favor del empoderamiento de las regiones educativas, a través de las Oficinas Regionales Educativas. Con este sistema se consolidan las regiones educativas y los distritos escolares en una sola estructura para lograr mayores eficiencias, reducción de costos, eliminar la redundancia, tener una respuesta más rápida y uniforme ante las necesidades de las comunidades escolares y, en general, mejorar la educación. Esta Oficina Regional tendrá un rol más activo en la toma de decisiones y ostentará mayor responsabilidad en la administración educativa y académica de las escuelas públicas elementales y secundarias de cada región. Es importante señalar que Puerto Rico es la única jurisdicción de la Nación Americana que no ha establecido el modelo LEA a nivel regional. El establecimiento de las Oficinas Regionales Educativas, es otro compromiso cumplido del Plan para Puerto Rico (página 107).

   La cercanía entre la Oficina Regional Educativa y las escuelas permitirá atender con mayor diligencia y eficiencia las necesidades y particularidades de las comunidades escolares a las que sirven. A su vez, las Oficinas Regionales Educativas concederán una mayor autonomía a las escuelas para que éstas, dentro del marco de esta Ley, la política pública del Departamento y los reglamentos promulgados por el Secretario, puedan implementar aquellas medidas que resulten pertinentes y adecuadas para atender su matrícula y las características particulares de su región demográfica.

   Cada Oficina Regional Educativa será dirigida por un Superintendente Regional que le responderá directamente al Secretario y quien será responsable de ejecutar todos los asuntos académicos y administrativos de dicha oficina. Además, se dispone que el Superintendente Regional deberá ser un profesional capacitado, bilingüe, con experiencia y preparación académica en Educación, Administración, Supervisión y Gerencia. Las Oficinas Regionales Educativas fomentarán el desarrollo profesional del personal docente, identificarán las escuelas que denoten bajo aprovechamiento académico y destinarán los recursos pertinentes que les permitan aumentar sus índices hasta convertirse en escuelas de alto rendimiento. El propósito es lograr una equidad educativa que redunde en una educación de calidad y excelencia en toda la Isla.

 

DELEGACIÓN DE FUNCIONES, RECLUTAMIENTO, EVALUACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

 

   Asimismo, se delegan de forma clara las responsabilidades a los directores de escuela y a los maestros del salón de clase para que respondan por sus funciones de proveer una educación de excelencia a nuestros niños. Así, por ejemplo, el Director de la Escuela responderá directamente al Superintendente Regional y deberá desarrollar un Plan Escolar moderno, medible y riguroso, a base del cual se evaluará su desempeño, el de la escuela y el de los estudiantes.

   El Director de la Escuela también será responsable de la administración eficiente y transparente del presupuesto asignado a la escuela, de las evaluaciones periódicas del personal bajo su cargo, y deberá establecer vínculos con la comunidad, de modo que estos asuman una participación activa en la gestión educativa de la escuela.

   De otra parte, es imperativo renovar el sistema de reclutamiento de maestros y directores para que el Departamento pueda incorporar y retener a los mejores profesionales y, además, desarrollar en estos profesionales las capacidades necesarias para desempeñar las tareas docentes con excelencia y pertinencia. Así también, es de suma importancia el establecimiento de un proceso riguroso de evaluación de desempeño del personal que resulte en la promoción, retención, determinación de permanencia, reconocimiento e incentivación de aquellos que cumplen o exceden las expectativas, así como en la consideración de imposición de medidas correctivas oportunas y adecuadas o hasta la terminación del empleo, cuando se detecte un reiterado bajo rendimiento. Es decir, se hace urgente poner en vigor un sistema de rendición de cuentas en el que pueda identificarse, sin demora, dónde están las deficiencias, y cómo atenderlas.

   En atención a lo anterior, esta Ley permite establecer un sistema de rendición de cuentas y evaluación de personal más eficiente con métricas claras y precisas. Con esta actuación, cumplimos el compromiso programático de procurar el desarrollo continuo de la docencia mediante un proceso de evaluación justo (página 103 y 106 del Plan para Puerto Rico). Asimismo, se establece un sistema de evaluación anual del desempeño de las escuelas que permitirá tomar medidas oportunas para su mejoramiento. La implementación de este sistema es medular para garantizar que el derecho a la educación de los estudiantes sea promovido de forma eficaz.

   También se promueve un sistema de total transparencia relacionada a la información sobre el desempeño de todo el componente educativo. A esos fines, se dispone para el establecimiento de un sistema de divulgación de información de forma electrónica clara, transparente, accesible, interconectada entre las siete (7) regiones y longitudinal que permitirá una identificación informada y clara de cuáles son los asuntos que deben atenderse con prioridad. Los datos serán el fundamento para darle prioridad a los asuntos a trabajar dentro del sistema. A su vez, el Secretario podrá implementar medidas rigurosas para la fiscalización y auditoría efectiva de la utilización de los fondos asignados a cada escuela, para garantizar una administración sana y transparente de los recursos del Departamento.

 

ESCUELAS PÚBLICAS ALIANZA

 

   Otra innovación que introducimos mediante esta reforma es el establecimiento de Escuelas Públicas Alianza que serán públicas, gratuitas, no sectarias y libres de cualquier tipo de discrimen. La creación de estas escuelas permitirá a los padres y comunidades la oportunidad de insertarse y empoderarse de la educación de sus niños, conociendo las necesidades particulares de ellos y de sus comunidades. Esta iniciativa está reflejada en el Plan para Puerto Rico, página 103, pues de esta forma pasamos a un sistema con opción para padres e hijos. Resaltamos que este tipo de escuela ha probado ser parte esencial de las mejores prácticas implementadas en otras jurisdicciones y que existe evidencia sustancial que indica su efectividad. Por lo tanto, se hará una evaluación cautelosa que demuestre que su implementación será en beneficio de nuestros estudiantes y toda la comunidad escolar.

   Las Escuelas Públicas Alianza redundarán en una mayor oferta y oportunidades educativas para los estudiantes. Al mismo tiempo, entidades especializadas sin fines de lucro podrán administrar las escuelas para fortalecer y enriquecer el currículo y la experiencia de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes. En ese sentido, ofrecerán diferentes programas para atender las necesidades educativas de diversos sectores y aptitudes de los estudiantes, pudiendo transformar la programación de su escuela, los planes que ofrecen a sus estudiantes, e incluso los programas de enriquecimiento educativo, cultural, artístico y docente.

   Estas escuelas deberán fomentar el bilingüismo (español e inglés) en su enseñanza y priorizar en una educación enfocada en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (materias STEM, por sus siglas en inglés) o Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (materias STEAM, por sus siglas en ingles). Además, la inclusión de estas escuelas le dará mayor flexibilidad y efectividad al Secretario del Departamento para propiciar Entidades Educativas Certificadas que estén enfocadas en brindar enseñanza a los estudiantes de educación especial, fortaleciendo la oferta y los servicios disponibles para ese sector tan importante de la población estudiantil. Ello debido a que estas escuelas podrán enfocar sus servicios educativos a un tipo de población estudiantil en particular, como por ejemplo, estudiantes de escuela elemental, estudiantes de educación especial, estudiantes con problemas de disciplina, y estudiantes dotados, estableciendo que bajo ninguna circunstancia se segregarán a los estudiantes de educación especial, exceptuando cuando el PEI así lo requiera.

   Las Escuelas Públicas Alianza, así como las Entidades Certificadas que administren las mismas, estarán sujetas a los mismos estándares de evaluación y rendición de cuentas del Departamento que el resto de las escuelas públicas de Puerto Rico. Además, el Departamento, a través de su Secretario, supervisará estas escuelas para asegurar que éstas cumplen cabalmente con esta Ley, las leyes estatales y federales y con la Carta Constitutiva.

 

CONSEJO ESCOLAR

 

   A tono con la promoción de la regionalización del sistema de educación, promovemos cambios a los consejos escolares, para que su participación sea real y efectiva, respondiendo a las necesidades de la escuela a la que representan, con la responsabilidad, entre otras, de fomentar la participación de los padres y la comunidad en la gestión educativa de la escuela y de proponer medidas que favorezcan la sana convivencia, igualdad y solución pacífica de conflictos. Además, el Consejo Escolar deberá identificar y establecer alianzas con entidades sin fines de lucro, el tercer sector, instituciones educativas, empresas y agencias e instrumentalidades del Estado para proveer actividades extracurriculares, servicios de salud, y actividades educativas y culturales, entre otros, después del horario lectivo.

 

FACILIDADES ESCOLARES

 

   Si bien una infraestructura óptima, limpia y organizada no implica una educación de excelencia si se mira aisladamente, sí es indiscutible que afecta, enormemente, la gestión educativa. Los planteles deben ser ambientes óptimos para el aprendizaje donde la comunidad escolar se sientan cómodos y libres de peligros a la integridad física. El deterioro de los edificios incrementa por factores tales como: el uso continuo, las inclemencias meteorológicas, los actos vandálicos, la frecuencia en el mantenimiento y el pasar del tiempo. Muchos de los edificios del sistema público fueron construidos hace más de cincuenta (50) años por lo que requieren constante renovación en adición al mantenimiento mensual que se les brinda. Por otra parte, los cambios en regulaciones de infraestructura y códigos de construcción requieren que se atempere o modifique la estructura de los planteles para estar en cumplimiento con dichos estatutos. A esto se le suman los cambios necesarios de sistemas de electricidad, cableados y sistemas de seguridad para poder implementar sistemas de tecnología requeridos para desarrollar en los estudiantes las destrezas tecnológicas necesarias en el contexto del siglo 21. Actualmente la gestión de mantenimiento y mejoras de planteles está en manos de varias agencias que no están bajo el Departamento de Educación, resultando en un fraccionamiento de los esfuerzos y prioridades. Para lograr un manejo coordinado, eficiente y eficaz de los recursos destinados a la infraestructura escolar, la presente Ley propone que se consolide y otorgue al Departamento la planificación de todos los planteles escolares mediante unas guías uniformes de manejo, seguridad, salubridad y determinación de necesidad y prioridades de atención de los planteles.

 

PRESUPUESTO

 

   Para asegurar que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad educativa y reciban la misma inversión de recursos que los demás, para poder desarrollarse al máximo y recibir una educación de excelencia, se establece un cambio paradigmático en la fórmula presupuestaria de cada escuela, tomando como base el costo promedio de cada estudiante y sus necesidades particulares. Cónsono con ello, se dispone una estructura más eficiente basada en un sistema descentralizado de educación que destina no menos del setenta por ciento (70%) del presupuesto del Departamento a las gestiones educativas en los salones de clases y a las actividades relacionadas poniendo primero al estudiante. Con este nuevo sistema presupuestario, se permitirá enfocar los recursos para mejorar la educación de todos los estudiantes y fomentar la integración a la corriente regular de los estudiantes de educación especial para que puedan formarse plenamente y tengan las mismas oportunidades de integrarse a la fuerza laboral.

 

REHABILITACIÓN

 

   Se establece que el Departamento garantizará los servicios educativos a los niños y jóvenes que cumplen su sentencia en una Institución Juvenil o Institución Correccional para Adultos con el objetivo de impactarlos positivamente con herramientas que les permitan reincorporarse a la sociedad y ser miembros productivos de esta. También se propone un programa educativo y moderno en línea bajo el Departamento de Educación para que los confinados puedan completar sus estudios y participar de una Educación Continua mientras cumplen su condena.

 

TERCER SECTOR Y LA COMUNIDAD

 

   En sintonía con el Plan para Puerto Rico, esta Ley reconoce la importancia del tercer sector en nuestra sociedad y en el quehacer educativo. En ese sentido, se crea el “Programa de Integración Comunitaria”, adscrito a la Oficina del Secretario del Departamento, el cual tendrá como objetivo fomentar el trabajo voluntario, los acuerdos colaborativos y la participación de la comunidad en actividades curriculares y extracurriculares. El Departamento deberá establecer alianzas con las entidades sin fines de lucro para que puedan ofrecer servicios a los estudiantes y a sus padres en las facilidades escolares en horario regular y en horario extendido. Esta iniciativa ayudará a intervenir con niños y adolescentes en riesgo de deserción para aumentar el contacto entre los pares de forma positiva y fomentar la participación en actividades extracurriculares. Los estudiantes estarán ocupados mientras tienen un lugar de esparcimiento e integración de la comunidad que incluye a los padres. Como ejemplo, las canchas de las escuelas pueden ser utilizadas por las ligas de deportes, o por escuelas de arte y música, luego del horario escolar. Véase pág. 123 de Plan para Puerto Rico.

   Esto va de la mano con el rol protagónico que tiene la educación en la transformación integrada de nuestra sociedad. Las escuelas tienen un rol importante en el desarrollo de comunidades vibrantes, modernas y llenas de vida; proveyendo espacios saludables e impecables para la incorporación de toda la ciudadanía. El objetivo es que toda la comunidad colabore en conjunto como un ecosistema saludable y sustentable con sentido de pertenencia, con el fin de encaminar a la escuela a convertirse en un centro educativo de alto rendimiento a través de alianzas y acuerdos de colaboración que promuevan la gestión educativa de excelencia mientras se les permite aportar al bienestar de las comunidades en las que se ubican las escuelas. De esta manera, las escuelas pueden colaborar con las demás agencias del gobierno para llevar, expandir y alinear sus servicios en las comunidades atendiendo sus necesidades particulares y haciendo de la comunidad escolar y su entorno lugares más saludables y estables.

 

PROGRAMA DE LIBRE SELECCIÓN DE ESCUELAS

 

   Finalmente, en esta Ley establecemos el Programa de Libre Selección de Escuelas. Mediante dicho programa, se autoriza, la otorgación de certificados equivalentes al tres por ciento (3%) del número de estudiantes del sistema, para que los mismos puedan escoger la escuela pública que desee o que lo utilice para asistir a una escuela privada de su preferencia. Con esta nueva política pública, esta administración reafirma que la educación y la igualdad en el acceso a la misma son un interés apremiante y un principio de justicia social para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Esta iniciativa está contenida en la página 103 del Plan para Puerto Rico, en la manera que se ofrece un sistema con opciones para padres e hijos.

   Como es sabido, el Programa de Becas y Libre Selección de Escuelas fue creado mediante la Ley 71-1993. Esa ley de avanzada perseguía establecer, de forma experimental, un programa de libre selección en la Isla considerando: 1) ampliar las opciones de padres y estudiantes en lo referente a la selección de escuelas, permitiéndoles escoger entre planteles públicos y privados, lo mismo que entre planteles públicos radicados dentro o fuera de la demarcación escolar en que residen; 2) estimular a estudiantes talentosos a realizar un mayor esfuerzo intelectual y a iniciar estudios universitarios mientras cursan la escuela secundaria; y 3) ofrecer incentivos económicos para que las escuelas públicas mejoren sus ofrecimientos. No obstante, esta iniciativa fue invalidada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en ese entonces, indicando que el establecimiento del Programa violentaba la Constitución de Puerto Rico.

   Con la decisión de la mayoría en Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 D.P.R. 528, 601 (1994), se troncharon “las esperanzas de tantos niños en nuestro país que, por nacer en condiciones de pobreza económica, no tienen los mecanismos para alcanzar la igualdad social y, naturalmente, con sus padres, veían en estas becas la forma para educarse mejor y así alcanzar vindicación humana y social.” Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, en la pág. 605 (Opinión disidente del Juez Asociado Negrón García).

   Luego de más de dos décadas, las circunstancias que vive la Isla y los sectores más vulnerables como consecuencia de la grave situación económica de los últimos años y los daños causados por los huracanes Irma y María, producen retos aún mayores en todos los renglones de la sociedad incluyendo la educación. Las circunstancias históricas de la Isla han cambiado drásticamente en estos últimos 25 años y, más aun considerando la devastación dejada por los 2 huracanes que nos impactaron recientemente.

   La realidad jurídica bajo la cual se decidió el caso de Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, supra, también ha sufrido cambios sustanciales. El desarrollo y manera de interpretar la cláusula de establecimiento de la Constitución Federal ha ido evolucionando con el pasar de los años, a tono con las exigencias del Siglo XXI. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Zelman v. Simmons Harris, 536 U.S. 369 (2001), validó y sostuvo un sistema de certificados provistos por el estado similar al establecido en la presente Ley. Esto aún ante argumentos de violación a la cláusula de establecimiento. De igual forma, en Trinity Lutheran Church of Columbia, Inc. v. Comer, 582 U.S. ___ (2017), 137 S. Ct. 2012, el Tribunal Supremo Federal se enfrentó a la controversia sobre la exclusión de una iglesia de participar de un programa que ofrecía un reembolso a las organizaciones sin fines de lucro que instalaran en las áreas de juegos de sus patios material de gomas recicladas. El 27 de junio de 2017, el Tribunal Supremo Federal concluyó que el programa del Departamento de Recursos Naturales del Estado de Missouri violaba la Primera Enmienda de la Constitución Federal al negar a la iglesia un beneficio, por motivo de su estatus religioso, que de otra forma estaría disponible al público. Más allá, como consecuencia de Trinity Lutheran Church of Columbia, id, el Tribunal Supremo Federal expidió certiorari y devolvió para evaluación por el Tribunal Supremo de Colorado, varios casos que declararon inconstitucional, a la luz de una prohibición de la Constitución Estatal, un programa que permitía a estudiantes recibir becas para asistir a la escuela de su preferencia, pública o privada. Véase, Doyle, Florence v. Taxpayers for Public Ed., 582 U.S. ____ (2017); Douglas County School District v. Taxpayers for Public Ed., 582 U.S. ____ (2017); y Colorado State Board of Education v. Taxpayers for Public Ed., 582 U.S. ____ (2017). De igual forma, en New Mexico Association of Nonpubic School v. Moses, 582 U.S. ____ (2017), el Tribunal Supremo Estatal, tomando como fundamento la constitución del estado, declaró inconstitucional la inclusión de escuelas privadas en un programa de préstamo de libros. Recientemente, el Tribunal Supremo Federal expidió certiorari y devolvió el caso al Tribunal Supremo del Estado de Nuevo México.

   Ante los recientes desarrollos históricos y los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Puerto Rico no debe esperar para atender un tema tan medular en el bienestar de los niños. Debemos revisitar este asunto a la luz de una detenida evaluación de todos los fundamentos en derecho, de los desarrollos históricos a nivel local y jurisprudenciales recientes a nivel federal. Por tal razón, nos enfocamos en proveer alternativas adicionales a los participantes de este programa que les permita a los padres y madres tener herramientas adicionales para seleccionar a su discreción de forma privada e independiente el lugar donde estudiará su hijo o hija.

   Sin lugar a dudas, el acceso a la educación y a la información educativa de la red cibernética es una prioridad y una responsabilidad con el pueblo. Mediante esta Ley se declara el compromiso de brindar: igualdad de oportunidades educativas de alta calidad a todos los estudiantes, desde el nivel preescolar, hasta el nivel postsecundario, y aquel dado a niños y jóvenes que se encuentran en instituciones juveniles y correccional de adultos; un sistema de apoyo ágil donde las decisiones se tomen lo más cercano al entorno donde se implementan y estén fundamentadas en el análisis de los datos recopilados; un sistema de evaluación atado a la rendición de cuentas y a la descentralización del sistema tradicional; un sistema que convierte al estudiante y al salón de clase en el objetivo principal hacia el cual apunten todos los recursos que el Estado destina a la educación; y que estimula la mayor participación de todos los integrantes de la comunidad en el proceso educativo y las decisiones que afectan la escuela.

   Es el momento para empoderar a las comunidades a que provean una educación pública de excelencia a tono con los tiempos modernos. Debemos acabar con la burocracia existente en el Departamento de Educación y poner a los estudiantes primero, dándole las herramientas necesarias para triunfar en el futuro y ser agentes de cambios positivos para Puerto Rico. Con esta reforma educativa damos un nuevo enfoque al sistema de educación de Puerto Rico.

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

 

 

Artículo 1.01. — Título. (3 L.P.R.A. § 9801)

 

   Esta Ley se conocerá como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”.

 

Artículo 1.02. — Declaración de Política Pública. (3 L.P.R.A. § 9801a)

 

a.   La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de toda persona a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos y las libertades fundamentales del hombre. Ordena también, que el Gobierno establezca un Sistema de Educación Pública libre, sin ninguna inclinación sectaria y gratuita en los niveles primario y secundario que comprenda los grados de kínder a duodécimo. El currículo escolar, las actividades de las escuelas y el entorno administrativo departamental se regirán específicamente por este cometido constitucional. Los presupuestos, la planificación, las normas y los reglamentos, así como las estrategias de enseñanza recomendadas, estarán directamente dirigidas, justificadas y explicadas a este fin.

b.   Esta Ley establece un Sistema de Educación Pública descentralizado, con más opciones educativas para los estudiantes y garantiza una distribución equitativa de los recursos.

c.   Se establecen las Oficinas Regionales Educativas, conformadas por escuelas primarias, segundas unidades, secundarias, y otras organizaciones, con deberes y responsabilidades administrativas y académicas que le permitan dirigir la totalidad de la operación de las escuelas. Estas regiones se enmarcan en la visión y política pública establecida por el Estado mediante esta Ley y cualquier otra que se establezca por reglamento a nivel central y que sean cónsonas con esta Ley, para garantizarle a todos los estudiantes de Puerto Rico, la oportunidad de obtener una educación eficiente y de calidad, que propenda al desarrollo de su personalidad y que le permita contribuir eficazmente al bienestar propio, de su familia, de su comunidad y de Puerto Rico.

d.   El Sistema de Educación Pública se fundamenta sobre los siguientes principios esenciales:

1.   El estudiante es la única razón de ser del sistema educativo y el maestro su recurso principal. Todos los reglamentos tienen que adelantar este fin y no deben de manera alguna obstaculizarlo. El Secretario deberá así consignarlo en los reglamentos y cartas circulares.

2.   La prioridad en la asignación de los fondos destinados al Departamento de Educación es el estudiante.

3.   El objetivo global de la educación es desarrollar al estudiante al máximo de su capacidad y asegurar que se gradúe preparado en las materias de STEM o STEAM, para que pueda competir en la economía global. Al mismo tiempo, se le debe permitir el desarrollo pleno de su personalidad y fortalecer su aprecio a los derechos humanos.

4.   Los estudiantes serán educados de forma integral atendiendo sus intereses y velando por satisfacer sus necesidades particulares. Esto incluye velar por su bienestar físico, emocional y mental.

5.   Los maestros serán profesionales capacitados que probadamente y evidenciariamente dominen las materias que han de impartir con excelencia. La certificación de maestro que emite el Secretario es una garantía al padre o encargado de que así ha sido constatado.

6.   Un sistema educativo de excelencia requiere que los recursos y el personal tengan un alto grado de compromiso y un sentido de responsabilidad social profundo. Será responsabilidad del Estado con el estudiante así garantizarlo.

7.   Las escuelas tienen que desarrollar las estrategias, usos y costumbres dirigidas a contar con el compromiso y participación de las comunidades. De igual forma, las escuelas deben buscar integrarse al desarrollo comunitario mediante su interacción con otras agencias del Estado y colaborando entre éstas para atender las necesidades de la escuela y de la comunidad.

8.   Alcanzar una educación de excelencia en Puerto Rico requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Entendiéndose todo aquel individuo o grupo interesado en el éxito y cumplimiento de las metas de una escuela, incluyendo, pero sin limitarse a municipios, empresas privadas, instituciones educativas y de salud, organizaciones del tercer sector, entidades sin fines de lucro, organizaciones de base de fe, entre otras.

9.   El Departamento debe implementar prácticas presupuestarias que permitan su sustentabilidad manteniendo aquellos programas que han demostrado su efectividad.

10.   El estudiante al que aspira el Departamento es uno de personalidad integrada, holística, sensible como ciudadano, comprometido con el bien común, y con las destrezas y actitudes que le permitan aportar a Puerto Rico y a su comunidad de forma proactiva.

e.   La gestión educativa de la escuela debe cumplir los propósitos que la Constitución y esta Ley pautan para el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. A esos efectos, la escuela debe perseguir que el estudiante desarrolle:

1.   Las destrezas necesarias para convertirse en motor del desarrollo económico de Puerto Rico. Esto incluye no solo el fortalecimiento del aprovechamiento académico de las STEM y STEAM, sino también conocimiento financiero, destrezas empresariales y de emprendedores, el fortalecimiento de sus destrezas lingüísticas, y la apreciación y valoración del modelo cooperativo.

2.   Empatía y sensibilidad con las realidades y necesidades del prójimo y los diversos sectores que componen la sociedad, sobre todo con las personas con necesidades especiales y los sectores marginados de la sociedad.

3.   El dominio de la comunicación oral y escrita en español e inglés para tener estudiantes verdaderamente bilingües. Además, el desarrollo de otros idiomas cuyo dominio se prevé como esencial en un futuro próximo.

4.   Conciencia de la necesidad de una buena condición física y del valor de la vida, haciendo énfasis en la importancia de cuidar la salud, tanto en su dimensión física, como en la mental y emocional.

5.   Destrezas que le permitan al estudiante adaptarse a los cambios del mundo contemporáneo y a sus nuevos retos, de forma que sean futuros profesionales, empresarios y emprendedores que contribuyan al sustento propio, al de su familia y al desarrollo económico de Puerto Rico, y a su vez aporten a la economía global, desarrollando su capacidad de aprender en todos estos renglones.

6.   Capacidad para ejercer oficios vocacionales o técnicos que le permitan contribuir al sustento propio y de su familia, a la economía y al desarrollo de la Isla.

7.   Una conciencia sana y positiva de su identidad en los múltiples aspectos de su personalidad y actitudes de respeto hacia sus semejantes.

8.   La capacidad de enfrentar situaciones de conflicto entre los deseos personales y los imperativos de la sociedad, valiéndose de destrezas socioemocionales, la comunicación y la mediación.

9.   La capacidad de pensar y actuar con autonomía y de aceptar las responsabilidades y consecuencias de sus decisiones, de forma tal que repare los daños realizados y restaure las relaciones con la comunidad escolar.

10.   Conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos y la disposición para ejercerlos mediante la participación en decisiones de la comunidad.

11.   Actitudes positivas respecto al esfuerzo productivo.

12.   Una actitud empática, reflexiva y crítica frente al mundo contemporáneo, de forma que pueda insertarse como un ciudadano comprometido con el bien común, la igualdad y la justicia, para que sea un ente de cambio positivo en la sociedad en la que se desempeña y vive.

f.   Esta Ley concibe la escuela de la comunidad como un ente dinámico y multidimensional. Mediante esta Ley, se delega y autoriza al Secretario, que reglamente la creación de núcleos escolares que se auto planifiquen, auto desarrollen, auto administren y auto evalúen; y se delega en la escuela la autoridad para implementar el currículo que establezca el Secretario mediante reglamento, así como que realice las funciones gerenciales para que ello se lleve a cabo. Se deben trascender las limitaciones del plantel escolar para integrar, e integrarse, a las comunidades que forman parte del entorno de la escuela. Las escuelas tendrán la capacidad para acoplar sus ofrecimientos a las necesidades de sus alumnos, siempre y cuando busquen formalmente una variación cónsona con la política pública, al dominio de STEM o STEAM, así como la agilidad para adaptarse a cambios que generen el desarrollo del conocimiento y la tecnología pedagógica. Además, deben servir como un espacio que provea alternativas extracurriculares a los estudiantes después del horario lectivo; como también servir a la comunidad como centros vibrantes de participación multisectorial. A estos fines, las escuelas deben viabilizar y promover las alianzas con el tercer sector y otras instituciones de la sociedad civil. Esta trasciende las limitaciones del plantel escolar buscando integrar, e integrarse, a las comunidades que forman parte del entorno de la escuela. Las escuelas deben tener la capacidad para acoplar sus ofrecimientos a las necesidades de sus alumnos y la agilidad para adaptarse a cambios que generen el desarrollo del conocimiento y la tecnología pedagógica. Además, deben servir como un espacio que provea alternativas extracurriculares a los estudiantes después del horario lectivo; como también servir a la comunidad como centros vibrantes de participación multisectorial. A estos fines, las escuelas deben viabilizar y promover las alianzas con el tercer sector y otras instituciones de la sociedad civil.

g.   Todas las escuelas, incluyendo las Escuelas Públicas Alianza, forman parte del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico; todas están bajo la jurisdicción y administración primaria del Secretario y de las Oficinas Regionales Educativas; y todas se rigen por una pauta general, dispuesta en esta Ley, que dan coherencia al Sistema de Educación Pública en su conjunto.

   Ninguna disposición de esta Ley, menoscaba la autoridad que la Constitución le otorga al Secretario para dirigir la educación pública en Puerto Rico. Por el contrario, reafirma su deber y responsabilidad de administrar el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico con mejor balance de poderes y responsabilidades.

   El Secretario delegará a las Oficinas Regionales Educativas y a los directores de las escuelas de la comunidad, una mayor responsabilidad en la toma de decisiones y ejecución. Esta delegación de responsabilidad tendrá que establecerse mediante reglamento. Dicho reglamento tendrá que enviarse a la Asamblea Legislativa para su aprobación. La Asamblea Legislativa tendrá un término de treinta (30) días para aprobar o rechazar el mismo. Una vez transcurrido dicho término, sin que la Asamblea Legislativa haya expresado oposición al mismo, se considerará que el mismo fue aprobado. El Reglamento antes mencionado deberá ser cónsono con esta Ley y con el principio de equidad y distribución de presupuesto a las escuelas, lo que incluye los fondos federales hasta dónde la ley lo permita, sin que por ello menoscabe la posibilidad de cada escuela de competir por fondos federales, fuera de los beneficios generales de éstos. El Secretario además establecerá una fórmula que garantice la permanencia de las escuelas en las comunidades aisladas de Puerto Rico.

h.    La educación especial debe proveer a los estudiantes que sirve, una instrucción de calidad, que reconozca y atienda sus necesidades particulares. A esos fines, el sistema público de enseñanza debe facilitar la prestación de servicios sin obstaculizarlos y contando con los mecanismos que permitan una administración y operación eficaz y ágil. Además, como parte del compromiso con esta población, el sistema de enseñanza debe desarrollar en los estudiantes de la corriente de educación especial, las destrezas que le permitan su futura independencia y que faciliten su integración a la fuerza laboral.

 

Artículo 1.03. — Definiciones. (3 L.P.R.A. § 9801b)

 

   A efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

1.   Acomodo Razonable: Modificación o ajuste al proceso o escenario educativo o de trabajo que permita a la persona con discapacidad participar y desempeñarse en ese ambiente.

2.   Aprendizaje a distancia: Enfoque educativo que provee un proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual el alumno está separado físicamente del docente. Este modelo puede llevarse a cabo a través de cursos en línea y otras modalidades tecnológicas que facilitan la interacción pedagógica.

3.   Aprendizaje basado en el trabajo: Conocido en inglés como Work Based Learning (WBL), es la estrategia que provee al estudiante la oportunidad de aplicar y desarrollar las destrezas académicas y ocupacionales, haciendo uso de diferentes modelos, entre ellos; la exploración y concienciación ocupacional, las experiencias de trabajo, el adiestramiento estructurado y la mentoría en el lugar de trabajo.

4.   Autonomía: Facultad que se le otorga a las escuelas de la comunidad para tomar decisiones sobre sus asuntos académicos, fiscales y administrativos dentro de los márgenes establecidos en esta Ley.

5.   Autorizador: Se refiere al Secretario del Departamento de Educación, el cual procederá a: (i) certificar y aprobar solicitantes como Entidades Educativas Certificadas; (ii) otorgar Cartas Constitutivas a Entidades Educativas Certificadas para operar las Escuelas Públicas Alianza; (iii) supervisar y asumir la responsabilidad de las Entidades Educativas Certificadas en la operación y administración de Escuelas Públicas Alianza como se establece en esta Ley; y (iv) realizar cualesquiera otros deberes y responsabilidades establecidos en esta Ley.

6.   Carta Constitutiva: Se refiere a un acuerdo formal, vinculante entre el Secretario y una entidad, que la certifica como una Entidad Educativa Certificada y la autoriza a operar y administrar una Escuela Pública Alianza dentro de los términos específicos del acuerdo.

7.   Certificado: Se refiere al certificado de ayuda económica que el Departamento concederá a los estudiantes para sufragar los gastos de sus estudios en una escuela pública, privada o universidad del programa que sus padres o madres seleccionen como parte de su ejercicio privado decisorio genuino e independiente, a la luz del proceso que se disponga por reglamento a estos fines.

8.   Comunidad: Vecindarios comprendidos dentro del área servida por una escuela.

9.   Comité Asesor del Secretario: Se refiere al Comité compuesto por los cinco (5) directores de los departamentos de educación de las universidades en Puerto Rico, seleccionados de entre los que obtengan el porcentaje más alto de aprobación de los PCMAS cada año; estableciéndose que estos recintos deberán contar con todas las acreditaciones correspondientes.

10.   Consorcio Municipal: Se refiere a los consorcios municipales creados de conformidad con la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Gobierno de Puerto Rico”.

11.   Cursos híbridos (blended courses): Cursos a los cuales se les han integrado actividades a distancia y presenciales alineadas a la estrategia curricular.

12.   Cursos por videoconferencia: Cursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, total o parcialmente interactivo, bidireccional y multimedios, cuando el maestro y el estudiante no se encuentran en el mismo lugar, estableciendo que el estudiante deberá estar en el plantel escolar.

13.   Currículo: Programa o plan de estudio de una escuela o temario de un curso o materia del mismo.

14.   Departamento o Departamento de Educación: Se refiere al Departamento de Educación de Puerto Rico.

15.   Director: Director de Escuela del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico.

16.   Docencia: Proceso de interacción entre maestros y estudiantes en el salón de clases o en cualquier otro lugar en que se ofrezca una lección.

17.   Educación a distancia: Proceso de enseñanza-aprendizaje donde el maestro y el estudiante no están en el mismo lugar.

18.   Educación Especial: Enseñanza pública gratuita especialmente diseñada para responder a las necesidades particulares de la persona con discapacidad, en el ambiente menos restrictivo.

19.   Entidad Educativa Certificada: Se refiere a: (i) una entidad pública como un municipio, un consorcio municipal o una universidad pública; (ii) una entidad no gubernamental sin fines de lucro; (iii) una alianza entre una o más entidades públicas y una o más entidades sin fines de lucro no gubernamentales, certificadas y autorizadas por el Secretario para operar y administrar una Escuela Pública Alianza mediante el otorgamiento de una Carta Constitutiva; y (iv) organizaciones sin fines de lucro creadas por padres y madres o maestros. Para propósitos de la ESEA, y cualquier otra ley federal o del Gobierno de Puerto Rico aplicable, una Entidad Educativa Certificada será considerada como una organización administrativa educativa.

20.   ESEA: Se refiere a la “Ley de Educación Elemental y Secundaria” (Elementary and Secondary Education Act, ESEA, por sus siglas en inglés) del 1965, Ley Pública 89-10, 79 Stat. 27, 20 U.S.C. ch 70, según enmendada, y leyes sucesivas.

21.   Escuela de la Comunidad: Comunidad de estudio formada por padres, estudiantes, maestros y personal de apoyo docente y administrativo que sirve a una comunidad y disfruta de autonomía.

22.   Escuela Pública Alianza: Se refiere a: (i) una escuela pública de nivel elemental y/o secundario de nueva creación que es operada y administrada por una Entidad Educativa Certificada autorizada por el Secretario o Autorizador; o (ii) una escuela pública de nivel elemental y/o secundario existente, cuya operación y administración es transferida a una Entidad Educativa Certificada autorizada por el Autorizador, de conformidad con el otorgamiento de una Carta Constitutiva.

23.   Escuela Magneto Ocupacional (CTE Magnet School): Escuela pública con ofrecimientos académicos y ocupacionales que atrae a estudiantes de diferentes regiones y grupos con intereses definidos.

24.   Estudiante dotado: El niño o joven con un cociente intelectual igual o mayor de 130, que posee una capacidad social y cognitiva excepcional, por encima de su edad cronológica y superior a la de otros de su misma edad, experiencia o ambiente, y que exhibe y demuestra, mediante evaluaciones psicológicas y educativas realizadas por profesionales certificados por el Estado, alta capacidad intelectual, creativa, artística o de liderazgo, o en una o más áreas académicas específicas.

25.   Estudiante Bona Fide: Se refiere a todo estudiante matriculado en una escuela pública o privada, por lo menos durante el semestre inmediatamente anterior a su solicitud para participar en el Programa de Certificados.

26.   Estudiante en riesgo: Se refiere al estudiante que tiene una alta probabilidad de fracasar el grado en el que se encuentra o que haya expresado la intención de abandonar el sistema público de enseñanza y que requiere servicios o asistencia especial para tener éxito en los programas educativos.

27.   ESSA: Se refiere a la “Ley Cada Estudiante Triunfa” (Every Student Succeeds Act, ESSA, por sus siglas en inglés) de 2015, Ley Pública 114-95.

28.   Evaluación: Procedimiento para justipreciar el desempeño del personal docente y no docente de una escuela para los fines establecidos en esta Ley.

29.   Impedimento o Discapacidad: Cualquier condición física, mental o emocional que limite o interfiera con el desarrollo o la capacidad de aprendizaje de la persona.

30.   Ley de Ética Gubernamental: Se refiere a la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico” o cualquier otra ley que la sustituya.

31.   Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU): Se refiere a la Ley 38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” o cualquier otra ley que la sustituya.

32.   Modelo de Intervención: Se refiere a las intervenciones para escuelas elegibles, según: (a) el Departamento de Educación de Estados Unidos y/o (b) lo establecido en el Plan ESSA Consolidado.

33.   Oficina: Se refiere a la Oficina del Programa de Libre Selección de Escuelas.

34.   Oficina Regional Educativa: Unidad funcional del Departamento bajo la dirección de un Superintendente Regional, a cargo de ejecutar labores académicas y administrativas sobre las escuelas comprendidas en su región.

35.   Organizaciones estudiantiles: Organismo que agrupa a los estudiantes de los programas ocupacionales a nivel de la nación estadounidense y sus territorios.

36.   Padre: Se refiere al padre, madre, tutor o encargado de un estudiante.

37.   Persona con discapacidad: Infantes, niños, jóvenes y adultos hasta los 21 años de edad inclusive, a quienes se les ha diagnosticado una o varias de las siguientes condiciones: problemas de audición incluyendo sordera, problemas del habla o lenguaje, problemas de visión incluyendo ceguera, disturbios emocionales severos, problemas ortopédicos, autismo, sordo-ciego, daño cerebral por trauma, otras condiciones de salud, problemas específicos de aprendizaje, discapacidad intelectual, discapacidades múltiples; quienes por razón de su discapacidad, requieran educación especial y servicios relacionados. Incluye también retraso en el desarrollo para los infantes desde el nacimiento hasta los dos (2) años inclusive.

38.   Personal docente: Los maestros, directores de escuela, bibliotecarios, orientadores, facilitadores docentes, trabajadores sociales, y otro personal con funciones técnicas, administrativas y de supervisión en el Sistema de Educación Pública, que posean certificados docentes expedidos conforme a la ley.

39.   Personal no docente: Funcionarios o empleados no comprendidos en la categoría “docente”.

40.   Plan Escolar “Diseño de Excelencia Escolar o DEE”: Documento desarrollado por las escuelas basado en los criterios establecidos por el Secretario, el cual incluirá expectativas objetivamente medibles y constatables en torno a la calidad y efectividad de la enseñanza en la escuela, tales como tasas de retención, tasas de graduación, tasas de admisión a universidades, distribución de los fondos asignados entre tareas directamente docentes y tareas no docentes, días reales de clase y una apreciación general del tiempo dedicado específicamente a la tarea educativa programada (time-on task), entre otros.

41.   Profesional certificado por el Estado: aquella persona que haya completado su programa profesional como psicólogo, obtenga la certificación del Estado y la misma esté vigente. Los hallazgos, sugerencias y recomendaciones que realice este profesional deberán ser considerados prioritariamente en la prestación de los servicios educativos para el estudiante dotado dentro del ambiente escolar.

42.   Plan ESSA Consolidado: Se refiere al Plan Estatal Consolidado del Departamento de Educación de Puerto Rico bajo la ESEA, según enmendado por la “Ley Cada Estudiante Triunfa” (Every Student Succeeds Act, ESSA, por sus siglas en inglés). El plan surgirá de la recopilación directa de la data sobre efectividad de cada escuela.

43.   Programa de Educación Individualizado o PEI: Documento legal que implica el contrato entre el Departamento y el padre, tutor o encargado, que ha resultado elegible para recibir servicios de educación especial. En éste se establece: nivel de funcionamiento educativo; metas anuales medibles y objetivos a corto plazo; grado y actividades extracurriculares donde el estudiante se integrará; la alternativa de ubicación; y los acomodos que se ofrecerán, entre otros por un periodo no mayor de un año. Este documento será preparado por un Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial (COMPU) Será obligación del Departamento que cada estudiante con necesidades especiales tenga un PEI y que se lleve la educación conforme al mismo. Será una aspiración del Departamento que todo estudiante de la corriente regular, tenga a su vez, un PEI.

44.   Programa de Estudio (POS, por sus siglas en inglés): Secuencia de cursos progresivos, no repetitivos, que alinea la educación secundaria ocupacional con la postsecundaria, dirigidos a la obtención de una credencial avalada por la industria, un certificado ocupacional, un certificado técnico a nivel postsecundario, un grado asociado o un bachillerato en ocupaciones que deben estar en gran demanda y de altas destrezas.

45.   Pruebas Estandarizadas Ocupacionales (CTE Skills Assessment): Medida de progreso basada en los estándares de la industria correspondiente, en la que el estudiante demuestra conocimiento y dominio de las destrezas técnicas a través del programa de estudios seleccionado.

46.   Puesto regular o de carrera: Se refiere al puesto donde el empleado del Departamento adquiere derecho propietario o su permanencia.

47.   Secretario: El Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico.

48.   Sistema de Datos Longitudinal: Sistema accesible a las comunidades escolares que permite recopilar todos los datos intra e interagencial, para la toma de decisiones que apoye el modelo Prek-16 y el desarrollo del perfil de cada estudiante graduado de escuela superior de nuestro sistema.

49.   Sistema de Educación Pública de Puerto Rico: Comprende todas aquellas escuelas provistas por el Estado en cumplimiento con el Artículo II, Sección 5, de la Constitución del Gobierno de Puerto Rico, dirigida a los estudiantes hasta culminar estudios de escuela superior, salvo en la corriente de Educación Especial cuya extensión es objeto de leyes específicas.

50.   Solicitante: Se refiere a cualquier persona u entidad que desarrolle y envíe una propuesta para recibir una Carta Constitutiva que autorice la operación y administración de una Escuela Pública Alianza.

51.   Solicitud: Se refiere a una propuesta presentada por un solicitante para recibir una Carta Constitutiva que le autorice la operación y administración de una Escuela Pública Alianza.

52.   STEM: Educación enfocada en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés.

53.   STEAM: Educación enfocada en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, por sus siglas en inglés.

54.   Superintendente Regional: Funcionario que dirige las tareas tanto administrativas, como docentes y académicas en una Oficina Regional Educativa.

55.   Transición: Proceso para facilitar a la persona con discapacidad su adaptación o integración a un nuevo ambiente, de las etapas de intervención temprana a la preescolar; a la escolar; al mundo del trabajo; a la vida independiente; o a la educación postsecundaria.

56.   Tercer Sector: Entidades, asociaciones, fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, debidamente incorporadas en el Departamento de Estado y no gubernamentales, encargadas de realizar proyectos de acción social a través de voluntarios y profesionales.

   En los casos aplicables, las palabras utilizadas en tiempo presente incluyen también el futuro; las usadas en el género masculino incluyen el femenino; el singular incluye el plural y el plural incluye el singular. La conjunción “y” no se entenderá como excluyente.

 

 

 

 

Artículo 1.04. — Asistencia Compulsoria. (3 L.P.R.A. § 9801c)

 

a.   La asistencia a las escuelas será obligatoria para los estudiantes entre cinco (5) a dieciocho (18) años de edad, excepto: los estudiantes de alto rendimiento académico; los estudiantes dotados; los estudiantes que participen de un programa educativo alterno de enseñanza primaria y secundaria o su equivalente; y los estudiantes que estén matriculados en algún programa de educación secundaria para adultos u otros programas que los preparen para ser readmitidos en las escuelas regulares diurnas o que hayan tomado el examen de equivalencia de escuela superior.

b.   Queda terminantemente prohibido la salida de estudiantes de los planteles escolares durante el horario escolar, así como durante cualquier receso de la actividad docente. El Director Escolar y el maestro del estudiante, serán corresponsables de la ausencia no programada de esta naturaleza y se consignará en su evaluación sino se demuestran los esfuerzos claros y contundentes para evitarlos. Se dispone, además, que el Secretario vendrá obligado a establecer mediante reglamento a tales efectos, el procedimiento para autorizar la salida de estudiantes durante el horario escolar. Dicho reglamento contendrá, al menos, una disposición sobre autorización expresa del padre, tutor o encargado.

c.   Todo padre, tutor o persona encargada de un estudiante que alentase, permitiese o tolerase la ausencia de éste a la escuela, por un periodo igual o mayor de tres (3) días consecutivos sin justa causa, o que descuidase su obligación de velar que asista a la misma, y luego de haber recibido una advertencia sobre su incumplimiento, incurrirá en delito menos grave y será sancionado con una multa no mayor de mil (1,000) dólares o una pena de servicio comunitario en la institución donde asista el estudiante de quien es responsable, por un periodo mínimo de cien (100) horas, o ambas penas a discreción del Tribunal. Incurrirá, también, en una falta administrativa que podría conllevar la cancelación de beneficios al amparo del Programa de Asistencia Nutricional, de Programas de Vivienda Pública y de Programas de Vivienda con Subsidio. Cada escuela desarrollará un plan estratégico para evitar la ausencia continua de los estudiantes al salón de clase. d.   Ningún estudiante podrá estar fuera de algún programa educativo hasta terminar la escuela superior o su equivalente. Cada padre, tutor o persona encargada de un estudiante será responsable de la asistencia obligatoria del estudiante a la escuela, según lo dispone este Artículo.

e.   El Secretario, en conjunto con los Superintendentes Regionales y los directores escolares, establecerán los métodos o procedimientos que las Oficinas Regionales Educativas utilizarán para implementar las disposiciones de la asistencia obligatoria de los estudiantes, a través de un reglamento que incluirá, entre otros:

1.   La responsabilidad del Director de Escuela en cuanto a que se cumpla con la asistencia obligatoria.

2.   Un récord diario de asistencia de los estudiantes de la escuela. Las escuelas utilizarán los mecanismos tecnológicos establecidos por el Departamento para registrar la asistencia a clases de cada estudiante.

3.   Un sistema de notificación de ausencias a los padres. Dichas notificaciones serán mensuales, y de existir un patrón se deberá notificar semanal.

4.   Las gestiones que desarrollará la escuela para atender casos de estudiantes con problemas de asistencia a clases.

5.   Los incentivos para todo padre, tutor o persona encargada de un estudiante en el descargo de su deber en cuanto a la asistencia obligatoria del estudiante.

f.    El Secretario rendirá al fin de cada semestre un “Reporte de Deserción Escolar en Puerto Rico”, cuya información será presentada de manera clara y comprensible para el público en general. Dicho Reporte será sometido al Gobernador de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa a través de la Secretaría de cada Cuerpo y al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Además, el Reporte estará disponible en la página electrónica del Departamento. El mismo deberá incluir, sin limitarse, la tasa de deserción total para cada uno de los grados por cada región educativa y por cada escuela; la tasa de aprobación del Examen de Equivalencia a Escuela Superior; datos sobre traslados, expulsiones, suspensiones y ausentismo; y cualquier otra información pertinente al progreso académico de los estudiantes. A su vez, el Secretario deberá hacer disponible en la página electrónica del Departamento, mensualmente, el informe de asistencia de cada escuela, el cual será reportado conforme al reglamento.

g.    Se designa al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico como representante autorizado del Departamento para propósitos de que se comparta con el Instituto la información estudiantil, salvaguardando los derechos de confidencialidad del estudiante a tenor con el Artículo 1.05 de esta Ley.

 

Artículo 1.05. — Expedientes Escolares. (3 L.P.R.A. § 9801d)

 

   Los directores de escuelas serán responsables de mantener y custodiar los expedientes escolares de su matrícula. Estos deberán contener la siguiente información del estudiante: nombre, dirección, teléfono, nombre de los padres, tutores o encargados y su información de contacto, datos académicos tales como calificaciones y resultados de evaluaciones, información sobre condiciones de salud y certificado de vacunas, siempre salvaguardando la confidencialidad de dicha información, informes disciplinarios, informes de asistencia, escuelas en las que ha estado matriculado, cursos tomados, reconocimientos y grados otorgados, y en los casos de estudiantes de educación especial los informes del PEI.

   Los expedientes escolares serán de naturaleza confidencial, con excepción de la información compartida entre funcionarios de las agencias de gobierno o instituciones educativas, según las limitaciones y requisitos impuestos por las leyes aplicables, en el curso y ejercicio de sus funciones, o cualquier información requerida mediante orden judicial. El expediente escolar deberá contener información clara y actualizada y deberá estar accesible para casos de traslado del estudiante a otras escuelas o jurisdicciones.

   La información escolar recopilada será enviada a las Oficinas Regionales Educativas para que, salvaguardando la identidad de los estudiantes, formen parte del Sistema de Datos Longitudinal del Departamento.

   El Secretario creará un registro de estudiantes dotados dentro del sistema de educación pública. Serán considerados estudiantes dotados aquellos que satisfagan la definición dispuesta en el Artículo 1.03 de esta Ley y en la reglamentación, que a tales efectos, promulgue el Secretario.

 

 

CAPÍTULO II: SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

 

 

Artículo 2.01. — Composición. (3 L.P.R.A. § 9802)

 

   El Sistema de Educación Pública de Puerto Rico lo compone el Secretario, las Oficinas Regionales Educativas, las Escuelas de la Comunidad y las Escuelas Públicas Alianza.

 

Artículo 2.02. — Secretario de Educación. (3 L.P.R.A. § 9802a)

 

   El Secretario es el funcionario designado por el Gobernador de Puerto Rico con arreglo a la Constitución de Puerto Rico. El Secretario es el funcionario de más alto rango en el Departamento, y entre otras funciones o encomiendas, podrá establecer la visión, misión, prioridades y metas del Sistema de Educación Pública, a través de normas, reglamentos, órdenes administrativas o directrices, cónsonas con el ordenamiento jurídico vigente, pero en ningún caso podrá afectar los derechos de los maestros. El Secretario tendrá aquellas facultades ejecutivas, administrativas y académicas establecidas en esta Ley o dispuesta en cualquier otra ley aplicable. El Secretario dispondrá el establecimiento de aquellas oficinas administrativas necesarias para cumplir con las encomiendas de esta Ley o cualquier otra ley aplicable. El Secretario, a través de la solicitud presupuestaria, se asegurará que no menos del setenta por ciento (70%) del presupuesto departamental se dirija a servicios directos a los estudiantes en las escuelas y rendirá un informe anual a la Asamblea Legislativa al respecto, con las recomendaciones que los directores de escuela tengan a bien hacer.

 

Artículo 2.03. — Nombramiento de Secretario de Educación. (3 L.P.R.A. § 9802b)

 

   El Secretario será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Será ciudadano de Estados Unidos.

 

Artículo 2.04. — Deberes y Responsabilidades del Secretario de Educación. (3 L.P.R.A. § 9802c)

 

a.   El Secretario será responsable por la administración eficiente y efectiva del Sistema de Educación Pública de conformidad con la ley, la política educativa debidamente establecida y la política pública que la Asamblea Legislativa y el Gobernador adopten, con el fin de realizar los propósitos que la Constitución de Puerto Rico y esta Ley pautan para el Sistema de Educación Pública.

b.   El Secretario deberá:

1.   Servir como el administrador del Departamento y del Sistema de Educación Pública en Puerto Rico incluyendo, pero sin limitarse, a su organización, planificación, monitoreo y evaluación financiera, y actividades académicas y administrativas.

2.   Establecer e implementar la política pública del Departamento, junto a la Asamblea Legislativa, incluyendo la promulgación de reglamentos y procedimientos, de modo que reflejen que el estudiante es la razón de ser del Sistema de Educación y que cumpla con los propósitos de la Constitución de Puerto Rico, esta Ley y de las leyes y política pública adoptadas por el Gobierno de Puerto Rico.

3.   Desarrollar un plan estratégico para implementar la política pública establecida para el Departamento junto a los directores de escuela, dirigidos por los Superintendentes Regionales.

4.   Velar por la sustentabilidad del sistema de forma que futuras generaciones puedan contar con los recursos necesarios para ofrecer una educación de excelencia.

5.   Representar al Departamento en actividades oficiales del Gobierno y ante la comunidad, tomando siempre en consideración la participación de los directores escolares.

6.   Delegar, conforme a las leyes y reglamentos aplicables, cualquiera de sus responsabilidades, deberes o funciones en empleados o funcionarios del Departamento, así como retirar tal delegación.

7.   Crear la estructura organizacional mínima necesaria para asegurar la efectividad de las operaciones del Departamento.

8.   Preparar y manejar el presupuesto del Departamento y los fondos de fuentes externas, asegurando que las regiones y las escuelas reciban dichos fondos conforme a las necesidades identificadas y de importancia. Deberá publicar en la página cibernética del Departamento, las asignaciones anuales, por escuela, donde se identifique de forma detallada el uso de los fondos federales y estatales por separado.

9.   Establecer por reglamento un sistema de contabilidad y desembolsos para el Departamento que sea ágil, transparente, coherente, que optimice los recursos y que refleje una sana administración de los fondos, en armonía con la reglamentación establecida a estos fines por el Departamento de Hacienda.

10.   Diseñar y establecer sistemas de auditoría para constatar regularmente la legalidad de los desembolsos a cada Oficina Regional Educativa e instaurar el concepto de auditoría operacional para asegurar el uso óptimo de los fondos.

11.   Administrar los fondos y programas estatales y federales y asignar el presupuesto a cada Oficina Regional Educativa fundamentado en estándares de equidad, por estudiante y por escuela, con modelo base cero y partidas específicas de origen.

12.   Establecer las normas referentes a las compras y suministros de las Oficinas Regionales Educativas y de las escuelas, como parte del Reglamento de Compras y Suministros del Departamento. Dichas normas incluirán la obligación de publicar en la página cibernética del Departamento, todas las necesidades de productos y servicios a ser adquiridos por el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, de conformidad con las normas estatales y federales aplicables, que garantice la transparencia y la confiabilidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios para todos los componentes de dicho Sistema.

13.   Establecer mediante reglamento las condiciones, garantías y términos económicos de los arrendamientos de instalaciones escolares a entidades privadas para la celebración de actividades o la prestación de servicios compatibles con la actividad educativa y la política pública establecida por esta Ley.

14.   Establecer y regular la apertura y cierre, consolidación y/o reorganización de las instalaciones donde operan las escuelas públicas de Puerto Rico, previa determinación de necesidad. Disponiéndose que, para el cierre, consolidación y/o reorganización de las instalaciones, el Secretario seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 8.01, inciso (f) de esta Ley. Disponiéndose que la Autoridad de Edificios Públicos o la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, continuarán proveyendo los servicios de mantenimiento a las facilidades de las escuelas públicas a las que dichas entidades proveen esos servicios actualmente.

15.   Desarrollar la estrategia y el manejo de las instalaciones escolares.

16.   Concertar acuerdos, contratos y convenios con agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, así como con agencias e instrumentalidades del gobierno federal o los gobiernos estatales y/o locales de Estados Unidos o con personas o entidades privadas, a los efectos de implementar esta Ley y lograr sus propósitos.

17.   Establecer alianzas con el tercer sector, entidades sin fines de lucro, instituciones educativas, empresas privadas, cooperativas y la comunidad, entiéndase todos aquellos sectores que forman parte del entorno de la escuela. Se incluye para estos fines, la otorgación de acuerdos colaborativos con entidades que fomenten la creatividad y las artes como parte del proceso educativo.

18.   Asesorar y colaborar con los cuerpos que componen la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva de forma que aúnen esfuerzos en favor de la educación de Puerto Rico. Contribuir a los trabajos legislativos y del ejecutivo con el peritaje que la agencia posee en materia educativa.

19.   Velar por el bienestar físico y psicoemocional de los estudiantes. Esto incluye la integración de profesionales del área psicológica, hasta donde los recursos del Estado lo permitan; como también la promoción de estilos de vida saludables y campañas de prevención del contagio de enfermedades y del suicidio. Además, establecerá alianzas con profesionales de la salud y entidades afines, de forma que contribuyan a alcanzar este fin.

20.   Promover y viabilizar el establecimiento de cooperativas juveniles para fortalecer el desarrollo de estudiantes emprendedores y, a su vez, de la economía de Puerto Rico. De igual forma, establecerán alianzas con el sector privado para el desarrollo de cursos de empresarismo en las escuelas.

21.   Transformar los contenidos educativos de forma que estén atemperados a los cambios y exigencias de la economía globalizada de hoy, y efectuar los cambios necesarios en los requisitos de certificación de maestros, para asegurar que los cambios curriculares sean cónsonos a los requisitos de la certificación de maestros, con el fin de garantizar que el maestro cumpla con los mismos o que reciba el adiestramiento profesional.

22.   Establecer y promover internados para los estudiantes del sistema público de enseñanza en instrumentalidades y agencias del Estado, como también en corporaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro y del tercer sector. Además, establecerá alianzas y puentes de colaboración con otras instituciones educativas para viabilizar y facilitar el que estudiantes universitarios, puedan realizar sus prácticas en diferentes áreas del Departamento que se relacionen con la profesión que estudian, de forma que puedan completar sus requisitos de graduación mientras contribuyen al servicio público y aportan a lograr un mejor Sistema de Educación Pública.

23.   Dar el espacio a la opinión de los sectores empresariales, de emprendedores, industriales, agroempresarios en todas sus modalidades, de programación y robótica y otras corporaciones o entidades del tercer sector, a participar y asesorar a través de comités o grupos de trabajos establecidos por la Oficina del Secretario. De igual forma, fomentará el desarrollo empresarial de emprendedores dirigido a proveer a todos los estudiantes las herramientas necesarias para el desarrollo y manejo de negocios, empresas, así como para la creación y el manejo de presupuestos.

24.   Aceptar donaciones en bienes, especie, servicios o dinero de organismos gubernamentales locales, estatales o federales, lo mismo que de personas o instituciones privadas, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958, según enmendada, siempre que las donaciones no estuvieren sujetas a condiciones que afecten el funcionamiento del Sistema de Educación Pública. Cuando estas donaciones fueren condicionadas, estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958, según enmendada.

25.   Designar y establecer Oficinas Regionales Educativas, Entidades Educativas Certificadas, Escuelas Públicas Alianza o grupos de Entidades Educativas Certificadas como Agencias Locales de Educación, según definido dicho término en la Ley Federal, 20 U.S.C. 7801(30), y conforme a la reglamentación aplicable.

26.   Facilitar recursos y herramientas a las Oficinas Regionales Educativas y al personal docente, promover las prácticas más avanzadas de investigación y administración local y fomentar que las comunidades aporten ideas y soluciones a nuevos desafíos.

27.   Establecer y evaluar los criterios de los programas de capacitación para el personal administrativo de las escuelas en las áreas de preparación y administración de presupuesto, administración de personal, auditoría tributaria y cualquier otra área administrativa que se considere esencial para la administración adecuada del Sistema de Educación Pública.

28.   Autorizar, supervisar y evaluar las Escuelas Públicas Alianza de manera que exista una mayor oferta de escuelas para los estudiantes.

29.   Formular las normas relacionadas con la administración y evaluación del personal de las escuelas, sin afectar ningún derecho adquirido por los maestros previo a la aprobación de esta Ley.

30.   Establecer estándares educativos de calidad y excelencia que fomenten el éxito estudiantil.

31.   Establecer los criterios sobre los cuales cada escuela desarrollará su Plan Escolar o DEE.

32.   Establecer y supervisar los asuntos académicos y administrativos de todas las escuelas públicas de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a:

i.   Currículo;

ii.   Programas y actividades, incluyendo las extracurriculares;

iii.   Requisitos para promoción de grados y graduación;

iv.   Evaluaciones;

v.   Auditoría de las operaciones de la escuela y de su personal; y

vi.   Fiscalizar el uso de fondos destinados a las escuelas.

33.   Hacer disponibles los servicios de comedor y transportación escolar.

34.   Velar por que los estudiantes con discapacidad reciban los servicios que disponen las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables a esta población.

35.   Establecerá, en coordinación con la Oficina de la Procuradora de la Mujer, un programa de enseñanza dirigido a promover la igualdad entre los seres humanos, el manejo de conflicto o control de ira y la prevención de violencia doméstica.

36.   Desarrollará un programa sobre derechos humanos, civiles y constitucionales.

37.   Diseñará e integrará en el currículo del Programa de Salud Escolar, en todos los niveles, actividades escolares, proyectos y módulos electrónicos, dirigidos a brindarle al estudiantado de la corriente regular, la oportunidad de adquirir conocimientos, habilidades y destrezas de vida que les orienten con respecto a las condiciones de salud o trastornos del desarrollo que afectan el aprendizaje de los estudiantes de educación especial, con el propósito de sensibilizarlos y crearles empatía con miras a aumentar el conocimiento general sobre sus problemáticas y evitar el discrimen y aislamiento de esta población y los daños a su autoestima.

38.   Establecerá acuerdos de colaboración con el Centro Nacional de Astronomía e Ionósfera (NAIC) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), a los fines de que todos los estudiantes del Sistema de Educación de Puerto Rico tengan la oportunidad de visitar el Radiotelescopio de Arecibo y aprendan sobre la importancia de éste, en la investigación científica a nivel mundial, y a su vez, esto los motive a reforzar los estudios en las ciencias y la astronomía, entre otras, a través del Programa “Hacer Nuestras Escuelas Divertidas a través de la Ciencia y la Astronomía”.

39.   Incluirá en su currículo de enseñanza, a tenor con lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 5-2010, temas orientados a la planificación y el manejo de las finanzas, incluyendo, pero sin limitarse a, manejo de deudas, ahorro, manejo e importancia del crédito, compra de hogar, prevención de fraude y planificación del retiro.

   El Departamento trabajará el diseño de los temas en coordinación con el Instituto de Educación Financiera de Puerto Rico. Además, deberá colaborar, en la medida que sea posible, con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, el Consumer Credit Counseling Services of Puerto Rico, Inc., la Asociación de Bancos y la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas en la confección del material a ser utilizado en la educación financiera.

40.   Establecer e implementar un programa de comunicación y relación entre estudiantes y personalidades puertorriqueñas destacadas en distintos ámbitos y ocupaciones, tales como, pero sin limitarse a: cultura, literatura, artes, teatro, cooperativismo, música, danza, ciencias, deportes, comercio y finanzas. El programa tendrá el propósito de facilitar y viabilizar la interacción y comunicación entre los estudiantes y puertorriqueños con reconocidos talentos. El Secretario podrá establecer acuerdos de colaboración con la Corporación de las Artes Musicales, el Centro de Bellas Artes, el Conservatorio de Música, la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Artes Plásticas, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y otras agencias u organizaciones públicas o privadas con o sin fines de lucro y requerir de éstas la cooperación y asesoramiento necesarios para la implantación del programa. El Secretario adoptará los reglamentos que sean necesarios para establecer el programa. De igual forma, fomentará mediante currículos, las diversas modalidades de las bellas artes en todos los niveles.

   Para los efectos de este inciso, una personalidad puertorriqueña destacada es un ciudadano que se distingue por su calidad, talentos y virtudes en un marco de carácter ético-moral y con cualidades dignas de imitar, respetuoso de la ley y capaz de contribuir al bienestar común de Puerto Rico al máximo de su potencial.

41.   Garantizar los servicios educativos a los niños y jóvenes que cumplen su sentencia en una institución juvenil o institución correccional para adultos.

42.   Mantener a la población informada de forma transparente sobre el desempeño del sistema público de enseñanza. A tales fines utilizará cualquier medio tecnológico disponible.

43.   Ser sensible a las necesidades y realidades de los maestros y procurar que se les ofrezca un ambiente de trabajo donde se promueva su salud y bienestar emocional, garantizando todos los derechos adquiridos previo a la aprobación de esta Ley.

44.   Flexibilizar el uso de las instalaciones educativas para servir en la restructuración, transformación de la comunidad y el aprendizaje permanente.

45.   Proveer herramientas digitales para la medición de la efectividad escolar y del personal docente en todas las escuelas públicas de Puerto Rico.

46.   Proporcionar herramientas digitales para la medición del logro académico de los estudiantes en todas las escuelas públicas de Puerto Rico.

47.   Asegurar la disponibilidad de servicios para estudiantes de educación especial, conforme a las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables.

48.   Asegurar el diseño y la implementación de medidas correctivas del Superintendente Regional y el régimen de administración provisional para las escuelas que así lo requieran, tras el proceso de evaluación correspondiente.

49.   Tomar acciones inmediatas y proactivas ante algún incumplimiento por parte del personal que atente contra la educación o seguridad de los estudiantes.

50.   Desarrollar un Sistema de Datos Longitudinal fundamentado en la visión y misión de los principios rectores del plan estratégico del Departamento, el cual será accesible a las comunidades escolares y proveerá datos precisos y confiables que faciliten la toma de decisiones justificadas en beneficio de los estudiantes.

51.   Hacer disponible la información de forma electrónica de los logros académicos por escuela y por región, así como los cumplimientos con las métricas establecidas, resultados de evaluaciones y uso de fondos, además de asegurar que los Superintendentes Regionales comuniquen a la población dichos resultados.

52.   Anualmente, auditará y hará pública la información sobre:

a.   El progreso de las principales iniciativas educativas del Gobierno;

b.   El número de escuelas de alto rendimiento, y los usos, estrategias y actividades que los llevaron a este rendimiento;

c.   Datos estadísticos sobre las evaluaciones de las metas educativas;

d.   El éxito alcanzado por el sistema educativo; y

e.   Los desafíos existentes en el sistema educativo.

53.   Someter un informe anual al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre los logros, hallazgos y problemas del Departamento.

54.   Revisar los reglamentos del Departamento junto a representación del personal directamente afectado y con la participación de los gremios certificados, cada tres (3) a cinco (5) años para actualizarlos de conformidad a las necesidades del Sistema de Educación Pública.

55.   Garantizar que toda escuela del Sistema de Educación Pública, independientemente de si dicho plantel es administrado por el Departamento o una Escuela Pública Alianza, cuente con bibliotecas administradas por el personal docente necesario y debidamente certificado por el Departamento, durante un horario que facilite el acceso de estudiantes, maestros, padres y la comunidad en general. Las bibliotecas podrán contar con los recursos impresos y equipo tecnológico con Internet de banda ancha para acceder a las diversas fuentes de información. Aquellas escuelas que, a la fecha de aprobación de esta Ley, no cuenten con una biblioteca deberán establecer la misma dentro del término de dos (2) años a partir de la aprobación de la misma. Para cumplir con lo dispuesto en este inciso, el Departamento podrá realizar los acuerdos y alianzas necesarias.

56.   Promulgará por cualquier medio de difusión los alcances de esta Ley, ya sea por la página cibernética de la agencia o cualquier otro medio disponible.

57.   Fomentar la autoevaluación e introspección en la comunidad escolar al iniciar los trabajos con cinco (5) minutos de reflexión en todos los planteles educativos, conforme a la Ley 60-2009.

58.   Establecer un programa de reciclaje en todas las escuelas del sistema.

59.   Publicar anualmente un informe estadístico de los resultados de PCMAS, sin identificar a los maestros, que corrobore la preparación de los nuevos maestros, las universidades a las que pertenecieron y otorgaron el grado.

60.   Establecer conforme a la Ley 119-2017, el Programa Escuela Libre de Drogas y Armas, con el fin de fomentar un ambiente pacífico y seguro en los planteles y zonas escolares del Sistema de Educación Pública.

61.   Tendrá la obligación de implementar en el currículo cursos de lenguaje de señas para el nivel elemental, intermedio y superior, conforme a la Ley 56-2018.

62.   Cumplir con la Ley 146-2013, que establece la “Ley de Igualdad de Oportunidades y Acceso a la Educación Superior”, así como con el Fondo Especial para cubrir el costo de la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU) dispuesto en la misma.

63.   Establecer programas sobre prevención de violencia doméstica dirigidos a estudiantes del sistema público, a padres y madres, adaptado a los diferentes niveles: elementales y secundarios; con énfasis en los aspectos, sociales y emocionales de la violencia doméstica.

64. Diseñará e integrará en el currículo general del sistema público de enseñanza, en todos los niveles, actividades escolares y módulos dirigidos a exponer al estudiantado hacia la economía del conocimiento.

 

Artículo 2.05. — Escuelas Municipales. (3 L.P.R.A. § 9802d)

 

   Las escuelas creadas por un municipio al amparo de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, tendrán su propio ordenamiento. Este consistirá de un Código de Educación aprobado por la Legislatura Municipal y las normas sobre organización y funcionamiento de las escuelas, pautadas por la Junta que ejerza el gobierno del sistema de educación municipal. Las escuelas municipales están fuera del ámbito jurisdiccional del Departamento y su Secretario. No obstante, los municipios podrán participar bajo el modelo de Escuelas Públicas Alianza.

 

Artículo 2.06. — Oficinas Regionales Educativas. (3 L.P.R.A. § 9802e)

 

   Las oficinas regionales del Departamento se convertirán en Oficinas Regionales Educativas y éstas tendrán a su cargo los aspectos de las operaciones departamentales, asumiendo un rol más activo en la toma de decisiones ostentando mayor responsabilidad por el resultado en la administración educativa y académica de las escuelas públicas comprendidas en su región. El Secretario establecerá las guías y la misión y visión que los Superintendentes Regionales deberán utilizar en la administración y ejecución de sus deberes establecidos en esta Ley.

   El Secretario establecerá la estructura organizacional de cada Oficina Regional Educativa mediante reglamento, la cual contará con un Superintendente Regional que estará a cargo de implementar la visión y misión establecidas por el Secretario, para el Sistema de Educación Pública en la Oficina Regional Educativa, hacer recomendaciones al Secretario y ejecutar todos los asuntos académicos y administrativos, tales como, presupuesto, cumplimiento y responsabilidad, servicios al estudiante, asuntos de la comunidad, mantenimiento de instalaciones, por la Autoridad de Edificios Públicos, recursos humanos, asuntos legales, entre otros específicamente delegados por ley o reglamento.

 

Artículo 2.07. — Superintendente de la Oficina Regional Educativa. (3 L.P.R.A. § 9802f)

 

   El Superintendente de la Oficina Regional Educativa se reportará directamente al Secretario. Será responsable de dirigir la Oficina Regional Educativa y de ejecutar los deberes y responsabilidades de la Oficina Regional Educativa según esta Ley, los reglamentos, las guías, visión y misión, así como las normas y directrices promulgadas por el Secretario. Además, el Superintendente Regional deberá asegurar que se cumpla con las leyes del Gobierno de Puerto Rico, las reglas, reglamentos, órdenes, normas, directrices y política pública del Departamento en las escuelas bajo su supervisión.

 

Artículo 2.08. — Deberes y Responsabilidades del Superintendente de la Oficina Regional Educativa. (3 L.P.R.A. § 9802g)

 

   Además de los deberes y responsabilidades que se establezcan mediante reglamento o por directrices del Secretario, el Superintendente de cada Oficina Regional Educativa deberá:

a.   Administrar eficiente y efectivamente la Oficina Regional Educativa de conformidad con el plan estratégico del Departamento, la ley y la política educativa debidamente establecida.

b.   Administrar de forma eficiente y con arreglo a las normas, directrices, reglas, reglamentos promulgados por el Secretario y a las leyes aplicables, los fondos y programas federales y/o estatales, y el presupuesto asignado a la Oficina Regional Educativa.

c.   Contribuir al aumento en el porciento de fondos directamente destinados a los salones de clase y al apoyo de los mismos.

d.   Implementar las normas, directrices, reglas y reglamentos promulgados por el Secretario respecto a las compras y suministros de la Oficina Regional Educativa.

e.   Balancear apropiadamente el número de escuelas y de maestros con el número de estudiantes servidos, previo análisis a tales efectos.

f.   Recopilar, analizar y divulgar al Departamento, la información estudiantil provista por las escuelas, incluyendo, pero sin limitarse a, datos académicos, matrícula, asistencia, tasas de graduación, entre otros.

g.   Tomar decisiones apoyadas o sustentadas en la información y datos recopilados.

h.   Procurar el aumento en el número de escuelas de alto rendimiento para ofrecer a las familias más opciones educativas de alta calidad.

i.   Aprobar el Plan Escolar desarrollado por las escuelas comprendidas en la Región y evaluar anualmente su ejecución.

j.   Establecer con cada Director de Escuela sus deberes y responsabilidades, en cumplimiento con el plan estratégico del Departamento y con el Plan Escolar.

k.   Diseñar y proveer programas y servicios para el desarrollo de los estudiantes, maestros y directores de las escuelas.

l.   Gestionar con las universidades de Puerto Rico la coordinación y revisión de sus ofrecimientos con las necesidades del sistema de educación pública en lo referente a:

1.   La capacitación del maestro en las áreas técnicas de su profesión, lo mismo que en las disciplinas de su especialidad;

2.   El manejo adecuado de la tecnología pedagógica más avanzada;

3.   La preparación del personal gerencial de las escuelas incluyendo el uso de la tecnología;

4.   La capacitación de personal profesional para tareas de apoyo a la docencia; y

5.   El establecimiento de programas de educación continua y de readiestramiento de maestros. Se brindará adiestramientos a los profesionales de la docencia para que éstos puedan identificar asertivamente a los estudiantes dotados, de conformidad con los parámetros, que, a tales efectos desarrolle el Departamento. Disponiéndose que mientras se desarrolle el proceso de capacitación de los recursos en la escuela, los procesos de aceleración académica recomendados por el profesional certificado por el Estado no pueden ser detenidos. Los mismos deberán llevarse a cabo de acuerdo a lo recomendado.

m.   Supervisar la implementación de los currículos, servicios y programas académicos en las escuelas.

n.   Evaluar anualmente al personal de la Oficina Regional Educativa y a los directores de escuelas.

o.   Implementar el sistema de rendición de cuentas para el personal, según las normas, directrices, reglas y reglamentos promulgados por el Secretario.

p.   Implementar las medidas correctivas en las escuelas que incumplan con el Plan Escolar y reflejen un bajo rendimiento cónsonas con ESSA.

q.   Tomar control y administrar provisionalmente aquellas escuelas que así lo requieran, tras el proceso de evaluación correspondiente.

r.   Identificar y atender las necesidades de los estudiantes, incluyendo los servicios de comedor y transportación escolar apropiados.

s.   Coordinar el ofrecimiento de servicios de educación especial en las escuelas.

t.   Promover y viabilizar la participación y los acuerdos colaborativos con la comunidad, el tercer sector y otras entidades que repercutan en beneficio de la comunidad escolar y general.

u.   Facilitar el acceso y uso de los planteles a entidades del tercer sector y sin fines de lucro que ofrezcan servicios o actividades y programas extracurriculares a la comunidad y los estudiantes, como también de forma interagencial para la prestación de servicios.

v.   Revisar semanalmente las bitácoras sobre el comportamiento de estudiantes que se alejen de la norma comunitaria de trabajo en grupo, asociación de pares y comportamientos ajenos al que normalmente exhiben. Deberá notificar al Secretario de forma inmediata para las acciones correspondientes.

 

Artículo 2.09. — Director de Escuela. (3 L.P.R.A. § 9802h)

 

   El Director de Escuela será el encargado de dirigir la escuela y se reportará directamente al Superintendente de su Oficina Regional Educativa.

 

Artículo 2.10. — Deberes y Responsabilidades del Director de Escuela. (3 L.P.R.A. § 9802i)

 

   Además de los deberes y responsabilidades que se establezcan mediante reglamento, el Director de Escuela deberá:

a.   Administrar eficiente y efectivamente la escuela, sus recursos y los fondos destinados a ésta.

b.   Desempeñar sus funciones de conformidad con el plan estratégico del Departamento, el Plan Escolar y con los deberes y responsabilidades establecidos con el Superintendente Regional.

c.   Desarrollar un Plan Escolar, de conformidad con los criterios establecidos por el Secretario, el cual deberá ser aprobado por el Superintendente Regional.

d.   Dirigir la escuela con el fin de mantenerse o convertirse en una escuela de alto rendimiento de conformidad con las guías, visión y misión que establezca el Secretario, promoviendo expectativas de éxito en su comunidad escolar y el cumplimiento de los reglamentos y directrices del Departamento.

e.   Evaluar el personal de la escuela conforme a las normas, directrices, reglas y reglamentos promulgados por el Secretario, respetando siempre los derechos adquiridos por los maestros previo a la aprobación de esta Ley.

f.   Apoyar la implementación de un currículo riguroso, estimulante y coherente.

g.   Implementar los programas académicos, así como los programas para el desarrollo profesional del personal.

h.   Garantizar las condiciones para el desarrollo educativo y socio-emocional de los estudiantes.

i.   Custodiar y mantener actualizados los expedientes de la matrícula de la escuela.

j.   Rendir informes periódicos a la Oficina Regional Educativa pertinentes a la matrícula y gestión educativa de la escuela.

k.   Implementar el sistema de rendición de cuentas, según las normas, directrices, reglas y reglamentos promulgados por el Secretario.

l.   Implementar las medidas correctivas determinadas por el Superintendente Regional.

m.   Promover la colaboración, participación e integración de los padres y la comunidad en la gestión educativa de la escuela.

n.   Propiciar un ambiente educativo seguro, inclusivo y dinámico.

o.   Implementar las medidas disciplinarias a los estudiantes de conformidad con la política pública, directrices, normas, reglas y reglamentos promulgados por el Secretario.

p.   Facilitar el acceso y uso de los planteles a entidades del tercer sector y sin fines de lucro que ofrezcan servicios, actividades o programas extracurriculares a la comunidad y los estudiantes; como también de forma interagencial para la prestación de servicios. Además, coordinar con éstos para llevar a cabo las actividades y promover las mismas entre la comunidad escolar.

q.   Emplear la autonomía conferida en asuntos de:

1.    Supervisión y administración del personal de la escuela, para lograr las metas establecidas;

2.    Adaptación de los programas educativos para servir mejor los intereses de los estudiantes; previa consulta con el Superintendente Regional;

3.    Administración de los recursos asignados a la escuela;

4.    Desarrollo de planes para la seguridad interna de la escuela y un proceso para referir al Departamento de la Familia e informar al Secretario, o a cualquier otra autoridad competente, casos de maltrato de menores que se detecten en la escuela y darle seguimiento a los mismos. A tales fines, creará un plan de seguridad en las escuelas públicas del Gobierno de Puerto Rico, ya sea con la Policía de Puerto Rico, Policías Municipales o con entidades privadas. Para cumplir con esta obligación, llevará a cabo las reuniones que estime pertinentes en caso de utilizar entidades de seguridad gubernamentales o presupuestará el costo de seguridad en caso de ser compañías privadas. Esta disposición será una mandatoria y no discrecional del Secretario;

5.   Desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares con la colaboración de los estudiantes, padres y la comunidad;

6.    Establecer y mantener estructuras adecuadas para un ambiente de aprendizaje positivo;

7.   Establecer y apoyar una cultura de aprendizaje que transmita altas expectativas para los estudiantes;

8.   Coordinar recursos para apoyar las metas escolares y suplir las necesidades de los estudiantes;

9.    Aplicar los reglamentos de normas de conducta y medidas disciplinarias establecidas por el Departamento al personal docente, no docente y al estudiantado.

r.   Establecer una bitácora que detalle los esfuerzos exitosos e infructuosos para lograr las metas.

 

Artículo 2.11. — Maestro. (3 L.P.R.A. § 9802j)

 

   El maestro es el recurso principal del proceso educativo, cuya función primordial es enseñar y educar al estudiante y ser guía y orientador en el proceso de enseñanza y aprendizaje de éste. Sus logros están estrechamente relacionados con su motivación. Para ello, deben contar con el apoyo y los recursos adecuados, tanto tecnológicos como de infraestructura. Por esa razón, los derechos adquiridos por los maestros, previo a la aprobación de esta Ley, serán garantizados por el Secretario del Departamento y el Gobierno de Puerto Rico. Específicamente, aquellos que atiendan su permanencia y retiro.

 

Artículo 2.12. — Deberes y Responsabilidades del Maestro. (3 L.P.R.A. § 9802k)

 

   El maestro trabajará eficientemente para:

a.   Educar y fomentar que los estudiantes alcancen o superen las metas de aprendizaje y que cumplan con los requisitos de rendimiento establecidos por el Secretario;

b.   Atender las necesidades educativas de los estudiantes;

c.   Fomentar la colaboración de los padres en el proceso educativo de los estudiantes;

d.   Preparar a los estudiantes de modo que dominen las habilidades necesarias para graduarse de la escuela secundaria, para continuar estudios postsecundarios y/o para incorporarse a la fuerza laboral;

e.   Informar inmediatamente al Director de Escuela sobre cualquier caso o sospecha de maltrato, de cualquier índole, contra un estudiante;

f.   Cumplir con eficacia las exigencias técnicas relativas a los procesos de aprendizaje y su programación;

g.   Planificar el trabajo docente, organizando la estructura de sus clases para dar el máximo aprovechamiento a la formación de los alumnos y disminuir los conflictos que puedan surgir en clase;

h.   Orientar los estudios fundamentado en dónde, qué y cómo pueden estudiar sus alumnos;

i.   Reconocer el esfuerzo y el éxito de sus alumnos;

j.   Inculcar principios de trabajo en equipo;

k.   Despertar la motivación interna del alumno por el aprendizaje, preparando con esmero las clases y los materiales didácticos con el fin de favorecer el aprendizaje;

l.   Vivir los valores que se quieren transmitir;

m.   Mantener sus registros de una forma precisa, oportuna y completa; y

n.   Contar con las condiciones óptimas para la enseñanza y el aprendizaje al ser proporcionados con:

1.   Los recursos y las condiciones necesarias de trabajo para impartir clase;

2.   Desarrollo profesional fundamentado en la investigación, sus intereses y necesidades de los estudiantes;

3.   Incentivos;

4.   Respeto como profesionales de gran valor para la sociedad;

5.   Flexibilidad y autonomía para diseñar sus procesos de enseñanzas, siempre cónsonos con las leyes, reglas, reglamentos, órdenes, normas y directrices establecidos a estos fines;

6.   Comunidades de aprendizaje entre pares donde puedan intercambiar ideas y buenas prácticas;

7.   Espacio y voz en la mesa de toma de decisiones en las escuelas; y

8.   Aumento en las capacidades profesionales de los educadores a través del desarrollo profesional específico, intensivo y práctico, y el diseño de aprendizaje en red, que permita identificar las necesidades profesionales, especialmente las necesidades socioemocionales, el plan de estudio, la instrucción y la evaluación, así como la alineación de ofertas con estándares y evaluaciones.

   El maestro deberá observar y hacer cumplir los requisitos y responsabilidades establecidos mediante ley, reglas, reglamentos, órdenes, normas y directrices dirigidas a optimizar la calidad educativa.

 

Artículo 2.12(a). — Derechos de los Maestros. (3 L.P.R.A. § 9802l)

 

   Además de los derechos que se establezcan mediante leyes, normas, reglas, reglamentos, convenios y aquellos derechos adquiridos previo a la aprobación de esta Ley, el maestro tiene derecho a:

1.   Recibir un trato justo y respetuoso. El maestro tiene derecho a impartir sus clases en un ambiente sosegado, en armonía y recibir un trato digno, así como respetuoso, por parte de sus compañeros de profesión, Director de Escuela, alumnos y padres;

2.   Respeto a la integridad física y moral;

3.   Actualizar sus conocimientos para mejorar su desempeño profesional y su desarrollo personal;

4.    Respeto a sus convicciones religiosas, morales, ideológicas y a su intimidad en lo que respecta a sus propias convicciones o pensamientos;

5.   A asociarse de forma voluntaria a distintas entidades como colegios profesionales, sindicatos o asociaciones, cónsono con las leyes aplicables.

 

Artículo 2.12(b). — Autonomía Docente del Maestro. (3 L.P.R.A. § 9802m)

 

   El Secretario, los Superintendentes Regionales, los directores de escuela y los consejos escolares validarán la autonomía docente del maestro, que incluye la libertad para: (a) hacer los cambios que estimen pertinentes con el fin de adaptar el temario de los cursos al perfil socio-cultural y geográfico de sus estudiantes, previa aprobación con sus superiores; (b) adoptar la metodología pedagógica que según su juicio profesional suscite mejor el interés y la curiosidad de sus alumnos en los temas bajo estudio; (c) prestarle atención singularizada a estudiantes con discapacidades, al igual que a estudiantes de alto rendimiento académico o con habilidades especiales; y (d) organizar grupos de alumnos para realizar estudios o proyectos especiales relacionados con sus cursos.

   La autonomía docente del maestro se referirá siempre a los temas comprendidos en los cursos que imparte, no a temas o materias marginales a los mismos. Los reglamentos reconocerán la autoridad de los maestros para mantener el orden en sus salas de clases. La autonomía docente que aquí se reconoce, no excusará al maestro de cubrir su curso según éste se establece en el currículo del sistema educativo.

 

Artículo 2.12(c). — Incentivos para la Retención de Maestros de Difícil Reclutamiento. (3 L.P.R.A. § 9802n)

 

   El Secretario establecerá por reglamento, un sistema de incentivos para retener en el salón de clases a los maestros mejor cualificados y de mayor rendimiento en las áreas de difícil reclutamiento. Los incentivos podrán ser licencias para estudios en estas áreas, bonificaciones y otras distinciones que destaquen la valía del maestro y la labor docente.

 

Artículo 2.12 (d). — Preparación de maestros. (3 L.P.R.A. § 9802o)

 

   El Secretario gestionará con las universidades radicadas en Puerto Rico la coordinación de sus ofrecimientos con las necesidades del Sistema de Educación Pública en lo referente a: (a) la capacitación del maestro en las áreas técnicas de su profesión, lo mismo que en las disciplinas de su especialidad; (b) el manejo adecuado de la tecnología pedagógica más avanzada; (c) la preparación del personal gerencial de las escuelas; (d) la capacitación de personal profesional para tareas de apoyo a la docencia; y (e) el establecimiento de programas de educación continua y de readiestramiento de maestros. Se establece, además, la prioridad para solicitar estos servicios a la Universidad de Puerto Rico, sin menoscabo a los ofrecimientos de otras instituciones privadas.

 

Artículo 2.12(e). — Aspirantes a maestros—Examen. (3 L.P.R.A. § 9802p)

 

   Los aspirantes a cualquier posición establecida al amparo de la Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1955, según enmendada, sobre certificación de maestros, y de los reglamentos adoptados en virtud de la misma, deberán aprobar un examen que les cualifique como maestros. El Secretario promulgará las normas que regirán la preparación y administración de estos exámenes. Las puntuaciones en los mismos se tomarán en cuenta a efectos de asignar turnos en los registros de elegibles, al igual que sus otros grados académicos, promedios generales, entre otras cualificaciones que se establezcan.

 

Artículo 2.12(f). — Exención de embargo y ejecuciones. (3 L.P.R.A. § 9802q)

 

   La parte de los sueldos del personal docente del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico correspondiente al sueldo básico de entrada al magisterio estarán exentos de embargo y ejecución, excepto en aquellos casos que una ley estatal, federal u orden judicial disponga de este remedio.

 

Artículo 2.13. — Psicólogo; Funciones; Certificación. (3 L.P.R.A. § 9802r)

 

   El psicólogo en el ámbito de la educación es un profesional en este campo cuyo objetivo es el análisis, reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas, apoyando a los estudiantes a superar los procesos que afectan su aprendizaje y las dificultades de índole personal y de relaciones con compañeros, familiares y maestros. Los psicólogos también asesorarán y actuarán de refuerzo del personal docente en sus estrategias de enseñanza, especialmente en el tratamiento de estudiantes con necesidades educativas especiales y en la solución de conflictos.

   Los psicólogos de las escuelas darán apoyo y servicios tanto al personal docente como al estudiantado directamente. Deberán hacer evaluaciones en el área académica (de aprovechamiento y conocimiento), en las áreas intelectual y emocional. Además, generarán un perfil del estudiante, tanto de sus limitaciones como de sus fortalezas, con el propósito de ayudar al maestro a utilizar estrategias que ayuden al estudiante en el proceso de aprendizaje. Será consultor de los maestros en la búsqueda de nuevas alternativas y facilitará las adaptaciones necesarias para beneficio del estudiante. Podrá identificar posibles problemas del estudiante, intervenir con el mismo y si es necesario, referir el caso a otros profesionales de la salud.

   El psicólogo de las escuelas, tendrá que: (a) desarrollar estrategias de prevención primaria y secundaria dentro del contexto escolar; (b) identificar problemas de aprendizaje y de desarrollo en el estudiantado; (c) participar en el trabajo interdisciplinario de equipo en el desarrollo, implementación y evaluación de programas en el sistema escolar; (d) administrar e interpretar pruebas psicológicas, psicoeducativas, cuestionarios e inventarios; y (e) asesorar a maestros, padres, madres, tutores, encargados y administradores en el análisis, intervención e implementación de estrategias de intervención para la solución de problemas y conflictos escolares.

 

Artículo 2.14. — Creación de la Comisión para el Estudio y Recomendación de la Filosofía Educativa de Puerto Rico (CERFE-PR). (3 L.P.R.A. § 9802s)

 

   Se crea la Comisión para el Estudio y Recomendación de la Filosofía Educativa de Puerto Rico (CERFE-PR), con el fin de hacer recomendaciones al Secretario para la adopción de la filosofía educativa del Sistema de Educación Pública. La Comisión estará compuesta por:

a)   El Secretario o la persona que éste designe;

b)   Un (1) Director de Educación de cada universidad debidamente acreditada en Puerto Rico seleccionado por el Presidente de la institución académica;

c)   Siete (7) maestros, uno por cada región educativa, con Doctorado en Pedagogía en representación del magisterio seleccionado entre sus pares. Para ello, el Superintendente Regional convocará a los maestros que cualifiquen, dentro de un término de diez (10) días contados a partir con la aprobación de esta Ley;

d)   El Subsecretario de Asuntos Académicos del Departamento;

e)   El Presidente de la Comisión con jurisdicción primaria en Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico;

f)   El Presidente de la Comisión con jurisdicción primaria en Educación del Senado de Puerto Rico;

g)   Dos (2) profesores de pedagogía a nivel Doctoral de la Universidad de Puerto Rico seleccionado entre sus pares. Para ello, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico convocará a los profesores que cualifiquen, dentro de un término de diez (10) días contados a partir de la aprobación de esta Ley; y

h)   Los exsecretarios del Departamento que de manera voluntaria quieran participar de la Comisión.

 

Artículo 2.15. — Comité Ejecutivo del CERFE-PR. (3 L.P.R.A. § 9802t)

 

   Se crea un Comité Ejecutivo del CERFE-PR, compuesto por el Subsecretario de Asuntos Académicos del Departamento, quien lo presidirá; tres (3) Directores de Educación de las universidades que formen parte del CERFE-PR, seleccionados entre sus pares, estableciendo que al menos uno (1) será de la Universidad de Puerto Rico; el Presidente de la Comisión con jurisdicción primaria en Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico; el Presidente de la Comisión con jurisdicción primaria en Educación del Senado de Puerto Rico; y un (1) exsecretario del Departamento, escogido entre sus pares.

 

Artículo 2.16. — Deberes y Responsabilidades del CERFE-PR. (3 L.P.R.A. § 9802u)

 

1.   Tendrá el deber de redactar informes de trabajo que contengan sus recomendaciones y sugerencias. Dichos informes deberán estar acompañado de estudios y documentos evidenciarios.

2.   Crear los comités de trabajo necesarios con el fin de que el Secretario de Educación entienda pertinentes para agilizar las labores y rendir los informes correspondientes al Comité Ejecutivo de la Comisión.

3.   El Secretario rendirá un informe con las recomendaciones del CERFE-PR a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico. Dicho informe irá acompañado de un ante proyecto de ley, que recoja la filosofía educativa de Puerto Rico, el cual deberá ser sometido en o antes del 30 de junio de 2018.

 

 

CAPÍTULO III: RECURSOS HUMANOS

 

 

Artículo 3.01. — Sistema de Personal del Departamento de Educación. (3 L.P.R.A. § 9803)

 

a.   El Departamento administrará su propio sistema de personal sin sujeción a la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, ni al Artículo 14 de la Ley 66-2014, según enmendada, conocida como la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. No obstante, el Departamento reconocerá los derechos adquiridos por los maestros previo a la aprobación de esta Ley y adoptará sus reglamentos de personal incorporando el principio de mérito a la administración de sus recursos humanos, según definido por la Ley 8-2017, el cual comprenderá las áreas esenciales al principio de mérito y otras áreas de administración de personal contenidas en las leyes relativas al servicio público. Dicho reglamento contendrá, también, toda otra materia afín, según lo determine el Secretario.

b.   Son áreas esenciales al principio de mérito las siguientes:

1.   Clasificación de puestos;

2.   Reclutamiento y selección de personal;

3.   Ascensos, traslados y descensos;

4.   Adiestramientos; y

5.   Retención en el servicio.

c.   El Departamento deberá someter copia de sus reglamentos a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).

d.   El concepto de la movilidad y el mecanismo establecido por la OATRH para implementar el movimiento de los empleados públicos, según establecido en la Ley 8-2017, según enmendada, aplicará en el Departamento. Disponiéndose, sin embargo, que la movilidad no aplicará a los maestros, directores escolares ni al personal que requiera la certificación de maestro del Departamento.

e.   Los empleados docentes y directores escolares seguirán acumulando la licencia por vacaciones que acumulaban previo a la aprobación de la Ley 26-2017, según enmendada.

f.   El personal docente del Sistema de Educación Pública será nombrado conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y mediante reglamento. Toda convocatoria para llenar un puesto deberá ser abierta al público en general y publicada conforme se disponga por reglamento.

g.   El Departamento tendrá empleados de confianza, empleados de carrera y empleados transitorios.

1.   Los empleados de confianza serán de libre selección y remoción y deberán reunir aquellos requisitos de preparación, experiencia y de otra naturaleza que el Secretario considere imprescindibles para el adecuado desempeño de las funciones asignadas al puesto. Los empleados de confianza son los que intervienen sustancialmente en el establecimiento y la implementación de la política pública en el Departamento o asesoran o prestan servicios directamente al Secretario.

2.   Los empleados de carrera son aquellos que han ingresado en el servicio público a tenor con el principio de mérito y en cumplimiento cabal de lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente y aplicable a los procesos de reclutamiento y selección del servicio de carrera al momento de su nombramiento.

3.   Los empleados transitorios serán contratados para trabajos de duración fija y no tendrán derecho propietario de su posición. Se establece que el Departamento, en aquellas áreas de difícil reclutamiento como los maestros de inglés, matemática, física y química, promoverá la permanencia de los mismos dentro del término de un (1) año, de haber disponibilidad fiscal de la plaza y de estar la misma vacante.

h.   Los derechos de los empleados del Departamento están supeditados a los derechos educativos de los estudiantes, quienes son la razón de ser del Sistema de Educación Pública.

i.   Las determinaciones finales sobre asuntos de personal serán revisadas, a solicitud de parte, en la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación, la cual tendrá jurisdicción primaria para atenderlas.

 

Artículo 3.02. — Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación. (3 L.P.R.A. § 9803a)

 

   La Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación estará compuesta por jueces administrativos contratados por el Departamento, así como por el personal de apoyo que disponga el Secretario para su funcionamiento. La organización y operación interna de la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación será establecida mediante reglamento promulgado por el Secretario. Los jueces administrativos tendrán total independencia en la adjudicación de las apelaciones y/o asuntos ante su consideración. La cantidad de jueces administrativos será determinada por el Secretario, tomando en consideración el cúmulo de apelaciones radicadas, los términos para atenderlas y la disponibilidad de fondos.

   Los jueces administrativos contratados deberán ser abogados con por lo menos tres (3) años de haber sido admitidos al ejercicio de la profesión y con experiencia en el área laboral. Estos no podrán ser empleados del Departamento, ni tener interés personal o profesional que esté en conflicto con su objetividad en los asuntos ante su consideración. Disponiéndose que no se considerará que una persona es empleada del Departamento por el solo hecho de que el Departamento le pague para que desempeñe las funciones de juez administrador.

   Los jueces atenderán las apelaciones de los asuntos de personal, de conformidad con el reglamento de procedimientos y términos que para esos fines promulgue el Secretario.

   Se establece que, a partir de la aprobación de esta Ley, el Departamento tendrá ciento veinte (120) días para realizar la transición de todos los casos que se encuentren en el trámite de apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Se exceptúan de la transición aquellos casos que tienen ante la Comisión Apelativa del Servicio Público señalamientos de vistas en su fondo o aquellos a los que se le celebró la vista en su fondo y no se ha emitido una determinación final. Se ordena, además, que una vez sea resuelto el caso por un juez administrativo, el Departamento no podrá dilatar el proceso de reinstalación del empleado al Departamento cuando haya obtenido una adjudicación favorable. Una vez emitida la Orden, el Departamento tendrá diez (10) días laborables a partir de su notificación para la reinstalación. El incumplimiento de la Orden emitida por un juez administrativo, conllevará el pago doble del salario del empleado desde el momento de la adjudicación, hasta su reinstalación, luego de transcurrido los diez (10) días de haber sido notificada la Orden.

   Se establece, además, que ningún caso contra empleados del Departamento, docentes o no docentes, excepto cuando estén envueltas alegaciones de delitos sexuales o delitos tipificados como graves por el Código Penal de Puerto Rico, deberá exceder de noventa (90) días en el foro administrativo y no más de noventa (90) días en el foro apelativo que se crea mediante esta Ley.

   La Ley 38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, regirá los procedimientos administrativos.

 

Artículo 3.03. — Responsabilidades de funcionarios y empleados del Departamento. (3 L.P.R.A. § 9803b)

 

   El Secretario promulgará un reglamento de normas de conducta y medidas disciplinarias. Los funcionarios y empleados del Departamento vendrán obligados a cumplir y hacer cumplir con su trabajo, las normas y conductas del Departamento y las leyes promulgadas por la Asamblea Legislativa, así como la legislación y reglamentación federal aplicable. El incumplimiento con cualquiera de éstas dará paso a la imposición de medidas disciplinarias que comprenderán desde una amonestación o reprimenda, hasta la destitución del servicio, luego de haberse garantizado el debido proceso de ley.

 

Artículo 3.04. — Evaluaciones. (3 L.P.R.A. § 9803c)

 

   El Secretario establecerá, mediante reglamento, sistemas de evaluación para todos los empleados del Departamento. El resultado de las evaluaciones será un factor determinante para considerar su ascenso, permanencia, pasos por mérito, medidas correctivas o disciplinarias.

   Estas evaluaciones deben medir el desempeño que comprende el establecimiento de compromisos, logros, la apreciación de lo conseguido y las acciones de mejora y reconocimiento. Asimismo, es un instrumento bajo el cual se orientará a los empleados hacia las prioridades estratégicas del Departamento.

   El nuevo sistema de evaluaciones que se establezca mediante reglamento, debe estar fundamentado en los siguientes principios:

 

1.   Evaluación simultánea: Exige la evaluación institucional, grupal e individual de manera conjunta. El personal del Departamento debe estar enfocado en objetivos claros que fomenten la participación del trabajo en equipo y valorar a cada uno de sus integrantes.

2.   Evaluación objetiva: Utiliza bases rectificables y datos no manipulables. Deberá ser obtenida a los mismos rangos o niveles independientes de quien los aplique o los realice.

3.   Evaluación sustantiva: Valora los aspectos sustantivos y no los accesorios. Se refiere al cumplimiento de metas, productividad, calidad del trabajo, entre otros aspectos. También debe considerarse la satisfacción del estudiante.

4.   Generar compromisos: Fomenta el espíritu de responsabilidad y de servicio. Se evalúa el esfuerzo para satisfacer a los estudiantes en el cumplimiento de sus metas educativas.

 

   El proceso de evaluación de desempeño, debe ser bien estructurado y organizado. La reglamentación promulgada a estos fines, contendrá las siguientes fases:

 

a)   Fase de Planificación (comportamientos del sistema, instrumentos, datos, retroalimentación y creación de estímulos);

b)   Fase de Sensibilización (definir la Misión, Visión y Objetivos estratégicos);

c)   Fase Piloto (permitirá ver si se han previsto todos los aspectos y si es necesario hacer cambios para instrumentarlo);

d)   Fase de Operación, Seguimiento y Apoyo (en esta etapa se presume el conocimiento de todos los que han de ser evaluados); y

e)   Fase de evaluación (consiste en hacer una revisión/ evaluación de los resultados con base a los objetivos estratégicos).

 

   El sistema de evaluación del sistema educativo, nos permitirá establecer como política pública, lo siguiente:

 

1.   Mejorar la gestión de cada escuela, contribuyendo a:

a)   Clarificar actividades y responsabilidades de cada persona y del conjunto;

b)   Proporcionar a los directivos un instrumento de planificación y organización de actividades a través de la dirección por objetivos; y

c)   Reforzar las funciones directivas de los puestos de mando a través del liderazgo de los miembros de la comunidad escolar.

2.   Mejorar el desempeño de nuestros docentes y no docentes, facilitando:

a)   El reconocimiento de la actuación del personal;

b)   Otorgar estímulos y bonificaciones a dicha actuación; y

c)   El desarrollo de la comunicación superior-subordinado.

3.    Mejorar la gestión de recursos humanos:

a)   Analizando el nivel de adecuación persona/puesto;

b)   Identificando necesidades de formación; y

c)   Utilizando los resultados en los ascensos correspondientes.

 

   Estas evaluaciones deben extenderse a todos los niveles del Departamento y debe ser:

 

1.   Objetiva, creíble y de fácil utilización;

2.   Facilitadora de la comunicación y el diálogo entre las partes;

3.   Fundamentada en el respeto mutuo;

4.   Apoyada por el Secretario;

5.   Aceptada por los Directivos en toda la jerarquía;

6.   Comprendida y asimilada por los docentes y no docentes;

7.   De continuo desarrollo; y

8.   Parte coherente de las mejores prácticas en el Departamento y el desarrollo de Recursos Humanos.

 

Artículo 3.05. — Prohibición de Nepotismo. (3 L.P.R.A. § 9803d)

 

   No se efectuarán nombramientos a puestos transitorios o regulares en una escuela, de personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o de afinidad con el Director de Escuela, o con miembros del consejo escolar de dicha escuela, excepto que medie la dispensa correspondiente de la Oficina de Ética Gubernamental.

   No se efectuarán nombramientos para el puesto de Director de Escuela, de personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o de afinidad con el Superintendente Regional que corresponda, excepto que medie la dispensa correspondiente de la Oficina de Ética Gubernamental.

 

Artículo 3.06. — Bienestar y salud del empleado. (3 L.P.R.A. § 9803e)

 

   El Departamento será sensible con las situaciones y necesidades de salud particulares de los empleados. Asimismo, velará por ofrecer un ambiente de trabajo seguro y libre de barreras físicas que representen un obstáculo a su movilidad. De igual forma, le mantendrá informado sobre las fechas de solicitud y cierre de planes médicos y proveerá la información suministrada por las aseguradoras en cuanto a planes médicos. Además, coordinará con las agencias e instrumentalidades del Estado, como también entidades del tercer sector, para ofrecer diversas orientaciones y realizar campañas de salud durante el año.

   En el caso de los docentes que tengan una condición de salud diagnosticada como grave o terminal o enfermedad catastrófica, se deberá proveer de inmediato un acomodo razonable, tomando en consideración la cercanía de su hogar o del lugar donde recibe el tratamiento. El empleado deberá suministrar al Departamento un certificado médico que así lo valide.

 

Artículo 3.07. — Seguro Social de los Maestros. (3 L.P.R.A. § 9803f)

 

   Todo maestro de nuevo reclutamiento en el Sistema de Educación Pública tendrá el Seguro Social federal como parte de su compensación y beneficios.

   Para los maestros en el Sistema al momento de entrar en vigor esta Ley, el Secretario tendrá un (1) año para llevar a cabo la consulta mandatoria, que deberá estar fundamentada en el beneficio del maestro y años de servicio, para incluirlos en el Sistema de Seguro Social. De dicha consulta obtener una mayoría a favor, se procederá a separar, destinar y obligar los fondos para su financiamiento en un periodo adicional de un (1) año.

 

 

CAPÍTULO IV: NOMBRAMIENTOS ESPECIALES

 

 

Artículo 4.01. — Nombramientos Especiales. (3 L.P.R.A. § 9804)

 

a.    Superintendente Regional

   El Superintendente de la Oficina Regional Educativa será nombrado por y servirá a discreción del Secretario. Deberá ser ciudadano de Estados Unidos, poseer estudios graduados, y deberá contar con experiencia en educación, finanzas y administración de nivel óptimo que le capacite para la dirección de la Región Educativa. El Secretario podrá sustituir cualesquiera de los tres (3) requisitos, si es una persona con experiencia probada en dirección de escuela por más de diez (10) años.

b.    Director de Escuela

   Sin perjuicio de la posición de carrera que ya ostentan algunos directores de escuela, cuyos derechos serán respetados, los nuevos directores de escuela serán nombrados por el Superintendente Regional de conformidad con las leyes y los reglamentos aplicables. El nombramiento del Director de Escuela será por el término de un (1) año y será renovado por un término de tres (3) años adicionales, sujeto al resultado de las evaluaciones correspondientes y al desempeño de la escuela.

   El aspirante a Director de Escuela deberá estar cualificado, demostrar su capacidad para dirigir una escuela, contar con experiencia pedagógica y cinco (5) años o más como maestro del Sistema de Educación Pública. Su expediente se evaluará a base de su rendimiento en posiciones de similar naturaleza y se considerará su currículum, evaluaciones y referencias provistas. Aquellos aspirantes que cuenten con experiencia en el área de finanzas o en el área administrativa, recibirán una puntuación adicional.

   Al momento de expedirse el nombramiento, la persona designada deberá ser mayor de edad y ciudadano de Estados Unidos, además de cumplir con las cualificaciones y requisitos establecidos por esta Ley, reglas, reglamentos o normas aplicables.

 

c.    Puestos Gerenciales

   Sin perjuicio de la posición de carrera que ya ostentan algunos directores de oficina, superintendentes auxiliares y demás personal gerencial que se reporta directamente al Superintendente Regional, cuyos derechos serán respetados y garantizados, los nuevos nombramientos para dichos puestos serán por el término de un (1) año, que podrá ser renovado sujeto a su desempeño y al resultado de las evaluaciones correspondientes.

 

 

CAPÍTULO V: ASPIRANTES A MAESTROS

 

 

Artículo 5.01. — Requisitos para los Aspirantes a Maestros. (3 L.P.R.A. § 9805)

 

a.   Para ser maestros en el Sistema de Educación Pública, un aspirante deberá poseer un Certificado de Maestro de conformidad con la Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1955, según enmendada. El Secretario adoptará un reglamento mediante el cual se establecerán los requisitos académicos, vocacionales, técnicos, de experiencia profesional y de especialidades relacionados con su profesión, que deberán reunir los aspirantes para ejercer en las distintas categorías de maestros dentro del Sistema de Educación Pública, así como el procedimiento para su reclutamiento. Dichos reglamentos deberán ser revisados cada tres (3) años para actualizarlos acorde a las necesidades del Sistema de Educación Pública.

b.   Los aspirantes deberán certificarse completando un programa de preparación pedagógica - ya sea un programa tradicional o alterno:

1.   Certificación tradicional: Los aspirantes pueden obtener un Bachillerato en Artes o Ciencias que incluya cursos generales de pedagogía, una certificación en un área de enfoque, educación profesional, ciento ochenta (180) horas de práctica y un semestre enseñando o de internado en una escuela.

2.   Rutas alternas para la certificación: Los aspirantes que cuenten con un Bachillerato en Artes o Ciencias, que no tengan los cursos y experiencia pedagógica, pueden completar una de las siguientes tres alternativas para la certificación: i) completar un grado de maestría; ii) un programa de certificación; o iii) un programa de maestro practicante.

c.   Como parte de los requisitos de certificación cada aspirante deberá tomar un examen de aptitud estandarizado en pedagogía, tecnología y en su materia de especialidad. El contenido, grado de dificultad y materias comprendidas en dicho examen deben comparar con la práctica en otras jurisdicciones y reflejar los niveles más altos de calidad educativa.

   El proceso de reclutamiento en cada Región Educativa, se llevará a cabo mediante un Registro de Elegibles y el mismo se utilizará únicamente cuando existan plazas disponibles. La posición del aspirante en el Registro de Elegibles se basará principalmente es un sistema de puntos. Además de los requisitos que serán adoptados mediante reglamento, en el proceso de reclutamiento se deberá tomar en consideración:

1.   Las puntuaciones obtenidas en el PCMAS por los aspirantes;

2.   La preparación académica;

3.   El índice académico;

4.   Los años de experiencia;

5.   Si fue veterano;

6.   Si padece de alguna discapacidad; y

7.   El lugar de residencia.

   Asimismo, se dispone que cuando la sumatoria de los puntos otorgados por el cumplimiento de los requisitos antes mencionados, se encuentre entre: i) 88-118, se le sumarán dos (2) puntos; ii) 119-139, se le sumarán cuatro (4) puntos; y iii) 140-160, se le sumarán seis (6) puntos.

d.   El Departamento debe coordinar con las instituciones educativas la revisión del currículo de preparación de maestros, para que sus ofrecimientos académicos reflejen e integren los cambios necesarios, de forma que los maestros puedan adaptarse a los requerimientos del mundo contemporáneo (aplicación de la tecnología, aprendizaje a base de proyectos, control de grupo, investigación, colaboración y desarrollo de la creatividad) y para que puedan preparar a los estudiantes de forma que sean entes de cambio y motor de la economía y desarrollo cultural de la Isla.

 

 

CAPÍTULO VI: SISTEMA DE ESCUELAS PÚBLICAS

 

 

Artículo 6.01. — Definición y Composición de la Escuela. (3 L.P.R.A. § 9806)

 

   La escuela es la unidad funcional del Sistema de Educación Pública. Está constituida por:

a.   Los estudiantes;

b.   El componente académico, formado por maestros, el personal profesional de apoyo a la docencia y el Director de Escuela;

c.   El componente gerencial, formado por funcionarios administrativos y empleados de oficina y de mantenimiento de la escuela; y

d.   El componente externo, formado por los padres, tutores y encargados de los estudiantes y la comunidad.

   Las escuelas se clasificarán de acuerdo con el nivel de los cursos que imparten como: primarias, segundas unidades, secundarias y postsecundarias.

 

Artículo 6.02. — Actividades y Servicios. (3 L.P.R.A. § 9806a)

 

   La escuela promoverá actividades curriculares y extracurriculares que estimulen el desarrollo académico y personal del estudiante. Para esto, promoverá y entablará acuerdos colaborativos con el tercer sector, agencias e instrumentalidades del Estado, entidades sin fines de lucro, instituciones educativas, empresas privadas, cooperativas, y la comunidad, entiéndase todos aquellos sectores que forman parte del entorno de la escuela. Además, el personal docente y administrativo de la escuela, procurará la participación y colaboración de los estudiantes, padres y la comunidad para la creación de diversos proyectos e iniciativas que impacten positivamente la escuela y enriquezcan la experiencia educativa del estudiante; y que hagan de los planteles centros vibrantes de participación inclusiva.

   La escuela, además:

a)   Proveerá servicios a alumnos con discapacidades como ordenan las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables a esta población, entre las que se encuentra la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”;

b)   Implementará programas remediadores para estudiantes con rezago académico, lo mismo que para estudiantes en riesgo de abandonar la escuela;

c)   Impartirá cursos para estudiantes de alto rendimiento académico o con habilidades especiales;

d)   Prestará servicios de orientación vocacional a su matrícula;

e)   Proveerá servicios de consejería a sus estudiantes para ayudarlos a entender y manejar problemas propios de su edad; e

f)   Implementará alternativas de aceleración y servicios educativos para estudiantes dotados.

 

Artículo 6.03. — Evaluación de la Escuela. (3 L.P.R.A. § 9806b)

 

a.   Las escuelas estarán sujetas a evaluaciones anuales de conformidad al Plan Escolar desarrollado por cada escuela, el cual deberá observar los criterios promulgados por el Secretario y ser aprobado por la Oficina Regional Educativa.

b.   La evaluación considerará el cumplimiento de la escuela con el Plan Escolar, incluyendo las áreas objetivamente medibles y constatables en torno a la calidad y efectividad de la enseñanza en la escuela, tales como tasas de retención, tasas de graduación, tasas de admisión a universidades, aprovechamiento académico, niveles de costo efectividad, resultados en las pruebas estandarizadas, iniciativas de desarrollo de proyectos innovadores, proyectos comunitarios y logros obtenidos por sus maestros y estudiantes, a nivel estatal, federal o internacional.

c.   El Secretario promulgará un reglamento que proveerá las medidas correctivas para intervenir con aquellas escuelas que incumplan con el Plan Escolar o que reiteradamente reflejen un bajo desempeño en su gestión educativa, deficiencias administrativas o irregularidades fiscales. Las medidas correctivas incluirán entre sus alternativas, la toma de control y administración de dichas escuelas por parte del Superintendente Regional.

 

Artículo 6.04. — El Consejo Escolar. (3 L.P.R.A. § 9806c)

 

   Cada escuela tendrá un Consejo Escolar en el que estarán representados los cuatro componentes de la escuela. Las facultades, composición, deberes y responsabilidades del Consejo Escolar serán promulgados por el Secretario mediante reglamento. El número de miembros de cada Consejo Escolar dependerá de la clasificación de la escuela, pero no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de once (11) miembros. Se dispone que al menos uno de los miembros sea un padre, madre, tutor o encargado de alguno de los estudiantes participantes de la institución.

   Los Consejos Escolares adoptarán un cuerpo de reglas para su gobierno; elegirán sus propios oficiales; se reunirán no menos de una (1) vez por mes en horas no lectivas; y cuando lo estimen conveniente, podrán solicitar el asesoramiento profesional o técnico de la Oficina Regional Educativa.

   Los directores de escuela no podrán presidir los Consejos Escolares, pero sí tendrán voz y voto en sus deliberaciones y, como ejecutivos principales de la escuela, implementarán los acuerdos que dichos organismos adopten en relación con asuntos bajo su jurisdicción.

   El Secretario ordenará la disolución de un Consejo Escolar que permanezca inactivo por tres (3) meses o más, o que incumpla con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos adoptados al amparo de la misma. Dispondrá, además, lo que corresponda sobre la elección de un nuevo Consejo Escolar en un término no mayor de treinta (30) días laborables, que comenzará a contar una vez disuelto el Consejo Escolar.

 

Artículo 6.05. — Funciones del Consejo Escolar. (3 L.P.R.A. § 9806d)

 

   Además de las que se establezcan mediante reglamento, el Consejo Escolar tendrá las siguientes funciones:

a.   Adoptar metas educativas para la escuela que sean consistentes con las políticas educativas y las normas estatales de aprovechamiento académico.

b.   Identificar las necesidades educativas de los estudiantes que asisten a la escuela.

c.   Formular un plan de mejoramiento escolar y académico.

d.   Fomentar la participación y colaboración de los padres y la comunidad en la gestión educativa de la escuela.

e.   Proveer alternativas y recomendaciones en apoyo a la gestión educativa.

f.   Participar en el desarrollo e implementación de programas y/o actividades curriculares y/o extracurriculares.

g.   Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar.

h.   Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en la escuela, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

i.   Identificar necesidades particulares de la comunidad escolar y general.

j.   Identificar y establecer alianzas con entidades sin fines de lucro, el tercer sector, instituciones educativas, empresas, agencias e instrumentalidades del Estado para proveer actividades extracurriculares, servicios de salud, y actividades educativas y culturales, entre otros, después del horario lectivo.

k.   Realizar y coordinar campañas preventivas de suicidio, bullying, trata humana y enfermedades contagiosas o para promover estilos de vida saludables.

l.   Evaluar y autorizar la disposición de los fondos, producto de las ventas generadas en los programas de educación agrícola y/o especializados en agricultura, para fines de mejoras a proyectos agrícolas en la finca escolar y para otros fines cónsonos con la ley.

m.   Colaborar en los esfuerzos de comunicación a la comunidad escolar, asegurándose que se cumple con la amplia divulgación por las vías formales y electrónicas, de todo lo relacionado a: los contenidos académicos, currículos, materiales educativos y didácticos, actividades, alianzas, programas, iniciativas y lo relacionado a situaciones de salud, seguridad o emergencias.

n.    Asegurarse de que la participación de los estudiantes en las diversas actividades, alianzas, programas, proyectos e iniciativas, requiere obtener el claro y expreso consentimiento escrito de los padres o tutores legales.

 

Artículo 6.06. — Responsabilidad civil de los miembros del Consejo Escolar. (3 L.P.R.A. § 9806e)

 

   Los miembros de los Consejos Escolares no incurrirán en responsabilidad civil de carácter personal por acciones u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones de sus cargos, según éstas se definen en la ley y los reglamentos que gobiernan el Sistema de Educación Pública. No obstante, ningún Consejo Escolar o miembro de éste, reclamará inmunidad al amparo de este Artículo, por acciones que intencionalmente lesionen derechos reconocidos a miembros del personal docente y no docente del Departamento o a estudiantes del Sistema de Educación Pública.

 

Artículo 6.07. — Consejo de Estudiantes. (3 L.P.R.A. § 9806f)

 

   Cada escuela tendrá un Consejo de Estudiantes. Los estudiantes de cada escuela decidirán sobre la composición de su Consejo de Estudiantes de conformidad con las guías o reglamentos que adopte el Secretario. Este será el representante oficial del cuerpo estudiantil de una escuela ante la Oficina Regional Educativa, el Director de Escuela, el Consejo Escolar, la facultad y la comunidad. En tal capacidad podrá:

a.    Organizar y participar en actividades que enriquezcan la experiencia educativa de conformidad con las normas y reglamentos en vigor.

b.    Expresar opiniones e inquietudes de la comunidad estudiantil y ofrecer alternativas sobre asuntos de interés para la escuela.

c.    Desarrollar y promover la participación estudiantil en la escuela y en la comunidad.

d.    Organizar y establecer cooperativas juveniles junto al personal del Departamento y siguiendo los reglamentos y disposiciones que gobiernan la materia.

e.   Informar al estudiantado sobre las diversas actividades a realizarse en la escuela.

f.    Proponer al Consejo Escolar el establecimiento de clubes, como el de Naciones Unidas, Niños y Niñas Escucha, entre otros, y el ofrecimiento de actividades extracurriculares de su interés.

   El Consejo de Estudiantes será seleccionado cada año durante la segunda semana de septiembre, en votación secreta, por los estudiantes del plantel. El Director de Escuela será responsable del cumplimiento estricto de esta iniciativa.

 

Artículo 6.08. — Ventas de productos agrícolas, obras de arte, bienes muebles. (3 L.P.R.A. § 9806g)

 

   Las escuelas adscritas al programa de educación agrícola, o con programas especializados en agricultura o aquellos programas de autoempleo de estudiantes con discapacidades que permiten fomentarles su capacidad de sostenerse económicamente, manejar dinero, y demás destrezas de transición al empleo, retendrán, en sus cuentas bancarias, el noventa por ciento (90%) del total del producto de las ventas que realicen y podrán utilizarlos para fines de mejoras a proyectos agrícolas en la finca escolar y para otros fines cónsonos con esta Ley, previa autorización del Consejo Escolar.

   Las escuelas con programas especializados en artes visuales, llevarán a cabo anualmente una actividad abierta a la comunidad y al público en general que, entre otros aspectos, provea para la venta del trabajo en artes visuales realizado por sus estudiantes y cuyo resultado constituya una obra de arte. También, se autoriza la venta de productos, bienes muebles, obras y actividades generadas, elaboradas o creadas por estudiantes en otras escuelas con programas especializados, así como vocacionales, técnicas o deportivas. Todo estudiante sujeto a esta Ley recibirá el adiestramiento básico de administración de empresas y mercadeo correspondiente a su área de estudio. Con excepción a lo establecido en el primer párrafo de este Artículo, el producto de las ventas, en prioridad, será destinado para beneficio del estudiante, o en su lugar, mediante el consentimiento expreso del estudiante y sus padres, se utilizará para la compra de materiales necesarios en la creación y la exposición artística en las escuelas de artes visuales; o para generar, elaborar o crear los productos, bienes muebles, obras y actividades en las escuelas vocacionales, técnicas y deportivas de acuerdo con la reglamentación aprobada. Se faculta al Director de las respectivas escuelas, para la aprobación en conjunto de reglas y reglamentos en la implementación de este Artículo.

   Se establece que el producto de cualquier venta de cada programa se distribuirá de la siguiente manera: noventa por ciento (90%) del total del producto de las ventas se destinará para el desarrollo del programa que competa, y el diez por ciento (10%) restante se destinará al fondo de cada escuela para gastos administrativos.

 

 

CAPÍTULO VII: PRESUPUESTO ESCOLAR

 

 

Artículo 7.01. — Presupuesto Escolar. (3 L.P.R.A. § 9807)

 

   Para cumplir con el propósito de esta Ley y para establecer un Sistema de Educación Pública descentralizado, se requerirá que como mínimo, el setenta por ciento (70%) del presupuesto aprobado para el Departamento, sea destinado para la gestión educativa en los salones de clase o actividades relacionadas a éstos.

   El Departamento desarrollará un modelo de presupuesto basado en el costo promedio por estudiante. El Departamento deberá calcular los costos promedio por estudiante para propósitos del presupuesto y la correspondiente asignación de fondos a las Oficinas Regionales Educativas, basado en el número de estudiantes en la Región. Cuando se realice el cálculo del costo por estudiante, el Departamento deberá tomar en consideración los siguientes factores: 1) educación especial; 2) capacitación vocacional; y 3) nivel de pobreza, entre otros factores.

   El Secretario promulgará las guías para la Oficina Regional Educativa, sobre el uso y distribución de los fondos a las escuelas. El Superintendente Regional distribuirá los fondos a las escuelas de conformidad con las guías promulgadas. El Departamento le otorgará autonomía al Superintendente Regional para la distribución de fondos a las escuelas, la cual estará regida por las guías generales promulgadas. El Departamento también distribuirá los fondos federales para gastos a los Superintendentes Regionales de conformidad con las directrices federales.

a.   Presupuesto Escolar Base – El “Presupuesto Escolar Base” de cada escuela pública será el producto de: (i) el Presupuesto Base por Estudiante, como se define a continuación, multiplicado por (ii) la Matrícula Estimada de la Escuela correspondiente a dicha escuela pública, según estimada y certificada por el Director de Finanzas del Departamento, de acuerdo con el siguiente protocolo:

1.   Como parte del proceso presupuestario anual del Gobierno de Puerto Rico, cada Escuela Pública debe informar de forma electrónica al Director de Finanzas del Departamento, la matrícula estimada para dicho año fiscal, utilizando como base el número de estudiantes matriculados en la escuela durante el año escolar corriente. De acuerdo con dichos estimados, el Director de Finanzas, en coordinación con el Superintendente Regional, realizará su propio estimado para la matrícula de cada escuela pública durante el año escolar bajo consideración presupuestaria. El estimado para cada escuela pública se conocerá como el “Estimado de Matrícula Escolar” y la cantidad total de todos los estudiantes estimados a ser matriculados en todas las escuelas públicas se conocerá como el “Número Total de Estudiantes Estimados”. Si la variación entre el estimado por la escuela y el real fuere mayor de tres por cientos (3%), se deberá ajustar en el presupuesto fiscal del año siguiente;

2.   Luego de que se determine el número total de estudiantes estimados, dicha cantidad será utilizada como base para determinar el “Presupuesto Base por Estudiante”. El “Presupuesto Base por Estudiante” significa la cantidad resultante de la división de (i) el “Presupuesto Global Escolar” entre (ii) el número total de estudiantes estimados;

3.   Como parte del proceso presupuestario del Gobierno de Puerto Rico, el Director de Finanzas deberá certificar anualmente a la Asamblea Legislativa la Base Presupuestaria por Estudiante proyectada para al año fiscal bajo consideración y la variación que hubiere en el presupuesto correspondiente al año anterior.

b.   Determinación de Factores de Costo Adicional – De justificarse mediante el uso de datos sobre el sistema, el Director de Finanzas puede aumentar el presupuesto de cualquier escuela pública utilizando los siguientes factores de costo:

(1)    Programas Básicos;

(A) Pre-Kínder a 3er Grado (Elemental);

(B) 4to a 8vo Grado (Intermedia)

(C) 9no a 12mo Grado (Secundaria)

(2)    Programas Extraordinarios;

(3)    Educación Especial;

(4)    Número de estudiantes por salón de clase;

(5)    Condición de las facilidades físicas;

(6)    Programas Vocacionales;

(7)    Programas Especializados;

(8)    Nivel de Pobreza;

(9)   Comunidad aislada; y

(10) Cualquier otro factor determinado por el Director de Finanzas en coordinación con el Superintendente Regional.

   El Director de Finanzas no podrá discriminar contra las Escuelas Públicas Alianza. A tales efectos, utilizará criterios objetivos y llevará a cabo esfuerzos para alcanzar un pareo comparable con las escuelas públicas al asignar fondos de acuerdo con los Factores de Costo Adicional, entendiendo que la meta es proveer al director de escuela los recursos equivalentes a los que suelen tener las escuelas privadas.

 

Artículo 7.02. — Fondos insuficientes. (3 L.P.R.A. § 9807a)

 

   En caso de que la cantidad asignada según la Sección (b) del Artículo 7.04 de esta Ley resulte en fondos insuficientes para cubrir los gastos de una escuela pública específica, el Secretario deberá evaluar dicha escuela para consolidación, después de haber considerado otras estrategias de enseñanza y contacto con el estudiante. El objetivo es reducir los costos sin menoscabar el aprovechamiento académico, conforme a esta Ley, promoviendo así la eficiencia presupuestaria y administrativa del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico.

 

 

Artículo 7.03. — Transparencia presupuestaria. (3 L.P.R.A. § 9807b)

 

a.   Como parte del principio de transparencia presupuestaria, el Secretario debe publicar, anualmente, la siguiente información en la página electrónica del Departamento:

1.   Itinerario de las vistas de presupuesto para cada escuela pública;

2.   Todos los acuerdos de negociación colectiva, o cualquier otro acuerdo alcanzado con los maestros, estableciendo el impacto que ha de tener en las horas contacto entre el estudiante y el maestro, y los días efectivos de escuela;

3.   Un listado detallado de la asignación presupuestaria anual por estudiante y escuela, según estipulado en este Artículo; y

4.   Cualquier otra información que este entienda pertinente.

   Los Directores de Escuela, deberán cumplir con lo dispuesto en este Artículo, publicando la información en los tablones de edicto escolar y de las comunidades.

 

Artículo 7.04. — Desembolso de fondos. (3 L.P.R.A. § 9807c)

 

a.   Los desembolsos al Departamento, de conformidad con este Artículo, son los pagos hechos a nombre del Departamento para Gastos Administrativos.

b.   Desembolsos a escuelas públicas – Se harán desembolsos a escuelas públicas trimestralmente, por adelantado, según estipulado en este Capítulo, con excepción de los pagos de nómina, que serán realizados directamente al Departamento de Finanzas. Los desembolsos y el pago de nómina se publicarán trimestralmente, detallando la escuela, por nivel y por grado, en la página cibernética del Departamento. La información publicada deberá garantizar la confidencialidad de los maestros.

c.   Desembolsos a Escuelas Públicas Alianza – Los Desembolsos a Escuelas Públicas Alianza se realizarán según acordado en la Carta Constitutiva correspondiente y se harán trimestralmente y por adelantado, según estipulado en este Artículo. Los desembolsos y el pago de nómina se publicarán trimestralmente, detallando la escuela, por nivel y por grado, en la página cibernética del Departamento. La información publicada deberá garantizar la confidencialidad de los maestros.

 

 

CAPÍTULO VIII: INSTALACIONES ESCOLARES

 

 

Artículo 8.01. — Autoridad. (3 L.P.R.A. § 9808)

 

a.   El Secretario establecerá mediante reglamento la planificación y estrategias sobre uso, manejo y asuntos presupuestarios de todos los planteles escolares, incluyendo aquellos cuya administración la ostente alguna otra entidad gubernamental.

b.   El Secretario deberá establecer los estándares correspondientes para la construcción, reparación, mantenimiento, inspección y uso de las instalaciones escolares, los cuales deberán:

i.   Ser razonables y prácticos;

ii.   Garantizar la salud y seguridad de los estudiantes y del personal;

iii.   Contribuir al aprendizaje de los estudiantes;

iv.   Estar fundamentados en el desempeño y los objetivos establecidos; y

v.   Ser establecidos de conformidad con un proceso de desarrollo de normas profesionales refrendado por una organización profesional especializada en infraestructura.

   El Secretario deberá a su vez, consultar a la comunidad a impactarse.

c.   El Secretario aprobará los proyectos y planos de construcción de planteles escolares y otras instalaciones del Departamento. Asimismo aprobará los contratos para las obras de construcción o mejoras de las mismas con empresas públicas o privadas, siempre y cuando la localización esté refrendada por un estudio de una entidad ajena y profesional, que establezca la proyección de crecimiento de la zona y la demanda de servicios.

d.   El Secretario, en consulta con los Directores Escolares y los Superintendentes Regionales, promulgará reglamentos operacionales de procedimiento, ejecución y evaluación de condiciones de las instalaciones escolares; o revisará los reglamentos existentes, según sea necesario, para implementar las disposiciones de este Capítulo.

e.   El Secretario podrá crear un comité de consenso para proponer o revisar los estándares y reglamentos, de conformidad con este Capítulo. El comité será nombrado por el Secretario e incluirá diversos intereses, miembros y regiones, incluyendo representantes de las comunidades y Consejos Escolares.

f.    Efectivo el 1 de julio de 2018 y previo al cierre, consolidación y/o reorganización de cualquier escuela, el Secretario deberá preparar un estudio. El referido estudio deberá contener indicadores de medición que permitan la valorización por cada criterio. Tal estudio incluirá la siguiente información con respecto a la escuela de la cual se propone su cierre, consolidación y/o reorganización:

1.   La matrícula actual y proyectada por los próximos cinco (5) años para los alumnos de la escuela impactada;

2.   Condiciones de la infraestructura: año y condición de la planta del edificio escolar, el mantenimiento, mejoras recientes o necesarias para el edificio de la escuela, y las características especiales de dicha construcción, si alguna, incluyendo si dicha escuela es utilizada como refugio durante emergencias;

3.   Indicadores de aprovechamiento académico de la escuela;

4.   Cantidad de empleados por categoría;

5.   Costos operacionales, incluyendo costos por estudiante;

6.   Evaluación del costo-beneficio académico y los ahorros resultantes con el cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela;

7.   Localización de la escuela;

8.   El impacto del cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela en los estudiantes y en la comunidad;

9.   Disposición de la escuela, incluyendo una descripción de cualquier uso propuesto o potencial del edificio para otros programas educativos o los servicios administrativos;

10.   El efecto del cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela sobre las necesidades de personal, los costos de la enseñanza, la administración del transporte y otros servicios de apoyo;

11.   La capacidad certificada de la escuela receptora ubicada en el distrito educativo de la comunidad afectada para dar cabida a los alumnos a partir del cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela;

12.   Manera en la cual se continuará proveyendo los servicios educativos a los estudiantes afectados;

13.   Fecha en la cual se proyecta el cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela;

14.   Una explicación detallada de las razones en las cuales se basa la decisión de cerrar, consolidar y/o reorganizar la escuela;

15.   Cualquier otra información que el Secretario estime pertinente.

   Este estudio estará a disposición del público en el Distrito Escolar de la escuela que se propone cerrar, consolidar y/o reorganizar. También deberá estar disponible a través de la página de Internet del Departamento de Educación. Una copia también deberá ser enviada al Director de la escuela que se propone cerrar, consolidar y/o reorganizar.

   No obstante, lo anteriormente dispuesto, en el caso de que el Secretario determine que el cierre, consolidación y/o reorganización de escuelas es urgente y necesario para la preservación de la salud de los estudiantes o la seguridad general, el Secretario podrá proceder con el cierre temporal de una escuela pública o consolidar o reorganizar la misma. En dicho caso, el cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela sólo se mantendrá vigente por un periodo no mayor de seis (6) meses. Culminado dicho término, el Secretario deberá cumplir con los requisitos de esta Ley para que el cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela pueda extenderse más allá de los seis (6) meses.

 

 

CAPÍTULO IX: ESTUDIANTES

 

 

Artículo 9.01. — Derechos de los estudiantes. (3 L.P.R.A. § 9809)

 

   Los estudiantes deben ser guiados al desarrollo de su personalidad y formados para ser personas competentes, sensibles y autodidactas; seres comprometidos con el bien común, y con mantener y defender, los principios y valores humanos que toda sociedad justa y democrática debe promover. El propósito es desarrollar pensadores críticos con gran profundidad, hombres y mujeres desprendidos y de un carácter resiliente, verticales, genuinos y comprometidos con el progreso y la sustentabilidad de una Isla que los necesita. Por lo tanto, todo estudiante en las escuelas del Sistema de Educación Pública a nivel primario y secundario tiene derecho a:

a.   No ser discriminado por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas, según se establece en el Artículo II, Sección 1 de la Constitución de Puerto Rico.

b.   Recibir una educación de alta calidad y progreso que propicie el éxito estudiantil, incluyendo aquellos niños y jóvenes que cumplen su sentencia en una institución juvenil o institución correccional para adultos.

c.   Todo estudiante, perteneciente al Sistema de Educación Pública, que posea alguna discapacidad física, mental o necesidad especial, tendrá derecho a recibir los servicios necesarios de acuerdo a su condición y a que se le garantice un acomodo razonable acorde con sus necesidades.

d.   Ser evaluado para permitir la entrada a la escuela previo a los cinco (5) años, de haber sido identificado como un niño dotado, lo cual implica la entrada a kínder, primero o segundo grado, según los resultados de la evaluación y recomendación de un especialista certificado por el Estado. A los estudiantes identificados como dotados, se les ofrecerán alternativas de aceleración mediante estrategias integradas al salón de clase regular, así como otras categorías de servicios que correspondan a sus necesidades particulares e impartidos por maestros preparados a estos fines, como por ejemplo, y sin limitarse a, estudios independientes, estudios en el hogar mediante educación mixta (blended) o educación a distancia.

e.   Recibir una educación bilingüe, en la cual se le enseñe a comunicarse con fluidez en al menos los dos idiomas oficiales de Puerto Rico, el inglés y el español. Los estudiantes que sean aprendices de español como segundo idioma o inmigrantes, recibirán los acomodos inherentes a este tipo de aprendizaje de acuerdo a su nivel de comunicación de las lenguas oficiales. Lo anterior no debe interpretarse en ninguna manera como una limitación para las escuelas especializadas en idiomas.

f.   Ser evaluados y calificados a base de los criterios objetivos y razonables que oficialmente establezca el Departamento.

g.   Recibir servicios de transportación y comedor escolar.

h.   Participar de programas y servicios dirigidos al desarrollo y crecimiento del estudiante.

i.   Participar de cursos en instituciones postsecundarias, sujeto a los criterios que se establezcan como parte de los acuerdos colaborativos con dichas instituciones.

j.   Que se evalúe periódicamente el desempeño del Director, personal docente y no docente de la escuela para constatar su ejecución en el cumplimiento con sus deberes y la relación de dicho desempeño con el aprovechamiento académico.

k.   Que se supervisen las labores del salón de clase adecuadamente, para asegurar su dirección y calidad, además del tiempo efectivo de enseñanza (time on-task) y se tomen las medidas correctivas necesarias para maximizar la calidad educativa impartida en la escuela.

l.   Maestros cualificados y en constante desarrollo profesional; que dominen claramente todas las destrezas de enseñanza de la materia que tienen la responsabilidad de impartir; con capacidad para mantener a los estudiantes enfocados en las tareas del día y con estrategias para atender los casos de estudiantes que se extravían en sus deberes.

m.   Disfrutar de un entorno escolar seguro, inclusivo y dinámico.

n.   Participar en organizaciones o asociaciones estudiantiles, consejos, actividades y en otras entidades autorizadas por reglamentos o iniciativas promovidas por el Departamento.

o.   Que se le escuche regular y sistemáticamente, para que pueda expresar sus opiniones oportunamente, en forma ordenada y respetuosa, manteniendo autocontrol, y mientras no interfiera con los procesos de enseñanza de la escuela.

p.   Recibir preparación académica que le lleve al desarrollo personal y capacite para el mundo laboral y para aportar al desarrollo económico de Puerto Rico.

q.   Si es un estudiante zurdo, les será provisto el equipo y materiales necesarios para que pueda recibir satisfactoriamente su aprendizaje.

r.   Que se le expliquen sus deberes y responsabilidades de forma oportuna y con regularidad, así como darle la oportunidad de corregir sus faltas antes de ser reprendidos.

s.   No ser discriminado por discapacidad física o mental; ni por ser víctima de violencia, agresión sexual, acecho, ser un niño sin hogar (“homeless”) o cualquier otro discrimen.

 

Artículo 9.02. — Deberes de los Estudiantes. (3 L.P.R.A. § 9809a)

 

   Además de los deberes y responsabilidades que se establezcan mediante reglamento, todo estudiante en las escuelas del Sistema de Educación Pública a nivel primario y secundario deberá:

a.   Respetar las leyes, reglamentos, normas, instrucciones y directrices emitidas, y explicadas regularmente por las autoridades académicas;

b.   Reflejar una actitud de compromiso y participar proactivamente de su proceso educativo;

c.   Asistir con puntualidad y regularidad a la escuela durante el tiempo lectivo establecido por el Departamento para concluir cada uno de los cursos del programa docente, requisitos de graduación y plan de estudios vigente;

d.   Mantener una conducta decorosa tanto en el horario escolar como en los recesos y otras actividades escolares, que sean celebradas en el plantel escolar o fuera de éste; incluyendo su comportamiento en el transporte escolar;

e.   Conservar, cuidar, proteger y evitar daños a la propiedad pública, equipo, libros y materiales escolares; como también respetar la propiedad privada de sus compañeros de clase, personal escolar o la comunidad en general;

f.   Respetar la libertad de expresión de otros estudiantes, incluyendo, pero sin limitarse, a expresiones sociales, políticas o religiosas; y

g.   No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.

 

Artículo 9.03. — Medidas y Sanciones Disciplinarias. (3 L.P.R.A. § 9809b)

 

a.   Las medidas disciplinarias tomadas por el personal administrativo de la escuela deben encaminarse a lograr un cambio positivo en el comportamiento de los estudiantes de forma que redunde en un ambiente escolar seguro y óptimo para el aprendizaje, como también en una mejoría del desempeño académico del estudiante. El proceso disciplinario debe ser preventivo, gradual, justo y razonable, con el fin de rehabilitar y reeducar, respetando los derechos de toda la comunidad escolar. A tales fines, si se lleva un procedimiento disciplinario contra un estudiante, o una evaluación con el psicólogo o consejero, estos deberán completar la evaluación dentro de un término de quince (15) días, contados a partir del inicio del procedimiento.

b.   Las estrategias utilizadas para atender problemas disciplinarios o conductas nocivas deben estar encaminadas a reparar los daños realizados y a restaurar las relaciones de respeto y sana convivencia que deben imperar en la comunidad escolar, particularmente a reintegrarlo a la misma.

c.   El maestro será responsable del orden institucional dentro del salón de clases y sus alrededores, asegurando el cumplimiento de los estudiantes en este menester. Referirá las situaciones disciplinarias al Director de Escuela, luego que haya agotado todos los recursos a su disposición tales como, pero sin limitarse a: prácticas restaurativas, mediación, entrevistas y reuniones con el alumno, con el encargado, con el equipo interdisciplinario o haber referido al estudiante al maestro de salón hogar, al trabajador social escolar o al consejero profesional, entre otros.

d.   Antes de imponer cualquier sanción o medida disciplinaria, se requiere agotar los recursos de intervención y orientación al estudiante y a sus padres, encargados o tutores. Estas gestiones deben estar documentadas y formar parte del expediente del estudiante. Además, siempre se le debe dar la oportunidad al estudiante sujeto a ser disciplinado y a la otra parte afectada, a expresarse y a ser escuchado de forma ordenada, oportuna y respetuosamente.

e.   La suspensión de un estudiante fuera del plantel escolar es un método disciplinario excluyente, que solo debe usarse en situaciones extraordinarias y solo cuando el bienestar de los estudiantes o la comunidad escolar se pueda ver en riesgo. Bajo cualquier otra circunstancia, los directores deberán optar por medidas disciplinarias no excluyentes como la mediación y las prácticas restaurativas, entre otras.

f.   El Secretario promulgará un reglamento para la disciplina escolar con el fin de asegurar el desarrollo ininterrumpido de las labores del Sistema de Educación Pública y cada Oficina Regional Educativa implementará los métodos disciplinarios que mejor atiendan las necesidades particulares de su matrícula, de conformidad con dicho reglamento. Dicho reglamento estará acorde con las leyes de menores aplicables en nuestra jurisdicción.

g.   Cada Oficina Regional Educativa deberá entregar al personal del Departamento a nivel central, antes del primero de junio de cada año, una copia del código disciplinario que se propone implementar, para que sea revisado y autorizado. Los códigos de conducta carecerán de validez y vigencia, hasta tanto no se haya realizado el referido proceso y se haya notificado a cada Oficina Regional Educativa, en forma escrita, la aprobación de estos.

h.   Ningún estudiante podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del estudiante.

i.   La imposición de medidas disciplinarias deberán ser proporcionales a la falta y tendrán que contribuir a mejorar la conducta del estudiante.

j.   Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del estudiante antes de seleccionar la medida disciplinaria correcta.

 

Artículo 9.04. — Posesión de Armas y Sustancias Controladas en las Escuelas. (3 L.P.R.A. § 9809c)

 

   Todo estudiante que introduzca, distribuya, regale, venda o posea cualquier tipo de arma de fuego o cualquier tipo de sustancia controlada tipificada como tal en la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, en la escuela o sus alrededores, será suspendido por el Secretario por un período no menor de un (1) año en consideración a las circunstancias de cada caso en particular y según el procedimiento establecido mediante reglamentación. A los fines de este Artículo “cualquier tipo de arma” incluye todas las armas de las dispuestas en la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, o cualquier otra ley sucesora, y/o ley federal.

   Por “alrededores de una escuela” se entiende cien (100) metros radiales a contarse desde los límites de la escuela según indicados estos límites por una cerca o por cualquier otro signo de demarcación. El Departamento, en coordinación con las agencias concernidas, le proveerá al alumno suspendido servicios de educación alternos durante el tiempo de su suspensión y, concluido éste, lo ubicará en el nivel y el grado que le corresponda.

   Se aplicarán las disposiciones legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico de ser necesario.

 

Artículo 9.05. — Pertinencia de Programas de Estudio. (3 L.P.R.A. § 9809d)

 

   Los programas de estudio de la escuela se ajustarán a las necesidades y experiencias de sus estudiantes. Los directores, los maestros y los consejos profesionales, cuidarán que los cursos que la escuela imparte:

(a)    Sean pertinentes a la realidad social, cultural y geográfica de sus alumnos.

(b)    Aviven la imaginación y despierten la curiosidad de los estudiantes.

(c)    Le proporcionen a los alumnos la oportunidad de desarrollar la capacidad de observar y razonar.

(d)    Adiestren a los estudiantes en la búsqueda de información a través de medios tradicionales y de medios electrónicos. A tales efectos, todos los salones de clase en las escuelas públicas deberán usar plataformas de estudio (LMS), siempre que los recursos fiscales lo permitan, para que los estudiantes adquieran destrezas de IT, proveyendo a su vez, actividades de aprendizaje en literacia tecnológica, la cual estará integrada a los currículos de enseñanza del sistema público de educación.

   El Departamento deberá realizar un estudio de vulnerabilidad y sostenibilidad de los sistemas e infraestructura tecnológica que apoyan los servicios educativos en las escuelas adscritas al mismo, al menos cada cinco (5) años. El estudio permitirá entender el funcionamiento de los sistemas a nivel tecnológico y operacional, al igual que identificar costos asociados a la operación y el mantenimiento de la infraestructura (Cost of ownership).

   El estudio proveerá un inventario de los componentes de la infraestructura como lo son: equipos y facilidades, estado operacional, vulnerabilidades técnicas y energéticas, estados y costos de mantenimiento y licenciamiento. Además, identificará los recursos humanos y económicos dedicados a la operación de la infraestructura, mediante la identificación de procedimientos y políticas que rigen la operación de los sistemas.

   Deberá someter a la Asamblea Legislativa, antes del 30 de junio de 2019, un reporte que identifique todos los componentes de infraestructura, costos operacionales y recursos dedicados a los mismos. El informe deberá establecer si la infraestructura actual es apta para apoyar las iniciativas y los retos actuales y futuros del Departamento. El reporte debe también comprender y analizar recomendaciones para la optimización y mejoras del mismo en un plazo de cinco (5) años.

(e)   Promuevan el desarrollo físico saludable a través de requisitos de participación en los cursos de educación física y en la práctica del deporte.

(f)   Les permitan a los alumnos ampliar su vocabulario y desarrollar las destrezas de la comunicación oral y escrita, tanto en español como en inglés.

(g)   Les brinden a los estudiantes información u orientación sobre el desarrollo del ser humano; relaciones de familia; problemas del adolescente; y finanzas personales.

(h)   Desarrollar en el estudiante las destrezas del aprendizaje.

(i)   Cuenten con programas dirigidos a atender las necesidades académicas del estudiante dotado, sus intereses y necesidades psicosociales particulares que puedan incidir con su desarrollo holístico e integración social mediante alternativas de aceleración, enriquecimiento, agrupación, y otros modelos curriculares que le permitan recibir el aprendizaje a base de su crecimiento cognitivo individualizado.

(j)   Incluyan valores universales como la confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, la bondad y el civismo, sin interferir con los objetivos de la escuela, con el fin de lograr una educación integrada, desarrollando atributos positivos del carácter y destrezas sociales y emocionales, fundamentales para la vida cotidiana.

(k)   Propendan en el estudiante un amplio desarrollo de competencia intercultural.

(l)   Les proporcionen a los estudiantes el dominio de destrezas de ejecución y pensamiento, así como habilidades para cumplir con el currículo establecido.

 

Artículo 9.06. — Educación física. (3 L.P.R.A. § 9809e)

 

   Las escuelas proveerán a todos sus estudiantes con un mínimo de tres (3) horas semanales de educación física. Se garantizará un maestro de educación física en cada escuela. Para el caso de escuelas con más de doscientos cincuenta (250) estudiantes, se nombrarán maestros adicionales por cada doscientos cincuenta (250) estudiantes o fracción. Disponiéndose, además, que, de conformidad a los recursos fiscales disponibles, se incluya la integración de instrumentos de tecnología moderna para proveer información sobre la educación física a los estudiantes. Se entenderán como instrumentos de tecnología moderna las computadoras, equipos de comunicación y equipos audiovisuales, entre otros.

 

Artículo 9.07. — Acoso Escolar (Bullying). (3 L.P.R.A. § 9809f)

 

   Queda terminantemente prohibido todo acto de acoso escolar, hostigamiento e intimidación a estudiantes dentro de la propiedad o predios de las escuelas, en áreas circundantes al plantel, en actividades auspiciadas por las escuelas y/o en la transportación escolar.

a.   Acoso (Bullying): Para que una situación o incidente disciplinario sea catalogado como acoso escolar, deben estar presentes los siguientes elementos: i) patrón de acciones verbales, escritas o físicas continuas, repetitivas e intencionales, por uno o más estudiantes; ii) dirigidas a causar daño o malestar; y iii) en donde hay un desbalance de poder real o percibido por la víctima. No podrá definirse como acoso escolar los incidentes de violencia interpersonal o conflictos entre pares en el escenario escolar en los que no estén presentes los elementos antes descritos.

b.   Acoso Cibernético (Cyberbullying): El acoso escolar podría darse mediante una comunicación o mensaje realizado a través de medios electrónicos, que incluye, pero no se limita a, mensajes de texto, correos electrónicos, fotos, imágenes y publicaciones en redes sociales mediante el uso de equipos electrónicos, tales como, teléfonos, teléfonos celulares, computadoras, y tabletas, entre otros dispositivos electrónicos.

c.   Deber de Notificar: Toda persona que advenga en conocimiento de una situación de acoso escolar entre estudiantes, deberá notificarlo al personal escolar para que éste haga la evaluación y determinación pertinente para catalogar el caso como uno de acoso escolar. Si de la evaluación, se determina que no hubo acoso escolar, se deberá someter un escrito al efecto con el razonamiento que llevará a tal decisión y sustentado con prueba evidenciaria. El personal escolar deberá informar a las autoridades de ley y orden pertinentes, aquellos casos de acoso escolar en los cuales identifique un riesgo a la seguridad y bienestar del estudiante o comunidad escolar. Además, deberán tomar las medidas cautelares que entiendan necesarias. Estas acciones deben realizarse en coordinación con el personal regional, siempre y cuando las circunstancias así lo permitan y siguiendo los protocolos establecidos por ley o reglamentos.

d.   Dilucidación de Incidentes: De ordinario, los incidentes de acoso escolar deben ser atendidos por el personal escolar buscando reparar los daños causados, restaurando cualquier relación lacerada entre los miembros de la comunidad escolar, rehabilitando las partes involucradas y siguiendo los protocolos y reglamentos pertinentes. De ser necesario, comenzarán los procesos para canalizar la situación ante las autoridades pertinentes.

e.   Casos que involucren Estudiantes de Educación Especial: En los casos en que estén involucrados estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento, las instituciones educativas se regirán por los procedimientos disciplinarios contenidos en el “Manual de Procedimiento de Educación Especial”.

f.   Deber de Informar: El Secretario, a través del personal autorizado, le informará a todos los estudiantes del Sistema de Educación Pública, de las disposiciones de esta Ley y/o los reglamentos o normas relacionadas a la prohibición contra el bullying. Se autoriza al Secretario a facilitar estos documentos a toda escuela privada en Puerto Rico, para cumplir con la política pública dispuesta en nuestro ordenamiento para erradicar el hostigamiento y la intimidación dentro de las instituciones educativas.

g.   Todo estudiante, personal o voluntario de las escuelas públicas que someta un informe realizado de buena fe, que contenga algún relato sobre la incidencia de hostigamiento o intimidación, a alguno de los estudiantes, por parte de un abusador (bully), estará protegido de cualquier acción en daños o represalia que surja como consecuencia de reportar dicho incidente.

h.   El Superintendente Regional, en coordinación con los directores escolares y los Consejos Escolares, proveerá a los empleados y estudiantes de las escuelas públicas la oportunidad de participar en programas, actividades y talleres de capacitación, diseñados y desarrollados para adquirir conocimiento y herramientas sobre la política pública, establecida en este Artículo, sobre el hostigamiento e intimidación entre estudiantes o el personal escolar. De la misma manera, los trabajadores sociales y los consejeros profesionales tendrán la responsabilidad de orientar a los estudiantes en torno al problema del hostigamiento e intimidación, y ofrecerán consejería tanto a las víctimas de esta conducta, como a los abusadores (bullies).

i.   El Secretario someterá a la Asamblea Legislativa un informe anual, por escuela, de casos notificados de bullying.

 

Artículo 9.08. — Estudiantes con Asma, Diabetes u otras Condiciones de Salud. (3 L.P.R.A. § 9809g)

 

   Se dispone que el Secretario de Educación emitirá una Carta Circular que establezca la política pública del Departamento relacionada a los estudiantes con asma, diabetes u otras condiciones de salud que los afecten.

   Por medio del Programa de Enfermería Escolar y Salud, y tomando como guía la Carta Circular emitida por el Secretario a estos fines, cada Oficina Regional Educativa establecerá e implementará un programa para el manejo de las condiciones asmáticas, de las condiciones diabéticas, de las deficiencias en la capacidad auditiva, de las deficiencias en la capacidad visual, y de las emergencias médicas que a consecuencia de estas condiciones puedan sufrir los estudiantes que padecen de ellas, en los planteles escolares del Sistema de Educación Pública. Mediante este programa, cada Superintendente Regional deberá velar por que la salud de los niños matriculados en el Sistema de Educación Pública, no esté expuesta a situaciones desfavorables y desgraciadas por la falta de orientación, para la prevención y atención adecuada y oportuna para su particular situación de estado de salud. De igual forma, el Secretario, en coordinación con el Departamento de Salud, el Programa Head Start del Departamento de la Familia y los profesionales en el campo de la salud en el sector privado designados por éste, diseñará y adoptará mediante reglamento un protocolo para atender situaciones de emergencias médicas de los estudiantes, relacionadas a las condiciones de salud incluidas en este inciso, el cual debe incluir, pero sin limitarse a:

a.   Adiestrar a los maestros y personal escolar sobre cómo identificar una situación de emergencia relacionada a las condiciones de salud mencionadas en este inciso, sus signos y sus síntomas, y a quién contactar inmediatamente en caso de una situación de emergencia. Dichos adiestramientos se realizarán anualmente.

b.   Adiestrar a los maestros y personal escolar sobre cómo asistir y velar por la automedicación de manera correcta a los estudiantes que para ello estén facultados por virtud de la Ley 56-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Tratamiento de Estudiantes que Padecen de Asma, Diabetes u otra Enfermedad” y sus reglamentos, en caso de que éstos sufran de un episodio o emergencia médica relacionada a su condición.

   El incumplir con las disposiciones de este Artículo podrá conllevar sanciones, de conformidad con las normas, directrices, reglas y reglamentos promulgados por el Secretario.

 

Artículo 9.09. — Programa discrecional de capacitación a estudiantes de escuela pública relacionado con el movimiento de escutismo. (3 L.P.R.A. § 9809h)

 

   El movimiento de escutismo es uno de autoeducación para niños y jóvenes. Este movimiento ayuda a que los participantes desarrollen sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales, sociales y espirituales, ya sean como individuos y como miembros de la sociedad, encaminándolos a construir un mundo mejor. El escutismo no sustituye el ofrecimiento de la escuela, sino que lo complementa ayudando en las áreas, que por falta de recursos, en ocasiones no logran cubrir. El objetivo del movimiento con la educación es que se entienda como una opción para contribuir al pleno desarrollo de una persona autónoma, solidaria, responsable y comprometida.

   Las escuelas públicas establecerán discrecionalmente programas de capacitación a estudiantes relacionados con el movimiento de escutismo. Los materiales educativos y actividades relacionadas a la educación sobre el escutismo y los valores que promueve esta iniciativa cívica, podrán integrarse al currículo de estudios sociales o a cualquier otro currículo educativo, según resultare más conveniente, a los fines de promover el movimiento escutista. Asimismo, las escuelas participantes en lo aquí dispuesto, auspiciarán la formación de Tropas de Niños y Niñas Escuchas en dichas escuelas, con la cooperación de padres y de líderes comunitarios.

 

Artículo 9.10. — Servicios relacionados a la salud. (3 L.P.R.A. § 9809i)

 

   El Departamento establecerá alianzas con entidades del tercer sector y agencias e instrumentalidades del Estado que ofrezcan servicios relacionados a la salud para realizar talleres y campañas educativas sobre estilos de vida saludables, buenas prácticas nutricionales, condiciones de depresión y de prevención de enfermedades contagiosas y del suicidio. De igual forma, se coordinará con estas entidades para la vacunación de estudiantes, con el consentimiento de sus padres, en épocas de alto contagio. Se debe promover, además, campañas de orientación al inicio del año escolar sobre la importancia de la salud oral, la cual será coordinada junto al Departamento de Salud, la Escuela Dental del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y cualquier otra entidad o compañía relacionada a la salud oral.

 

CAPÍTULO X: EDUCACIÓN ESPECIAL

 

 

Artículo 10.01. — Derechos de los estudiantes de educación especial. (3 L.P.R.A. § 9810)

 

   Todo estudiante, perteneciente al sistema público de enseñanza, que posea alguna condición o discapacidad física, mental o sensorial tendrá derecho a recibir los servicios necesarios de acuerdo con su condición, conforme a la legislación federal y local vigente con sujeción a lo dispuesto en las leyes federales y estatales relacionadas a los estudiantes con discapacidades. Así pues, es política pública del Departamento de Educación que el estudiante con discapacidad recibirá una educación pública, gratuita y apropiada, fundamentada en una evaluación diseñada especialmente para atender sus necesidades particulares, en el ambiente menos restrictivo.

   Las disposiciones aquí contenidas son complementarias a cualquier otra establecida para la atención de los estudiantes con discapacidades.

 

Artículo 10.02. — Transición e integración. (3 L.P.R.A. § 9810a)

 

   Los programas del Departamento asegurarán una transición apropiada de los estudiantes en sus distintas etapas. Estos procesos facilitarán a la persona con discapacidad su adaptación o integración a un nuevo ambiente, desde las etapas de intervención temprana a la preescolar; a la escolar; al mundo del trabajo; a la vida independiente, o a la educación post-secundaria.

   En ese sentido, los servicios educativos brindados y los acomodos para la población de educación especial se brindarán, en la medida que las particularidades y necesidades del estudiante lo permitan, en la sala de clases con sus compañeros de la corriente regular. El maestro deberá colaborar y viabilizar la integración del estudiante de educación especial en el salón de clases.

 

Artículo 10.03. — Inclusión en la sala de clases. (3 L.P.R.A. § 9810b)

 

   El sistema educativo público será uno inclusivo, en el que los estudiantes elegibles al programa de educación especial estarán beneficiándose de ambientes acorde con sus necesidades y capacidades. Los servicios educativos y relacionados se darán en el ambiente menos restrictivo posible para el estudiante que los va a recibir.

   Se prohíbe el establecimiento de procesos de matrícula en las escuelas del sistema público que tomen en consideración la discapacidad de un estudiante.

   Los maestros incluirán continuamente actividades encaminadas a sensibilizar a los estudiantes sobre las necesidades, realidades y particularidades de la población de educación especial de forma que se fomente en el estudiante una actitud empática y de comprensión. De igual forma, los directores, en colaboración con el consejo escolar y con entidades sin fines de lucro, del tercer sector y otras empresas y corporaciones, llevarán a cabo actividades y orientaciones para los mismos fines.

 

Artículo 10.04. — Obligación del Personal Escolar. (3 L.P.R.A. § 9810c)

 

   Es obligación de todos los funcionarios del Departamento garantizar y proteger los derechos de los estudiantes de educación especial facilitando y viabilizando los servicios educativos y acomodos que se le ofrecen. Una vez identificado el servicio, se someterá a la autoridad pertinente en un término no mayor de setenta y dos (72) horas laborables. De igual forma, se deberá tomar la determinación en un término que no exceda de setenta y dos horas (72) laborables, contados a partir del recibo de la solicitud de servicios. El Departamento deberá cumplir con el servicio en el menor tiempo posible, el cual no deberá exceder de sesenta (60) días laborables, salvo circunstancias extraordinarias. A su vez, deberá notificar al padre, madre, tutor o encargado de las gestiones realizadas para la adquisición del equipo.

 

Artículo 10.05. — Procesos administrativos. (3 L.P.R.A. § 9810d)

 

   Los procesos administrativos de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos deben ser eficaces y ágiles, de forma que no dificulten u obstaculicen el derecho a la educación de esta población y los servicios que recibe.

 

Artículo 10.06. — Programa de Educación Especial. (3 L.P.R.A. § 9810e)

 

   El Departamento y sus Oficinas Regionales Educativas cumplirán con mantener un programa de educación especial acorde con los estándares establecidos por la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos.

   Cada Oficina Regional Educativa garantizará el diseño y redacción de un Programa Educativo Individualizado (PEI) para cada estudiante bajo el programa de educación especial. El programa educativo individualizado es un documento escrito que será diseñado, revisado y redactado por el equipo multidisciplinario que conforman el Comité de Ubicación y Planificación (COMPU), a tenor con lo dispuesto en IDEA y su Reglamentación aplicable. Con ello se establecerán los servicios educativos especializados y los relacionados que recibirá cada estudiante y a los que el Departamento y sus Oficinas Regionales Educativas quedarán obligadas.

   El Departamento debe asegurar la disponibilidad de los equipos multidisciplinarios especializados necesarios para diseñar el PEI de acuerdo a las necesidades específicas de los estudiantes.

 

Artículo 10.07. — Programas Académicos. (3 L.P.R.A. § 9810f)

 

   Se ordena que cada programa académico del Departamento tome en cuenta la población de educación especial. El servicio en nuestras escuelas debe estar acorde a las necesidades de nuestros estudiantes en un ambiente inclusivo, responsabilidad que recae en el Director Escolar.

   Lo anterior se deberá llevar a cabo sin menoscabar la autonomía académica de la Secretaría Auxiliar de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos para desarrollar programas especializados para los estudiantes con discapacidad.

 

Artículo 10.08. — Diploma Modificado y Certificación. (3 L.P.R.A. § 9810g)

 

   El estudiante que recibe los servicios de educación especial y que participa en la corriente regular alcanzando los requisitos de graduación de secundaria, recibirá el diploma de graduación que otorga el Departamento al completar su cuarto año. El Departamento desarrollará los mecanismos necesarios para otorgar un diploma modificado o certificación, según dispone la Ley 53-2016, conocida como “Ley para la Certificación de Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-empleo para Estudiantes con Impedimentos”, para aquellos estudiantes que, por razón de su discapacidad, no logren alcanzar las competencias académicas requeridas, bajo un diploma general de secundaria, pero logran prepararse para el ejercicio de un oficio. A través de este diploma modificado o certificación se evidenciarán las habilidades, talentos, destrezas y competencias que posee la persona con discapacidad, que demuestre sus cualificaciones para el empleo. En el caso de los diplomas modificados, estos deberán ser aceptados por las instituciones educativas superiores, cuando el estudiante determina continuar sus estudios hacia una carrera vocacional o técnica. Se dispone además, que el Departamento deberá otorgar un Diploma Modificado a aquellos estudiantes del Programa de Educación Especial que aprueben los créditos en cursos generales.

 

Artículo 10.09. — Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional. (3 L.P.R.A. § 9810h)

 

A.   Querellas

   El Departamento mantendrá un sistema de querellas centralizado para atender, en primera instancia, todas las controversias surgidas en torno a los servicios de educación especial. Este mecanismo estará disponible para los padres, estudiantes y funcionarios. Lo anterior sin el menoscabo del derecho que se tiene de acudir al tribunal. A tales efectos, el Secretario queda expresamente facultado para promulgar la correspondiente reglamentación.

   El Secretario queda expresamente facultado a promulgar la correspondiente reglamentación, incluyendo la autoridad de otorgar honorarios de abogado a aquella parte prevaleciente en el proceso de conformidad con el ordenamiento legal aplicable.

B.   Remedio Provisional

   Se establece un mecanismo de remedio provisional que asegurará proveer al padre, madre, tutor o encargado la alternativa de contratar un servicio relacionado que el Departamento no haya podido proveerle al estudiante por falta de disponibilidad o agilidad en la coordinación o prestación. Para poder activar este mecanismo de provisión de servicios, el servicio deberá estar contemplado en el Programa Educativo Individualizado.

   El Secretario queda facultado a establecer las normas para la operación de este mecanismo y para la contratación de proveedores de servicios, incluyendo el cumplimiento con la provisión de información y estándares del servicio contratado. A su vez, se autoriza el establecimiento de tarifas basadas en el comportamiento del mercado, con sujeción a lo dispuesto en las leyes y reglamentos federales y estatales relacionados a los derechos de las personas con discapacidad.

 

Artículo 10.10. — Registro de Asistentes de Servicios Especiales. [Nota: La Ley 113-2019 añadió este nuevo Art. 10.10 y renumeró los subsiguientes]

 

   La Secretaría Auxiliar de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos creará y actualizará constantemente un denominado “Registro de Asistentes de Servicios Especiales”, el cual contendrá la información de todo aquel trabajador que se haya desempeñado como Asistente de Servicios Especiales en el Departamento de Educación.

   Específicamente, el Registro contendrá la siguiente información:

(a) Nombre e información necesaria para contactar de manera inmediata al trabajador;

(b) Certificación de cumplimiento de los requisitos sobre reclutamiento y selección para poder desempeñar un empleo en el servicio público;

(c) Información relativa a las áreas o regiones donde ha desempeñado sus funciones previas como Asistente de Servicios Especiales;

(d) Evaluaciones previas por los servicios prestados; y

(e) Cualquier otra información que se estime necesaria y que adelante los propósitos del Registro aquí creado.

   Se dispone que, si el Asistente de Servicios Especiales cumple con los requisitos para formar parte del Registro, pasará a formar parte del mismo y, de existir la necesidad del servicio, será contactado de manera inmediata.

   La Secretaría Auxiliar dispondrá, mediante reglamentación, la documentación mínima necesaria para formar parte del Registro y de la información que deberá ser actualizada conforme a lo aquí establecido. A tales fines, queda facultada para adoptar toda la reglamentación necesaria relacionada con las convocatorias en estos casos, documentación y vigencia de las pruebas de detección de sustancias controladas, entre otros elementos necesarios para cumplir con los propósitos de este Artículo.

 

Artículo 10.11. — Informes y Monitoreo. (3 L.P.R.A. § 9810i)

 

   La Secretaría Auxiliar de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos, deberá mantener un mecanismo de monitoreo y recopilación de datos centralizados.

   Los funcionarios del Departamento, proveedores de servicios y demás individuos u organizaciones relacionadas con la provisión de servicios de educación especial, deberán cumplir a cabalidad con proveer toda la información que se les solicite en el formato y mecanismo establecido.

   La información a ser provista debe permitir evaluar y asegurar el servicio educativo a cada estudiante con discapacidad.

 

Artículo 10.12. — Presupuesto. (3 L.P.R.A. § 9810j)

 

   La Secretaría Auxiliar de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos, tiene la encomienda de, basado en las necesidades de los estudiantes y las obligaciones para con estos, desarrollar la petición presupuestaria que asegure el cumplimiento con los servicios a esta población con discapacidad.

   El Departamento, de acuerdo a los recursos asignados para atender las necesidades de los estudiantes, debe realizar asignaciones a las oficinas regionales educativas que aseguren el cumplimiento con la obligación educativa y los servicios relacionados para los estudiantes.

 

Artículo 10.13. — Penalidad. (3 L.P.R.A. § 9810k)

 

   El incumplimiento con los servicios de educación especial conlleva un gran impacto en la vida de un estudiante. Ante ello, la acción u omisión en el descargo de sus funciones que conlleve la falta de servicios a un estudiante será causa suficiente para la destitución inmediata de un empleado o funcionario, o la cancelación inmediata de un contrato de servicios.

 

CAPÍTULO XI: PADRES, ENCARGADOS Y COMUNIDAD EN GENERAL

 

 

Artículo 11.01. — Derechos de los padres, tutores y encargados. (3 L.P.R.A. § 9811)

 

   Reconocemos que la libertad de los padres, tutores o encargados para dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos es un derecho fundamental. El Sistema de Educación Pública buscará integrar a los padres, tutores o encargados en todo el proceso educativo de sus hijos, estableciendo que la escuela tiene una función subsidiaria, no sustitutiva, de la responsabilidad paterna y materna. Por tanto, los padres, tutores o encargados de los estudiantes del Sistema de Educación Pública, tendrán derecho a:

a.   No ser discriminado por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas, según se establece en el Artículo II, Sección 1 de la Constitución de Puerto Rico.

b.   Recibir información sobre el desempeño académico del estudiante y todo lo concerniente a su educación.

c.   Recibir regularmente y tener acceso a la información sobre el desempeño académico y administrativo de la escuela, de manera clara y transparente.

d.   Exigir calidad educativa en beneficio de los estudiantes, lo que incluye ciento ochenta (180) días de contacto de seis (6) horas diarias de su hijo, con un maestro calificado para enseñar la materia y en el nivel que cursa.

e.   Exigir un entorno escolar seguro, inclusivo y dinámico.

f.   Solicitar los servicios de transportación, comedor, servicios de salud, de estudios individualizados, acomodo razonable y cualquier otro servicio provisto por el Departamento para atender las necesidades del estudiante. Cualquier denegación o tardanza se le debe explicar claramente.

g.   Que se le dé oportunidad, por lo menos una vez al mes y en ocasiones de emergencia o crisis, para expresar sus opiniones oportunamente en forma ordenada y respetuosa, manteniendo autocontrol, mientras que no interfiera con los procesos de enseñanza de la escuela.

   Seleccionar, de forma exclusiva, la forma y manera que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y afectividad.

 

Artículo 11.02. — Deberes de los Padres, Tutores y Encargados. (3 L.P.R.A. § 9811a)

 

   Los padres, tutores o encargados de los estudiantes del Sistema de Educación Pública deberán:

a.   Involucrarse activa y continuamente en la gestión educativa de los estudiantes al fomentar el aprendizaje, participar de las actividades escolares, asistir a las reuniones de padres y maestros y citaciones del personal de apoyo y administrativo.

b.   Solicitar oportunamente reuniones con los maestros y con el Director de la Escuela.

c.   Reconocer y respetar la autoridad escolar, así como las leyes, reglamentos y directrices que gobiernan la escuela; como también seguir y cumplir con las mismas.

d.   Evitar interferir y obstaculizar el proceso de aprendizaje del estudiante. El Departamento deberá, a esos efectos, notificar al padre, tutor o encargado las situaciones, actuaciones u omisiones que interfieren y obstaculizan el proceso de aprendizaje del estudiante.

e.   Completar el proceso de matrícula puntualmente cumplimentando o entregando los documentos necesarios para el registro, así como cualquier evaluación o certificación médica requerida por ley.

f.   Mantener actualizada su información de contacto en la oficina del Director Escolar y con los maestros, en caso de que las autoridades escolares tengan que comunicarse con ellos. Además, deberá mantener actualizado el expediente del estudiante con cualquier evaluación médica o psicológica pertinente, de forma que puedan realizarse los acomodos necesarios.

g.   Contestar oportunamente cualquier citación realizada por el personal escolar para participar en reuniones o actividades escolares y asistir a las mismas siempre y cuando hayan sido informadas en un tiempo razonable conforme a la urgencia que la situación amerite.

h.   Los padres, tutores o encargados de los estudiantes tendrán la responsabilidad de asistir a las escuelas, como mínimo, dos (2) veces por semestre, para conocer sobre el desempeño y aprovechamiento académico del estudiante. Si los padres, tutores o encargados no asistieren a las reuniones establecidas por las escuelas, y estas ausencias constituyen un patrón de ausencias recurrentes, el Director Escolar remitirá al trabajador social de la escuela dicho hecho. Para fines de este inciso, se entenderá que un patrón de ausencias recurrentes, significará tres (3) ausencias o más al año, donde no hubiese mediado una circunstancia meritoria que le impidiere asistir. El trabajador social tendrá la responsabilidad de realizar la investigación correspondiente de acuerdo a los protocolos, reglamentos y legislación aplicables, para determinar si procede un referido al Departamento de la Familia. Si determina que procede un referido, deberá dentro de un término de cinco (5) días proveer una reunión con el trabajador social del Departamento de Familia y formular un plan de servicios integrales en un término no mayor de quince (15) días. Dicho plan de servicios deberá contar en el expediente del estudiante junto a un informe mensual de progreso.

i.   Ser responsables de inculcar en sus hijos valores de respeto, cuidado y responsabilidad hacia la comunidad y propiedad escolar. Dichos valores incluyen el deber de mantener y devolver en buen estado a la escuela al finalizar el año escolar o cuando se les exigiese, los libros, materiales, equipos y computadoras que se les hubiese prestado para sus estudios.

j.   Participar de las actividades realizadas en el plantel después del horario lectivo.

k.   Recibir capacitación y orientaciones sobre diversos aspectos que contribuyan a mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes y el desarrollo de sus destrezas, talentos e intereses; como también experiencias educativas propias.

 

Artículo 11.03. — Tercer Sector. (3 L.P.R.A. § 9811b)

 

   La educación es tarea de todos los componentes de la sociedad civil. Alcanzar una educación de excelencia requiere la participación y colaboración de personas y entidades preparadas y comprometidas con el futuro de Puerto Rico. Por tal razón el Departamento establece como política pública una postura de apertura y colaboración con las diversas entidades que componen el Tercer Sector. Se identificarán, promoverán y establecerán diversas alianzas y acuerdos de colaboración con estas entidades que repercutan en beneficio del estudiante, la comunidad escolar y la comunidad general.

   A esos fines, se crea el “Programa de Integración Comunitaria”, adscrito a la Oficina del Secretario del Departamento, el cual tendrá los siguientes objetivos:

a)   Fomentar el trabajo voluntario, los acuerdos colaborativos y la participación de la comunidad en actividades curriculares y extracurriculares.

b)   Identificar, promover y establecer alianzas con entidades sin fines de lucro, el tercer sector, instituciones educativas, empresas y agencias e instrumentalidades del Estado para proveer actividades extracurriculares, servicios de salud y actividades educativas y culturales, entre otras, que repercutan en el mejoramiento de la educación y de la sociedad a la que pertenece.

   Además, el Departamento podrá establecer alianzas corporativas para permitir que aquellas corporaciones que interesen desarrollar proyectos de responsabilidad social empresarial con las escuelas públicas de Puerto Rico, puedan brindar sus servicios gratuitamente.

(c)   Trabajar en coordinación con las agencias e instrumentalidades del Estado y entidades del tercer sector para hacer de los planteles, centros vibrantes de desarrollo comunitario, cultural y recreativo que integren la participación ciudadana, desde los más niños, hasta nuestra población de la tercera edad.

(d)   Coordinar cualquier capacitación y orientación a padres y encargados sobre diversos aspectos que contribuyan a mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes y el desarrollo de sus destrezas, talentos e intereses; como también experiencias educativas propias.

(e)   Identificar potenciales actividades y programas extracurriculares para ofrecer al estudiantado y a la comunidad escolar, además de, coordinar con las regiones y escuelas para facilitar su ofrecimiento en el horario extendido después de clases.

(f)   Colaborar junto al Consejero Escolar en las campañas preventivas de suicidio, bullying y trata humana.

(g)   Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas por el Secretario y que repercutan en beneficio del estudiante, la comunidad escolar y la comunidad general.

   El Secretario dispondrá, mediante reglamento, las normas que regirán el programa aquí establecido.

 

 

CAPÍTULO XII: EDUCACIÓN OCUPACIONAL, TÉCNICA Y ALTERNATIVA

 

 

Artículo 12.01. — Disposiciones Generales. (3 L.P.R.A. § 9812)

 

   El Programa de Educación Ocupacional y Técnica del Departamento, proveerá a todos los estudiantes acceso a una educación ocupacional y técnica con una estructura rigurosa, pertinente, coherente y alineada a la industria y bajo los estándares, destrezas, conocimientos, y actitudes que la misma requiera. Este responderá a las necesidades y realidades del Puerto Rico de hoy, como también a la demanda y tendencias a nivel mundial. Los contenidos del programa buscarán que los estudiantes puedan desarrollar las destrezas y competencias que le permitan insertarse en la fuerza laboral y que reflejen, además, las necesidades del mercado y economía puertorriqueña y de aquellas en las que nos queremos integrar alrededor del mundo. Para garantizar estos ofrecimientos se promoverá el desarrollo de servicios, programas de estudios académicos y ocupacionales, el establecimiento de acuerdos colaborativos con el comercio e instituciones postsecundarias, y se proveerá al estudiante la oportunidad de obtener un certificado de destrezas, una credencial, una licencia o un grado.

 

Artículo 12.02. — Junta Estatal de Educación Ocupacional y Técnica. (3 L.P.R.A. § 9812a)

 

   De conformidad con los requerimientos del Departamento de Educación de Estados Unidos para el acceso de los fondos de la “Ley Carl D. Perkins Career and Technical Education Act”, del 2006, se crea la Junta Estatal de Educación Ocupacional y Técnica. Esta Junta será el organismo responsable de evaluar la efectividad de la educación ocupacional y técnica y de velar que el Departamento cumpla con los estándares mínimos de la industria en los programas de estudios de las Escuelas Magneto y las instituciones postsecundarias. Ello requerirá que la Junta recopile información adecuada y que tome las medidas apropiadas para garantizar que:

a.   La educación ocupacional y técnica está igualmente disponible para todos los estudiantes y sea de calidad constante en todo Puerto Rico;

b.   El tiempo y el contenido de la educación ocupacional y técnica se coordinan correcta y flexiblemente con la instrucción académica;

c.   La educación ocupacional y técnica esté disponible para toda población estudiantil, particularmente en áreas donde el desempleo es alto o las necesidades de readiestramiento ocupacional sean requeridas;

d.   Los programas de educación ocupacional y técnica, así como los cursos de los programas de estudio son útiles para que sus graduandos obtengan un empleo o mejorar la calidad del mismo;

e.   Los programas de educación ocupacional y técnica estarán coordinados con los programas estatales relacionados a educación y capacitación. Esto incluye, garantizar que los graduados en educación ocupacional y técnica, reciban créditos adecuados para los requisitos en programas de aprendizaje y de licencias profesionales, con el propósito de que los egresados pasen los exámenes de reválida;

f.   Se proporcionen servicios regionales de educación ocupacional y técnica de manera eficiente.

g.    Se desarrollen currículos y/o estándares alternativos que permitan la inclusión de estudiantes con discapacidad y que los fondos puedan ser utilizados para la prestación de los servicios requeridos en el PEI, según lo dispuesto por la legislación federal.

   La composición de la Junta Estatal de Educación Ocupacional y Técnica, así como sus procedimientos internos serán establecidos por el Secretario mediante reglamento, de conformidad con las leyes aplicables.

 

Artículo 12.03. — Fondos para Programas de Estudios y Educación Técnica. (3 L.P.R.A. § 9812b)

 

   El Secretario asignará y distribuirá los fondos estatales y federales al Programa de Educación Ocupacional y Técnica del Departamento. Mediante reglamentos, el Secretario establecerá las normas de evaluación sobre el uso, manejo y distribución de los fondos de forma equitativa, de conformidad con las necesidades de cada escuela y mediante la validación de datos. Los fondos asignados deberán asignarse para proveer servicios directos a los estudiantes, para lograr una educación coherente, organizada y que permita el establecimiento de altas destrezas técnicas, con el propósito de que ingrese efectivamente al mercado laboral.

   Se establece como política pública que no se podrá discriminar por razones de índice académico al momento de solicitar participación en cualquiera de los Programas de Educación Ocupacional y Técnica.

 

Artículo 12.04. — Programas para los Ofrecimientos de Cursos no Conducentes a Certificado Ocupacional. (3 L.P.R.A. § 9812c)

 

   Los programas para los ofrecimientos de cursos no conducentes a certificados ocupacionales impactarán a los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado, mientras los recursos fiscales lo permitan y respondan a las necesidades de la economía actual. Los programas tendrán una vigencia anual con los requerimientos que establezca el Departamento. El propósito primordial de estos cursos es introducir a los estudiantes de esos niveles escolares, en experiencias de exploración ocupacional, que los guíen hacia la decisión de una ocupación y que los preparen para enfrentar nuevos retos de manera crítica y creativa. Se espera que el estudiante identifique rutas dirigidas hacia una ocupación, que luego le permita ingresar en una escuela magneto ocupacional de manera que posteriormente esté preparado para un ingreso exitoso en el mercado laboral, con alta remuneración económica, empleabilidad y certificaciones.

 

Artículo 12.05. — Escuelas Magneto Ocupacional (CTE Magnet School). (3 L.P.R.A. § 9812d)

 

a.   Una Escuela Magneto, según esta Ley, es una escuela de enfoque especializado (magnet school en inglés) de conformidad con el Departamento de Educación de Estados Unidos. El enfoque de la misma será establecer programas especiales y promover la admisión de estudiantes de distintas regiones educativas (de ahí la referencia de Magneto) con intereses definidos. La Escuela Magneto Ocupacional brindará ofrecimientos académicos y ocupacionales en diferentes Programas de Estudio. Cada Programa de Estudio, estará compuesto por conglomerados establecidos para el desarrollo de la fuerza laboral y rutas ocupacionales regidas por la continua innovación en la industria según, la región geográfica de Puerto Rico.

b.   Los Programas de Estudios (POS, por sus siglas en inglés) comprenden los ofrecimientos ocupacionales de cada Escuela Magneto. El diseño, la secuencia y los requisitos de los Programas de Estudios deberán reflejar una integración de las disciplinas académicas y ocupacionales, alineadas a los conglomerados establecidos por el Departamento de Educación de Estados Unidos y en coordinación a las necesidades de la industria según la región geográfica y la fuerza laboral.

c.   Cada Escuela Magneto Ocupacional establecerá e identificará en su plan local las estrategias que formarán parte del currículo. Para efectos de esta Ley, se considerarán como estrategias el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el trabajo, el programa de aprendiz, la articulación de educación postsecundaria, técnica y universitaria, las organizaciones estudiantiles y el desarrollo empresarial.    

   

Artículo 12.06. — Estrategias de Educación Ocupacional para las Escuelas Magneto. (3 L.P.R.A. § 9812e)

 

a.    Las estrategias que formarán parte del currículo de educación ocupacional en cada Escuela Magneto serán las siguientes:

1.   Aprendizaje basado en proyectos (Project Based Learning-PBL): Mediante esta estrategia se promoverá el aprendizaje basado en proyectos. Esta estrategia les permitirá a los programas de estudios una enseñanza basada en que cada estudiante sea responsable del desarrollo de su propio aprendizaje, enfrentándose a retos y proyectos.

2.   Aprendizaje basado en el trabajo (Work based learning-WBL): Esta estrategia incluye una secuencia de actividades que enlaza los conocimientos teóricos obtenidos en la sala de clases, con las actividades que se llevan a cabo en un ambiente real de trabajo.

3.   Articulación en educación postsecundaria técnica o universitaria: Con esta alternativa, el currículo a nivel secundario proveerá la oportunidad a los estudiantes de tomar cursos en instituciones postsecundarias con acuerdos colaborativos en sus dos modalidades: matrícula dual o convalidación de ambos niveles. Estos cursos se acreditarán en el nivel secundario como créditos conducentes a graduación, según establecido en la política pública del Departamento.

4.   Organizaciones estudiantiles: En cada Escuela Magneto se establecerá un capítulo local de la organización estudiantil que corresponda, de forma integrada al programa de clases, en el que se requerirá la participación de todos los estudiantes. Cada organización estudiantil utiliza un enfoque práctico para el aprendizaje, ya sea en capacitación de liderazgo o en un evento competitivo y se utilizan estrategias de instrucción para desarrollar, mejorar y expandir las competencias ocupacionales relacionadas con una ocupación particular y una materia técnica y, como tal, aumentar la relevancia de la instrucción. Además, permite que los estudiantes participen de forma activa de eventos organizados para que adquieran habilidades personales y de liderazgo, haciéndolos más aptos para el empleo, preparándolos para convertirse en ciudadanos productivos y ayudándolos a asumir roles positivos en el hogar y la comunidad.

5.   Pruebas estandarizadas ocupacionales (CTE Skills Assessment): El Departamento establecerá un programa confiable de pruebas estandarizadas ocupacionales, basadas en los estándares de la industria correspondiente.

6.   Programa de aprendiz (Apprentice program): A través de los Programas de Estudio, el Departamento establecerá un programa de aprendizaje en el que se combine la capacitación en el trabajo con la instrucción académica para los estudiantes ocupacionales y de educación técnica que estén próximos a ingresar a la fuerza laboral. Este programa también permitirá el establecimiento de una capacitación dual, debido a la combinación de componentes ocupacionales y de práctica en la industria.

7.   Alianzas, servicios a la comunidad y programas colaborativos: Las escuelas promoverán el establecimiento de alianzas entre Oficinas Regionales Educativas, instituciones de educación superior, proveedores de educación para adultos, entidades como empleadores, organizaciones laborales, intermediarios, padres y asociaciones locales, entidades gubernamentales públicas y privadas, que permitan el desarrollo de destrezas ocupacionales, técnicas y profesionales de los estudiantes. Las alianzas, servicios y programas colaborativos estarán reglamentados por el Departamento, tomando en consideración el mercado laboral contemporáneo.

8.   Empresas escolares ocupacionales y el establecimiento de un Fondo para el Acceso de Préstamos y Premios para el Desarrollo Empresarial de Estudiantes Ocupacionales:

i.   Empresas escolares ocupacionales: con el establecimiento y funciones de las empresas escolares se propone salvaguardar, ampliar y desarrollar escenarios reales de trabajo como parte la formación integral del estudiante ocupacional. Estas empresas escolares representan una estrategia educativa de WBL adicional para que los estudiantes desarrollen destrezas ocupacionales y de empleabilidad según su programa de estudio.

ii.   Fondo para el Acceso de Préstamos y Premios para el Desarrollo Empresarial de Estudiantes Ocupacionales: Este fondo se nutrirá de los fondos generados por las empresas escolares. La distribución de las ganancias será establecida en el reglamento que disponga el Departamento, considerando que los porcientos sean equitativos y justos, beneficiando al estudiante como principal propósito y a la escuela. Además, debe desarrollarse un fondo que permita la otorgación de premios, becas especiales y préstamos a los alumnos para el desarrollo de su primera empresa.

 

Artículo 12.07. — Programa de Educación Técnica. (3 L.P.R.A. § 9812f)

 

   El Programa de Educación Técnica incluye los servicios de nivel postsecundario que se ofrecen en el Departamento a través de instituciones de educación superior acreditadas, conducentes a una certificación técnica o a un grado asociado. Mediante la Educación Técnica se promueve el desarrollo de destrezas técnicas y una transición efectiva al mundo del trabajo, atemperada a la realidad social, económica, educativa y laboral de Puerto Rico.

   La organización y ofrecimientos de la Educación Técnica serán establecidos por el Secretario.

 

Artículo 12.08. — Junta de Gobierno del Programa de Educación Técnica. (3 L.P.R.A. § 9812g)

 

   Las instituciones de educación superior postsecundaria del Programa de Educación Técnica estarán regidas por la Junta de Gobierno del Programa de Educación Técnica, compuesta por el Secretario de Educación, el Secretario Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica, el Director Administrativo de Educación Técnica, el Director Docente de Educación Técnica, el encargado de la Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial, un representante de los directores postsecundarios, un representante de los estudiantes, un representante de la facultad docente de cada uno de los centros o instituciones de educación superior postsecundaria que en este momento estén bajo la jurisdicción del Departamento de Educación, y cinco (5) representantes del sector privado. Las facultades, elección de miembros, deberes y responsabilidades de la Junta de Gobierno, serán promulgadas por el Secretario mediante reglamento.

   La Junta de Gobierno contará con autonomía administrativa, docente y fiscal, y regirá los procesos operacionales de sus cuentas de recaudos, conforme a las disposiciones reglamentarias. La Junta supervisará el funcionamiento general del sistema postsecundario utilizando sus poderes autonómicos y establecerá las normativas de la gobernanza en todos sus recintos. Además, formulará, examinará y aprobará directrices que regirán la orientación y el desarrollo de todos los componentes de las instituciones postsecundarias.

 

Artículo 12.09. — Pasantías e Internados Ocupacionales, Técnicos y Agrícolas. (3 L.P.R.A. § 9812h)

 

   Se establecerán acuerdos con entidades del tercer sector, empresas y corporaciones a fines con profesiones, oficios técnicos y agrícolas, y con agencias e instrumentalidades del Estado, como el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Departamento de Agricultura, para ofrecer internados y pasantías a los estudiantes. Estos internados permitirán que el estudiante valore la importancia de estos oficios y profesiones de la agricultura. También le permitirán familiarizarse con las labores que algún día podrían realizar y con las comunidades a las que sirven.

 

Artículo 12.10. — Educación Alternativa. (3 L.P.R.A. § 9812i)

 

   A través de esta Secretaría, el Departamento proveerá servicios educativos y de apoyo a la población regular de adultos y a la población de niños y jóvenes que se encuentran fuera de la escuela o con potencial de alto riesgo de abandono escolar.

   Ofrecerá programas innovadores, en horario regular y extendido, para desarrollar diversas destrezas académicas y sociales. Estos ofrecimientos reflejarán la demanda del mundo laboral, incluyendo la importancia de dominar el idioma inglés a nivel conversacional, y estarán atemperados a las necesidades del Puerto Rico actual.

   A tales fines, el Departamento continuará ofreciendo servicios educativos a la población de niños y jóvenes que se encuentren fuera de la escuela o con potencial de alto riesgo de deserción escolar a través de centros de servicios destinados como los proyectos Alianza para la Educación Alternativa, Centros de Servicios de Apoyo Sustentable al Alumno, mejor conocidos como “Proyecto C.A.S.A”, entre otros.

   Estas Escuelas Alternativas tendrán los siguientes estándares:

a.    Reclutamiento y admisión.

b.    Ambientes de aprendizaje.

c.    Desarrollo integral del estudiante participante y su aprendizaje.

d.   Diseño de contenido programático.

e.    Evaluación de efectividad organizacional.

f.    Competencia organizacional.

g.    Alianza y colaboraciones.

h.   Las mismas podrán recibir cualquier acreditación internacional, federal o estatal que exista para los diferentes programas.

 

Artículo 12.11. — Escuelas con Método Programa Montessori. (3 L.P.R.A. § 9812j)

 

   El Programa Montessori es un modelo educativo que se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el joven y observación clínica por parte del maestro. El propósito de este método es liberar el potencial de cada joven para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño, se desarrollarán a través de un trabajo libre, con material didáctico especializado.

   Se establece que las escuelas que, al momento de la aprobación de esta Ley, utilizan este método, permanecerán abiertas brindando servicios a la comunidad que le sirve, y solo se podrán relocalizar las mismas, en caso de que no tengan la matrícula necesaria en dicha comunidad o que las condiciones de la edificación que tiene como sede no sean aptas para los estudiantes. En estos casos, los estudiantes del Programa Montessori, serán reubicados en la escuela más cerca disponible, del mismo nivel escolar y con cabida.

   El Departamento continuará promoviendo el expandir el Programa a otras escuelas, pero sujetándose a la fórmula establecida por cada estudiante anualmente.

 

[Nota: Véase además la Ley 277-2018, la cual crea la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori adscrita al Depto. de Educación]

 

Artículo 12.12. — Escuelas Especializadas. (3 L.P.R.A. § 9812k)

 

   Se dispone que las Escuelas Especializadas que al momento de la aprobación de esta Ley estén establecidas, no podrán ser convertidas en Escuelas Públicas Alianza, ya que las mismas cumplen con los parámetros de Excelencia Académica establecidos por el Departamento.

   El Departamento garantizará que las Escuelas Especializadas tengan los recursos necesarios para su sostenimiento, siempre velando que se cumpla con los parámetros de asignación básica por estudiante que establece esta Ley. El Secretario podrá asignar recursos adicionales, de ser necesario, mediante fondos federales o estatales, propuestas o auspicios del sector privado en equipo o mejoras a las facilidades.

 

 

CAPÍTULO XIII: ESCUELAS PÚBLICAS ALIANZA

 

 

Artículo 13.01. — Escuelas Públicas Alianza. (3 L.P.R.A. § 9813)

 

   Una Escuela Pública Alianza es: (i) una escuela pública de nivel elemental y/o secundario, de nueva creación que es operada y administrada por una Entidad Educativa Certificada autorizada por el Secretario; o (ii) una escuela pública de nivel elemental y/o secundario existente, cuya operación y administración es transferida a una Entidad Educativa Certificada autorizada por el Secretario, de conformidad con el otorgamiento de una Carta Constitutiva.

 

Artículo 13.02. — Disposiciones generales. (3 L.P.R.A. § 9813a)

 

a.   Una Escuela Pública Alianza será una escuela pública, no sectaria y sin fines de lucro, que operará bajo la supervisión del Secretario, de conformidad con la Carta Constitutiva y por el ordenamiento jurídico vigente.

b.   Una Escuela Pública Alianza tendrá autonomía sobre sus decisiones, incluyendo, pero sin limitarse a, asuntos de finanzas, personal, calendario, currículo e instrucción. El currículo tendrá que cumplir con el reglamento promulgado por el Secretario a estos fines, las expectativas de aprendizaje que se conocen como estándares y tendrá que usar medidas generales de aprovechamiento tales como las pruebas META.

c.   Una Escuela Pública Alianza estará sujeta a todas las leyes federales y del Gobierno de Puerto Rico, al igual que a las disposiciones constitucionales que prohíben el discrimen, incluyendo a la población con discapacidad.

d.   La matrícula en una Escuela Pública Alianza estará abierta a cualquier estudiante que resida en Puerto Rico. No obstante, se tendrá que dar prioridad de matrícula a estudiantes que residen en la comunidad circundante y dentro de los límites regionales. Disponiéndose que el Autorizador podrá establecer límites de matrícula si determina que dichos límites son necesarios para evitar el hacinamiento o para proveer un mejor servicio a los estudiantes de bajo ingreso o en riesgo. Se dispone que, de haber cupo disponible no se podrá negar la admisión de un estudiante que cumpla con los requisitos de admisión contenidos en la Carta Constitutiva, por el único hecho haber comenzado el año escolar.

e.   Si no hay suficiente capacidad para matricular a todos los estudiantes que deseen asistir a la Escuela Pública Alianza, la escuela puede seleccionar estudiantes mediante una lotería realizada según las normas que establezca el Autorizador. No obstante, de conformidad con esta Ley y las reglas establecidas por el Autorizador, una Escuela Pública Alianza tendrá que dar preferencia de matrícula en la selección de estudiantes a: (i) aquellos que estuvieron matriculados en la escuela durante el año anterior, a menos que hayan sido expulsados de forma justificada, exceptuando cualquier razón de índole académico; (ii) a los hermanos de los estudiantes que están matriculados en la escuela; y (iii) a los estudiantes que residen dentro de los límites regionales de la escuela. Si un estudiante cualifica para preferencia de matrícula, el estudiante será excluido de la lotería.

f.   La Escuela Pública Alianza será administrada y gobernada por una junta de directores u otro cuerpo de gobernanza de la Entidad Educativa Certificada, según sea estipulado en la Carta Constitutiva. Los nombres de los miembros de ese cuerpo de gobernanza deberán ser publicados anualmente por cada Escuela Pública Alianza, a través de la página cibernética del Departamento.

g.   La Escuela Pública Alianza cumplirá con todas las disposiciones establecidas en la Carta Constitutiva y en esta Ley, y estará sujeta a las mismas exigencias de protección de los derechos civiles, salud y seguridad que las escuelas públicas de Puerto Rico, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. Así también, estarán sujetas a los requisitos de evaluación y rendición de cuentas, que serán uniformes para todas las escuelas del Sistema de Educación Pública, incluyendo, las Escuelas Públicas Alianza. No obstante, una Escuela Pública Alianza podrá establecer medidas adicionales a los requisitos del Departamento para la evaluación de un estudiante, sujeto a la aprobación del Autorizador y que conste en la Carta Constitutiva.

h.   El personal contratado por la Escuela Pública Alianza estará exento de las leyes y reglamentaciones que gobiernan los asuntos de personal del Departamento, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

i.   Salvo lo dispuesto en las leyes de Puerto Rico, las Escuelas Públicas Alianza no podrán cobrar gastos ni matrícula.

   La Escuela Pública Alianza podrá negociar y contratar con el Departamento, o con el cuerpo administrativo de cualquier colegio, universidad o instituto educativo público o cualquier otra entidad pública o privada para: (i) el uso de un edificio escolar y sus terrenos, o cualquier otro bien inmueble o instalaciones que desee utilizar o convertir para ser utilizada como una escuela, (ii) la operación o mantenimiento de ésta, o (iii) cualquier servicio, actividad o proyecto dirigido a cumplir con los términos de la Carta Constitutiva. Se dispone, además, que todo bien mueble o inmueble propiedad del Estado que haya sido transferido su uso, mediante la negociación o contratación con una Escuela Pública Alianza, revertirá al patrimonio estatal en caso de cierre de la institución o cancelación del contrato.

j.   Cualquier contrato de servicio de la Escuela Pública Alianza con el Departamento, el cuerpo administrativo de cualquier colegio, universidad o instituto educativo público o cualquier entidad gubernamental, incluyendo el uso de las estructuras, terrenos o instalaciones, será provisto a un costo, que estará sujeto a la revisión y autorización del Secretario, y siempre cumpliendo con las leyes y reglamentos vigentes aplicables.

k.   La Carta Constitutiva no podrá eximir o liberar a la Escuela Públicas Alianza de cumplir con la política pública, estándares y evaluaciones establecidas por el Departamento.

 

Artículo 13.03. — Estatus Legal de las Escuelas Públicas Alianza. (3 L.P.R.A. § 9813b)

 

a.   Las Escuelas Públicas Alianza deberán ser organizadas como entidades educativas sin fines de lucro para cumplir con su propósito público.

b.   Para propósitos del Artículo 2.01 de esta Ley y de todas las leyes, reglas y reglamentos estatales y federales, las Escuelas Públicas Alianza son componentes del Sistema de Educación Pública.

c.   Las Escuelas Públicas Alianza estarán gobernadas por esta Ley y por todas las leyes estatales y federales aplicables.

d.   Se le requerirá a cada Entidad Educativa Certificada que adopte un código de ética y una política de conflicto de intereses.

e.   Cada Entidad Educativa Certificada adoptará una política relacionada a la contratación de familiares, para evitar la existencia de nepotismo en los procesos de reclutamiento y supervisión. La política debe incluir, entre otras cosas, la divulgación a la junta de directores u otro cuerpo de gobernanza de la Entidad Educativa Certificada, de cualquier potencial nepotismo en el proceso de contratación o supervisión.

f.   Las personas que reciban compensación de algún proveedor de servicios que tenga contrato con una Entidad Educativa Certificada y autorizada mediante Carta Constitutiva para operar y administrar una Escuela Pública Alianza, quedarán impedidas de participar como miembros con derecho al voto en la junta administradora de dicha Escuela Pública Alianza.

g.   Cada Entidad Educativa Certificada tendrá acceso a los expedientes de sus proveedores de servicios para monitorear el desempeño de dicho contrato.

h.   De conformidad con las reglas establecidas por el Secretario, éste tendrá la autoridad para designar como una Agencia Local de Educación, según definido dicho término en 34 CFR § 303.23, a una Entidad Educativa Certificada a la que se le otorgue una Carta Constitutiva y esté operando una Escuela Pública Alianza bajo esta Ley.

 

Artículo 13.04. — Designación del Comité Asesor del Secretario. (3 L.P.R.A. § 9813c)

 

a.   Nombramiento del Comité Asesor. El Secretario constituirá en o antes del 1 de julio de cada año, un Comité Asesor, el cual estará compuesto por los cinco (5) directores de los departamentos de educación seleccionados de entre los que obtengan el porcentaje más alto de aprobación de la PCMAS cada año; estableciéndose que estos Recintos deberán contar con todas las acreditaciones correspondientes.

b.   Deberes y Poderes. El Secretario actuando como Autorizador tendrá los siguientes deberes y facultades:

1.   Establecer cualquier regla y/o reglamentación necesaria, que no sea inconsistente con esta Ley, para implementar y alcanzar los propósitos y disposiciones de este Capítulo, incluyendo la evaluación y certificación de las Entidades Educativas Certificadas y los estándares y procedimientos para la revocación o no renovación de la Carta Constitutiva; y para la administración de aquellas escuelas cuya Carta Constitutiva haya sido revocada o no renovada.

2.   Establecer las reglas y/o reglamentos para determinar el Modelo de Intervención más apropiado para cada una de las Entidades Educativas Certificadas autorizadas bajo este Capítulo, que pudieran estar sujetas a intervención, de conformidad con los términos de la Carta Constitutiva.

3.   Establecer reglas y/o reglamentos para solicitar y evaluar las propuestas de las Cartas Constitutivas por parte de las Entidades Educativas Certificadas, de conformidad con los requisitos establecidos bajo este Capítulo y la legislación federal aplicable.

4.   Otorgar una Carta Constitutiva con la Entidad Educativa Certificada que, en su juicio, sometió la propuesta mejor cualificada, de conformidad con la evaluación correspondiente. No obstante, el Secretario podrá ofrecer una certificación de preferencia a: (i) propuestas sometidas por Entidades Educativas Certificadas que sean municipios, consorcios municipales o alianzas entre municipios o consorcios municipales, y universidades públicas o instituciones no gubernamentales sin fines de lucro, en caso de que sus propuestas sean de una calidad sustancialmente equivalente, tomando en consideración las recomendaciones del Comité Asesor, para las propuestas recibidas de otras Entidades Educativas Certificadas; o (ii) las propuestas con énfasis en modelos que ofrezcan servicios a estudiantes de educación especial, estudiantes en riesgo de fracaso académico o deserción escolar, estudiantes dotados, o que provean una educación especializada con enfoque en programas educativos innovadores u ofertas especiales para estudiantes.

5.   Otorgar Cartas Constitutivas con Entidades Educativas Certificadas para operar y administrar múltiples recintos bajo una sola autorización, las cuales también podrán ofrecer educación en línea o a distancia sujeto a la previa aprobación del Autorizador.

6.   Retener y ejecutar la responsabilidad directa y exclusiva sobre aquellas escuelas a las que se otorgue una Carta Constitutiva.

7.   Establecer las reglas y/o reglamentos para el monitoreo anual del desempeño académico, financiero y operacional de las Entidades Educativas Certificadas con Cartas Constitutivas, y realizar una evaluación rigurosa de dicho desempeño cada dos (2) años, como mínimo.

8.   Establecer las reglas y/o reglamentos para designar oficiales evaluadores o establecer comités de evaluación para medir el desempeño de las Entidades Educativas Certificadas.

9.   Presentar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre el progreso alcanzado en la implementación de este Capítulo, y el desempeño académico, financiero y operacional de todas las Entidades Educativas Certificadas y Escuelas Públicas Alianza.

10.   El Secretario tendrá todos aquellos poderes adicionales que sean necesarios para llevar a cabo las funciones delegadas en este Capítulo.

c.   El Comité Asesor del Secretario deberá reunirse por lo menos una (1) vez al mes, para la evaluación de las solicitudes sometidas por los interesados en establecer Entidades Educativas Certificadas. Las solicitudes deberán ser evaluadas siguiendo los parámetros de esta Ley y auscultando el sentir de la comunidad escolar. El Comité Asesor, por mayoría simple, recomendará al Secretario la aprobación o denegatoria de una Carta Constitutiva a una Entidad Educativa. En el informe que rinda el Comité Asesor, con su recomendación, deberá explicar las razones y fundamentos para la misma.

   De la recomendación ser negativa, el Secretario citará una vista formal en conjunto con el Comité Asesor, para escuchar los planteamientos de la entidad afectada. Una vez se cumpla con este requisito, el Secretario procederá con la certificación correspondiente o con la denegatoria del mismo, tomando en consideración las recomendaciones del Comité Asesor y los fundamentos expuestos por la parte afectada durante la vista.

   Todos los documentos relacionados con la solicitud de una Entidad Educativa, serán de carácter público.

d.   Determinaciones de Solicitudes. El Secretario será responsable de revisar y autorizar o denegar en todo o en parte, la Solicitud de una Entidad Educativa Certificada, para recibir una Carta Constitutiva para la operación y administración de una Escuela Pública Alianza. Las determinaciones del Secretario bajo este Artículo, serán apelables en el Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la denegatoria. Se dispone además que dichas entidades podrán iniciar un proceso de nueva aprobación a partir de un (1) año de tomada dicha determinación.

e.   Financiamiento. Los fondos para cubrir los costos operacionales y administrativos deben ser identificados e incluidos como parte del presupuesto del Departamento de manera clara y específica, al momento de la presentación del mismo ante la Asamblea Legislativa.

 

Artículo 13.05. — Entidades Educativas Certificadas. (3 L.P.R.A. § 9813d)

 

a.   Cualificaciones para Entidades Educativas Certificadas. De acuerdo a los procedimientos y criterios establecidos por esta Ley y por el Autorizador, las siguientes entidades pueden calificar como Entidades Educativas Certificadas a las que se les otorgue una Carta Constitutiva:

1.   Un municipio de Puerto Rico.

2.   Consorcios municipales.

3.   Alianzas entre municipios o consorcios municipales con otras entidades educativas públicas u otras entidades educativas no gubernamentales sin fines de lucro. Estas alianzas se pueden configurar siguiendo diferentes figuras jurídicas.

4.   Instituciones públicas o sin fines de lucro de educación postsecundaria.

5.   Instituciones de educación escolar elemental, intermedia y superior sin fines de lucro.

6.   Entidades educativas no gubernamentales u otras entidades sin fines de lucro.

7.   Organizaciones sin fines de lucro creadas por padres y madres o maestros.

8.   Organizaciones de maestros, sindicato de maestros o cualquier grupo de maestros debidamente organizado y certificado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos conforme a las disposiciones de la Ley 45-1998, según enmendada.

9.   Cooperativas debidamente organizadas con fines educativos.

b.   Criterios de Aprobación para Entidades Educativas Certificadas. Para cualificar como una Entidad Educativa Certificada y recibir una Carta Constitutiva para operar una Escuela Pública Alianza, el solicitante debe poseer o ser capaz de satisfacer los siguientes requisitos:

1.   Una estructura organizacional adecuada.

2.   Un plan de mejoramiento riguroso, dirigido a trabajar con el aprovechamiento académico de los estudiantes.

3.   Un equipo de personal ejecutivo y gerencial con la preparación y experiencia necesaria para administrar, operar y dirigir una escuela.

4.   Personal docente con la preparación, experiencia, licencias y certificaciones correspondientes, disponiendo que, deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos en una escuela pública tradicional.

5.   Un plan para identificar y servir exitosamente a los estudiantes con discapacidades.

6.   Un plan para la colaboración de los padres y la comunidad en la escuela, de modo que estos asuman una participación activa en la gestión educativa.

7.   Procesos adecuados para las compras, operaciones fiscales, administrativas, de enseñanza, y un sistema de evaluación para las mismas.

8.   Capacidad financiera certificada y demostrada por un Estado Financiero auditado.

9.   Cualquier otro requisito que el Secretario establezca mediante reglamentación.

c.   Requisitos de Solicitud. El Secretario establecerá los requisitos y elementos esenciales de la solicitud. Para alentar y orientar el desarrollo de las solicitudes de Escuelas Públicas Alianza, el Secretario utilizará los métodos a su alcance para divulgar pública y ampliamente la solicitud de modo que las entidades participen en la misma.

d.   Proceso de Evaluación de la Solicitud. El proceso de evaluación de la solicitud será realizado por el Comité Asesor del Secretario según definido en esta Ley.

e.   Determinación de la Solicitud. El Secretario emitirá una decisión por escrito aprobando o denegando total o parcialmente la solicitud. Si la determinación del Secretario resulta en la denegación de la solicitud, o en la imposición de cualquier condición con la que el solicitante debe cumplir previo al otorgamiento de la Carta Constitutiva, el Secretario detallará su razonamiento para la denegatoria o las condiciones impuestas. De ser necesario, el Secretario tendrá la facultad de requerir al solicitante, por escrito, cualquier información adicional relevante para la determinación. Dicha determinación será debidamente notificada a la entidad, la cual podrá volver a solicitar su certificación dentro del término de un (1) año.

 

Artículo 13.06. — Presupuesto y Financiamiento. (3 L.P.R.A. § 9813e)

 

a.   Presupuesto: Salvo lo expresamente establecido en este Artículo, el presupuesto para cada Escuela Pública Alianza se determinará de conformidad con las disposiciones estipuladas en el Capítulo VII de esta Ley.

b.   Fondos Destinados: El Departamento dirigirá proporcionalmente la partida de todos los fondos estatales y federales generados bajo los programas de ayuda destinados a las Escuelas Públicas Alianza que ofrecen servicios a los estudiantes elegibles para dichas ayudas, incluyendo estudiantes con discapacidad y estudiantes con riesgo de fracaso académico o deserción escolar. El Departamento garantizará que las Escuelas Públicas Alianza con matrículas de rápida expansión, sean tratadas de manera equitativa en el cálculo y desembolso de todos los fondos estatales y federales de los programas de ayuda destinada a esos fines. Cada Escuela Pública Alianza que ofrezca servicios a estudiantes que puedan ser elegibles para recibir servicios ofrecidos a través de dichos programas, deberán cumplir con todos los requisitos programáticos para recibir la ayuda.

c.   Financiamiento de Educación Especial: Una Escuela Pública Alianza podrá recibir fondos federales y estatales destinados a educación especial y será responsable por el costo de educar a todos los estudiantes con discapacidades que se matriculen en su escuela, incluyendo los costos de defensa legal.

d.   Financiamiento de Instalaciones: De existir fondos disponibles bajo algún estatuto o regulación estatal o federal, para el financiamiento, la compra o alquiler de instalaciones exclusivamente para Escuelas Públicas Alianzas de educación elemental o secundaria, el Secretario podrá, de forma equitativa y tomando en consideración la cantidad de la matrícula y las necesidades, transferir dichos fondos a las Entidades Educativas Certificadas para el financiamiento, compra o alquiler de instalaciones.

e.   Asignación de los Fondos: Cuando el Secretario otorgue la Carta Constitutiva para una Escuela Pública Alianza, deberá destinar los fondos correspondientes a dicha escuela y cumplir con las demás responsabilidades relacionadas a estas escuelas, de conformidad con lo establecido en esta Ley y todas las leyes y reglamentaciones estatales y federales, incluyendo la ESEA.

f.   Itinerarios de Pago: El Departamento, realizará los pagos de conformidad con este Artículo anualmente en cuatro (4) plazos trimestrales sustancialmente equivalentes, comenzando el primer día de operaciones del mes de julio y posteriormente cada cuatro (4) meses. El Departamento determinará las cantidades a ser pagadas bajo este inciso.

g.   Servicios de Transportación y Comedor: El Departamento continuará ofreciendo a los estudiantes matriculados en una Escuela Pública Alianza que opere de conformidad con la Carta Constitutiva, los mismos servicios de transportación pública y servicio de comedor escolar que ofrece a estudiantes matriculados en las otras escuelas administradas por el Departamento.

h.   Donaciones: La junta de directores de la Escuela Pública Alianza estará autorizada a aceptar fondos, equipos y donaciones de cualquier naturaleza hechas a la Escuela Pública Alianza y a disponer de ellos, conforme a las condiciones establecidas por el donante; siempre y cuando no sean contrarios a la Ley, a los reglamentos aplicables, ni a los términos de la Carta Constitutiva.

 

Artículo 13.07. — Carta Constitutiva. (3 L.P.R.A. § 9813f)

 

a.   Cada Carta Constitutiva otorgada por el Autorizador deberá reflejar los términos de la solicitud de la Entidad Educativa Certificada, según aprobados y cumplir con los siguientes requisitos:

1.   Deberá estar firmada por el Secretario y el principal oficial ejecutivo de la Entidad Educativa Certificada.

2.   Deberá establecer que la educación provista por la Entidad Educativa Certificada será pública, libre de costo, no sectaria, ni de educación en el hogar (non-home based).

3.   Deberá establecer que la educación provista por la Entidad Educativa Certificada debe fomentar la enseñanza bilingüe de español e inglés y priorizar la educación de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) o de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés); también puede tener un currículo dedicado a preparar al estudiante para el trabajo y someterse a una evaluación en estos términos, además de cumplir con los otros aquí establecidos. Este requisito no es compulsorio, pero si recomendable para las escuelas departamentales ya existentes, aunque éstas deberán demostrar la capacidad que tienen para llevar a cabo sus programas.

4.   Deberá incluir un plan de mejoramiento académico, con sus objetivos, estrategias de enseñanza y programas de estudio a ser implementados por la Entidad Educativa Certificada, cumpliendo con los requisitos legislativos estatales y federales aplicables.

5.   Deberá incluir un plan a ser implementado por la Entidad Educativa Certificada para el mejoramiento y mantenimiento de las facilidades físicas de las escuelas.

6.   Deberá incluir un Modelo de Intervención, disponiendo en la Carta Constitutiva, la política disciplinaria de la Entidad Educativa Certificada, garantizando el debido proceso de ley. Dicha política deberá ser entregada a los padres, tutores o encargados al inicio del curso escolar.

7.   En caso de la conversión de una escuela pública existente a una Escuela Pública Alianza, deberá claramente establecer si se modificarán los grados escolares ofrecidos en la escuela de conformidad con la Carta Constitutiva. La escuela vendrá obligada a servir a todos los estudiantes que estuvieron matriculados en la escuela, previo al otorgamiento de la Carta Constitutiva.

8.   Deberá estipular que si la escuela recibe solicitudes que excedan la cantidad de espacios disponibles y luego de haber cumplido con lo establecido en el Artículo 12.03 (e), dichos espacios serán ocupados por los estudiantes seleccionados mediante una lotería, de conformidad con el procedimiento y las excepciones dispuestas en este Capítulo.

9.   Deberá estipular los requisitos o cualificaciones aplicables para la admisión a la escuela. Las escuelas autorizadas por la Carta Constitutiva no podrán establecer requisitos mínimos de admisión tales como promedio académico; no obstante, podrán requerir ciertas cualificaciones que sean razonablemente necesarias para alcanzar la misión educativa de la escuela, siempre y cuando las mismas cumplan con las leyes estatales y federales aplicables. Se dispone que dichas cualificaciones no podrán establecerse para discriminar contra estudiantes con discapacidades.

10.   Deberá garantizar la autonomía fiscal, operacional y administrativa de las escuelas que operen, según la Carta Constitutiva y los permisos de la Entidad Educativa Certificada, para obtener fondos adicionales para la escuela a través de subvenciones, u otras propuestas o mecanismos permisibles por ley para usos que resulten en beneficios educativos para la escuela.

11.   Tendrá que incluir una propuesta de presupuesto para el término de la Carta Constitutiva y una descripción de la auditoría financiera anual.

12.   Requerirá que la Entidad Educativa Certificada sea anualmente auditada financieramente por un contador público independiente; establecerá los requisitos de dicha auditoría; y requerirá que la misma sea radicada al Autorizador. Una vez radicada ante el Autorizador, cada auditoría financiera anual tendrá que estar disponible para inspección pública y será publicada en la página cibernética del Departamento.

13.   Deberá estipular que la Entidad Educativa Certificada y la escuela o escuelas autorizadas bajo la Carta Constitutiva estarán sujetas a los procesos de evaluación y las auditorías establecidas por el Secretario o requeridas por ley, para garantizar el cumplimiento con los términos y condiciones de la Carta Constitutiva y los requisitos legales aplicables.

14.   Deberá garantizar que toda Escuela Pública Alianza, cuente con bibliotecas administradas por el personal docente necesario y debidamente certificado por el Departamento, durante un horario que facilite el acceso de estudiantes, maestros, padres y la comunidad en general. Las bibliotecas deberán contar con los recursos impresos y equipo tecnológico con Internet de banda ancha para acceder a las diversas fuentes de información.

15.   Todos los demás requisitos razonablemente establecidos por el Autorizador para adelantar la política pública de esta Ley.

b.   La Carta Constitutiva también incluirá disposiciones de desempeño fundamentada en un marco de rendimiento que, claramente, estipulen los indicadores, medidas y métricas de desempeño académico y operacional, que regirán las evaluaciones del Secretario para cada escuela autorizada por la Carta Constitutiva.

   El Secretario será responsable de la recopilación, análisis y el proceso de reporte de todas las evaluaciones y otras fuentes de información estatal, de conformidad con el marco de rendimiento anual. El mismo, requerirá la clasificación de toda la información de desempeño estudiantil de subgrupos mayores, incluyendo género, raza, estatus de pobreza, educación especial, aprendizaje del inglés y de estudiante destacado, entre otras.

c.   El Secretario deberá continuar monitoreando el desempeño y el cumplimiento legal de cada Escuela Pública Alianza, incluyendo la recopilación y análisis de datos en apoyo a la evaluación continua, según la Carta Constitutiva. El Secretario tendrá la autoridad de realizar actividades de supervisión que le permitan cumplir con sus responsabilidades de conformidad con esta Ley, incluyendo hacer requerimientos de información o investigaciones, siempre que sean consistentes con los términos y condiciones de la Carta Constitutiva.

d.   El Secretario deberá publicar en la página cibernética del Departamento, un informe del desempeño anual por cada Escuela Pública Alianza.

e.   Cada Carta Constitutiva se otorgará por un término inicial de cinco (5) años y podrá ser renovada por términos sucesivos de hasta cinco (5) años. El Secretario deberá especificar el término de cada renovación, fundamentado en el rendimiento, capacidades demostradas y las circunstancias particulares de la Escuela Pública Alianza. El Secretario podrá otorgar la renovación disponiendo condiciones específicas para el mejoramiento necesario de una Escuela Pública Alianza.

f.   Se podrá revocar o no renovar la Carta Constitutiva en cualquier momento, si el Secretario determina que la Escuela Pública Alianza llevó a cabo cualquiera de las acciones enumeradas a continuación:

1.   Infringir de forma material y sustancial cualquiera de los términos, condiciones, estándares, procedimientos o entrega de informes requeridos por la Carta Constitutiva o esta Ley;

2.   No alcanzar o tener suficiente progreso con las expectativas de rendimiento establecidas en la Carta Constitutiva;

3.   Incumplir con los estándares generalmente aceptados de administración fiscal;

4.   Infringir cualquier disposición de esta Ley o cualquier otra ley, de la cual la Escuela Pública Alianza no estaba exenta;

5.   Discriminar contra algún estudiante o personal docente; o

6.    No cumple con el pago a empleados, contratistas y/o suplidores siguiendo las normas establecidas por ley.

g.   El Secretario deberá establecer un procedimiento para la evaluación de la renovación de las Escuelas Públicas Alianza, que le permita a éstas presentar evidencia en apoyo de su solicitud de renovación, incluyendo una descripción de las mejoras realizadas, si alguna, y de los planes que tiene la escuela para seguir operando como Escuela Pública Alianza.

h.   Previo a la determinación de cierre de cualquier Escuela Pública Alianza, el Secretario deberá haber desarrollado un protocolo de cierre de Escuela Pública Alianza para garantizar la pronta notificación a los padres, tutores o encargados, la transición ordenada de los estudiantes y sus respectivos expedientes a las escuelas nuevas. Así como, la disposición adecuada de los fondos, propiedad y activos escolares, de conformidad con los requisitos de esta Ley. El protocolo deberá especificar las acciones, fechas límites y entidades responsables, incluyendo la delineación de las responsabilidades de la escuela y el Secretario, respectivamente. En caso del cierre de una Escuela Pública Alianza, el Secretario supervisará y trabajará con la misma, para garantizar un cierre y una transición transparente y ordenada para los estudiantes y padres, tutores o encargados, según lo estipule el protocolo de cierre. Además, los activos de la escuela serán distribuidos para satisfacer, en primer lugar, los saldos de nómina de los empleados de la escuela; en segundo lugar, los acreedores de la misma; y en tercer lugar, a otra Escuela Pública Alianza o al Departamento de Hacienda para ingresar al fondo general. Si los activos de la escuela no son suficientes para saldar a todas las partes a las que la escuela debe compensar, la prioridad de la distribución de activos será, en primer lugar, para saldo de nómina de los empleados de la escuela, y de existir sobrante, será determinado por decreto de un tribunal de justicia.

 

Artículo 13.08. — Empleados Docentes y No Docentes. (3 L.P.R.A. § 9813g)

 

a.   El personal docente y no docente que trabaja en una escuela administrada por el Departamento que pase a ser una Escuela Pública Alianza, podrá participar en entrevistas y evaluaciones con el fin de recibir una oferta de empleo por parte de la Entidad Educativa Certificada, que operará y administrará la escuela. Los empleados del Departamento que reciban y acepten de forma voluntaria una oferta de empleo por parte de la Entidad Educativa Certificada, se convertirán en empleados de ésta. El Departamento otorgará, por un periodo de dos (2) años, una licencia sin sueldo para tales empleados. La Entidad Educativa Certificada garantizará la escala salarial y los beneficios marginales de los maestros y personal docente y no docente que ostentaban en el Departamento al momento de éstos aceptar la oferta de empleo. Estableciéndose que a partir de los dos (2) años, el salario no podrá ser reducido de permanecer el maestro en la Escuela Pública Alianza, pero no así, los demás beneficios marginales que no provea la Escuela Pública Alianza. A petición del maestro, se le continuará reteniendo la aportación al Sistema de Retiro de Maestros del Gobierno de Puerto Rico, el cual tendrá que ser remitido inmediatamente al Sistema. Al final de la licencia autorizada, si el empleado desea continuar laborando en la Escuela Pública Alianza, deberá presentar su renuncia al Departamento. Del empleado no regresar al Departamento inmediatamente culmine la licencia autorizada o presentar su renuncia, se entenderá que éste renunció a la posición que ostentaba antes de haberse autorizado la misma.

b.   Toda Escuela Pública Alianza tendrá que ofrecer un plan de seguro de salud para los empleados de la Entidad Educativa Certificada.

c.   Aquellas Entidades Educativas Certificadas que establezcan escuelas nuevas, serán responsables por el reclutamiento, contratación, adiestramiento y evaluación de su personal docente y no docente. Dicho personal, será empleado de la entidad que opera como su patrono y no se considerará empleado del Departamento, ni le aplicarán las leyes y reglamentaciones del Departamento. Este inciso no será de aplicación a aquellos maestros, personal docente o no docente que se acojan a la licencia sin sueldo otorgada conforme al Artículo 13.08(a) de esta Ley, los cuales deberán cumplir con las leyes, reglamentos, reglas y normas que regulan las licencias sin sueldo en el Gobierno de Puerto Rico.

d.   Los empleados docentes en las Escuelas Públicas Alianza estarán sujetos a los mismos requisitos de certificación aplicables a los empleados docentes en otras escuelas bajo la jurisdicción del Departamento.

 

Artículo 13.09. — Participación de los Empleados de Entidades Educativas Certificadas en los Sistemas del Gobierno de Puerto Rico. (3 L.P.R.A. § 9813h)

 

a.   Una Entidad Educativa Certificada tendrá la opción de establecer, de conformidad con la Ley Federal, 26 U.S.C. §401(k), cuentas de ahorro para todos o algunos de sus empleados docentes calificados y todos o algunos de sus empleados no docentes.

b.   Si el personal docente o no docente de la Escuela Pública Alianza realizó contribuciones al Sistema de Retiro de Maestros de Puerto Rico o al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, como empleado del Departamento antes de convertirse en empleado de la Entidad Educativa Certificada, y ésta establece un plan de ahorro de conformidad con la Ley Federal, 26 U.S.C. §401(k), dicho empleado podrá seleccionar entre, continuar bajo su sistema de retiro de conformidad con la Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos” o comenzar a formar parte del plan de ahorro ofrecido por la Entidad Educativa Certificada. A tales efectos, del empleado optar por continuar en su sistema de retiro actual, la Entidad Educativa Certificada continuará haciendo las deducciones correspondientes de conformidad con la Ley 106-2017.

 

Artículo 13.10. — Cantidad de Escuelas Públicas Alianza. (3 L.P.R.A. § 9813i)

 

   Se establece que el número de Escuelas Públicas Alianza no será mayor del diez por ciento (10%) utilizando como base el número total de las escuelas públicas en funciones al 15 de agosto de 2018. El Secretario promoverá el inicio de este proyecto para el año fiscal 2018-2019.

 

Artículo 13.11. — Disposiciones Generales sobre las Escuelas Públicas Alianza. (3 L.P.R.A. § 9813j)

 

a)   Cada Escuela Pública Alianza deberá, realizar el sorteo de ingreso a la escuela, cuando la cantidad de estudiantes solicitantes supera los cupos disponibles, no más tarde del 15 de abril para el semestre que inicia en agosto. Dicha fecha tendrá que ser publicada en la página cibernética del Departamento y notificada a los padres, tutores o encargados de los estudiantes matriculados, con al menos quince (15) días antes de celebrar dicho sorteo. Los estudiantes que soliciten el ingreso después de la fecha del sorteo pueden inscribirse en la lista de espera.

b)   Los estudiantes matriculados o seleccionados en el sorteo quedarán inscritos en la escuela y podrán continuar en la misma en el futuro. Todos los años los padres, tutores o encargados tendrán que informar antes de la fecha del sorteo, si el estudiante tiene previsto continuar en la escuela el año escolar siguiente.

   Las Escuelas Públicas Alianza serán gratuitas y estarán abiertas a todos los niños, independientemente de sus habilidades o necesidades académicas. Se dispone que se constituirán, al menos, dos (2) Escuelas Públicas Alianza por región educativa, de haber partes interesadas.

 

 

CAPÍTULO XIV: PROGRAMA DE LIBRE SELECCIÓN DE ESCUELAS

 

 

Artículo 14.01. — Creación del Programa. (3 L.P.R.A. § 9814)

 

   Se crea el Programa de Libre Selección de Escuelas del Departamento a los fines de permitir que los padres, madres, tutores o encargados participantes en el Programa, puedan seleccionar la escuela pública o privada de su preferencia y que obtengan para tales fines un certificado para facilitar la toma de esta decisión por parte del padre, madre, tutor o encargado. El Secretario creará la Oficina del Programa de Libre Selección de Escuelas y designará los recursos para atender todos los asuntos de la misma.

   La Oficina, atenderá todos los asuntos del Programa incluyendo las cualificaciones pertinentes y los requisitos que deberán cumplir las escuelas privadas y universidades que participen del Programa. El Secretario promulgará la reglamentación necesaria para establecer un procedimiento objetivo y equitativo para hacer las adjudicaciones correspondientes.

   Además, la Oficina tendrá los siguientes deberes y facultades:

(a)   Implementar y administrar el Programa.

(b)   Determinar la cantidad de Certificados a emitirse.

(c)   Analizar y hacer recomendaciones para: identificar los fondos para este Programa; determinar la cantidad de dinero de cada certificado a distribuirse a la luz de los fondos disponibles; y la distribución y entrega de los certificados. Dicho certificado no podrá ser mayor del ochenta por ciento (80%) de la totalidad del presupuesto designado para un estudiante.

(d)   Asesorar al Secretario sobre el establecimiento de criterios de evaluación y procesos de otorgación a utilizarse en el Programa a la luz de la política pública expresada en esta Ley.

(e)   Evaluar el Programa por lo menos una vez al año y someter recomendaciones al Secretario sobre el desarrollo del mismo.

(f)   Llevar a cabo cualesquiera otras funciones que le sean asignadas por el Secretario.

 

Artículo 14.02. — Elegibilidad. (3 L.P.R.A. § 9814a)

 

   Serán elegibles para los beneficios del Programa los estudiantes de escuelas públicas o Escuelas Públicas Alianza que soliciten admisión a una escuela privada o estudiantes de escuela privada que soliciten ingreso a una escuela pública y que cumplan con los requisitos que se establecen en esta Ley y mediante reglamento para cada una de las modalidades del Programa. El Programa empezará a regir a partir del segundo grado y sus beneficios se concederán al comienzo de cada año escolar. En total, serán elegibles para dicho programa hasta un tres por ciento (3%) del total de los estudiantes del sistema matriculados cada año escolar.

   Los Certificados para la libre selección de escuelas públicas, tanto por estudiantes del Sistema de Educación Pública como de escuelas privadas, podrán ser solicitados por los padres, madres, tutor o encargados de los estudiantes a las escuelas que formen parte del Programa y que a su vez seleccionen como parte de su ejercicio decisorio independiente.

   El Programa constará de cinco (5) tipos o modalidades:

(a)   libre selección de escuelas públicas por estudiantes de otras escuelas públicas;

(b)   libre selección de escuelas públicas por estudiantes de escuelas privadas;

(c)   acceso a escuelas privadas por estudiantes de escuelas públicas;

(d)   adelanto educativo para estudiantes talentosos que tomen cursos universitarios acreditables tanto para programas universitarios como para programas de escuela secundaria; o

(e)   acceso a escuelas privadas para cumplir con el acomodo razonable para un estudiante de educación especial al cual el Departamento no le ha podido proveer lo necesario para cumplir sus logros académicos según disponen las leyes estatales y federales aplicables.

 

Artículo 14.03. — Procedimiento. (3 L.P.R.A. § 9814b)

 

   La concesión de los Certificados en años subsiguientes a que este se otorgue, estará sujeta a que el estudiante cumpla con los requisitos de aprovechamiento establecidos por la escuela, que en ningún caso podrán ser diferentes a los establecidos para los estudiantes no participantes del Programa y a que cumplan con el requisito de ingreso familiar que se disponga mediante reglamento. Se dispone además que los beneficiarios de los Certificados al menos hayan cursado estudios dos (2) años en cualquier escuela pública.

 

Artículo 14.04. — Estudiantes Talentosos. (3 L.P.R.A. § 9814c)

 

   Los Certificados otorgados a estudiantes talentosos para adelantar sus estudios universitarios se regirán por lo dispuesto en el Artículo anterior, excepto en lo relativo al requisito referente al ingreso familiar.

 

Artículo 14.05. — Programa Piloto. (3 L.P.R.A. § 9814d)

 

   Este Programa se instituye con carácter experimental. El Secretario determinará las áreas en que se ensayará y la forma en que podría ampliarse gradualmente, estableciéndose que será equitativamente entre todas las regiones educativas. Al hacer esas determinaciones, el Secretario ponderará factores como los siguientes: la población estudiantil de las áreas, el número y la capacidad de las escuelas públicas y privadas en las mismas, así como otras variables que promuevan el mejor aprovechamiento de los recursos. Se establece que no se utilizará más del tres por ciento (3%) del equivalente al presupuesto asignado por el Departamento de acuerdo a la fórmula establecida por estudiante para cada año fiscal, es decir, del setenta por ciento (70%) destinado a servicios directos al estudiante.

 

Artículo 14.06. — Reglamentación. (3 L.P.R.A. § 9814e)

 

   Se faculta al Secretario a emitir las órdenes, resoluciones o determinaciones que fueren necesarias para llevar a cabo los propósitos de este Capítulo y a efectuar auditorías fiscales y operacionales, cuando lo estime conveniente para el mejor funcionamiento del Programa. Igualmente, se le faculta para adoptar las reglas y reglamentos necesarios para implementar las disposiciones del mismo, asegurándose de que la reglamentación que adopte no interfiera o menoscabe en forma alguna la autonomía funcional y la libertad académica de las escuelas privadas y que sea conforme a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

 

Artículo 14.07. — Presupuesto del Programa. (3 L.P.R.A. § 9814f)

 

   El Departamento evaluará y recomendará los fondos necesarios para sufragar los gastos de implantación de este Capítulo y se consignarán anualmente en el Presupuesto General de Gastos del Departamento. Para cubrir gastos administrativos del Programa, no podrá utilizarse una cantidad en exceso del dos por ciento (2%) de los fondos asignados al mismo. Los fondos del Programa se distribuirán entre las cinco (5) modalidades del mismo con arreglo a la demanda que cada uno tenga.

   La Oficina del Contralor podrá examinar, revisar, fiscalizar o auditar documentos, papeles o récords de las escuelas y universidades privadas relacionados al Programa y que participen de éste, para constatar que los recursos que les llegan por vía de los Certificados han sido utilizados conforme a lo que pauta este Capítulo.

Artículo 14.08. — Criterios para la Elegibilidad del Programa.